El titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes, ha urgido este lunes al Parlamento a un gran acuerdo por la vivienda, el problema social más grave de Canarias, donde se necesitan 46.000 viviendas públicas sociales en diez años, un objetivo que no se logrará si todos los grupos políticos no tienen claro.

Yanes ha comparecido en comisión parlamentaria para presentar un "Informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social" y ha denunciado que en las islas solo hay un 0,96 por ciento de viviendas públicas sociales, por un 2,5 por ciento en el conjunto de España y un 9,3 por ciento en la Unión Europea.

Canarias es la cuarta comunidad autónoma con el precio de la vivienda más alto, por detrás de Baleares, Madrid y Cataluña.

Pero mientras esas tres comunidades tienen una renta superior a la media nacional, el archipiélago solo alcanza el 65 por ciento de la renta europea y encabeza el índice de pobreza entre las comunidades autónomas, puesto en el que solo supera a la ciudad autónoma de Ceuta, expuso Yanes.

En el precio del alquiler, las cosas no mejoran: en cinco años han aumentado en Canarias en un 50 por ciento y las familias dedican el 40 por ciento de sus ingresos a pagar la renta, cuando la media europea es del 28 por ciento.

Esto lleva a una situación "muy grave", en la que el porcentaje de jóvenes que pueden emanciparse es el más bajo en 25 años, expuso Yanes.

En Canarias se produjo el mayor número de desahucios por impago de alquiler en 2022 y ese año Cáritas atendió a 39.400 personas sin hogar, abundó.

"Estamos ante el mayor problema social de Canarias" porque todas las personas necesitan un hogar y todas tienen derecho a ello, según el artículo 47 de la Constitución, subrayó Yanes.

Por eso "hay que declarar la política de vivienda como urgente y preferente, ponerla en la primera línea del debate político", afirmó.

Pidió a los diputados que, dado que la solución a este problema trasciende a varias legislaturas y cambios de gobierno, es fundamental un gran acuerdo.

Esa sugerencia del Diputado del Común no pareció caer en terreno abonado: aunque los representantes de los grupos reconocieron el alcance del problema, las intervenciones principales se centraron en reprochar la gestión de los otros y en ensalzar la propia.

"Yo no voy a entrar en el debate partidario ni en quién lo hizo mejor o peor, esa no es mi función", les respondió Rafael Yanes.

Pero les recordó que "los países que mejor protegen el derecho a la vivienda son los que han apostado por el alquiler social y por una calificación perpetua del carácter público de esas viviendas".

Por eso defendió que no hay que venderlas después, no ya a fondos buitre, sino a los propios arrendatarios, que incorporan las viviendas construidas con dinero público a su patrimonio y las transmiten a sus herederos, las necesiten o no.

En Canarias se vendieron 20.000 viviendas públicas en los años noventa del siglo XX a sus inquilinos, "pero se olvidaron de construir otras 20.000", denunció el diputado del Común.

El informe extraordinario sobre la vivienda desde una perspectiva social sugiere algunas líneas de actuación condensadas en 39 propuestas, trabajadas con colectivos profesionales y sociales implicados.

Entre esas propuestas está ese "gran pacto de todas las fuerzas políticas", porque es "un problema de largo recorrido" que trasciende legislaturas y gobiernos en una región en la que el 36% de la población, unas 800.000 personas, están en riesgo de exclusión social.

Se necesita hacer la vivienda asequible al sector más amplio posible de la población porque la exclusión está ligada a no tener vivienda, alertó Yanes, quien insistió en que el acceso a la vivienda no implica necesariamente el acceso a la propiedad.

"La experiencia europea nos dice que el camino es el alquiler social" y esa es la grave carencia que tiene Canarias, subrayó.

El diputado del Común señaló que entre las propuestas del informe hay medidas específicas para las mujeres víctimas de violencia de género y para el colectivo con discapacidad.

"Tenemos que construir todas las viviendas accesibles, con baños adaptados y puertas amplias. Todas", enfatizó.

Actualizar el censo de vivienda pública, dada la dispersión de registros, combatir el uso fraudulento de la vivienda pública, dotar de más personal al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), reflexionar sobre si vale la pena separar la gestión en dos entidades públicas (Icavi y Visocan) y actualizar la ley canaria de vivienda de 2003 son algunas de las sugerencias contenidas en el informe.