El Gobierno de Canarias ha informado este lunes de que en las islas hay unas 13.000 familias perceptoras de Renta Canaria de Ciudadanía, que gestiona la Dirección General de Servicios Sociales, mientras que el Ingreso Mínimo Vital lo perciben algo más de 2.000 beneficiarios.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha abogado en un comunicado porque la Renta Canaria de Ciudadanía complemente los ingresos de quienes también perciben el Ingreso Mínimo Vital y, al mismo tiempo, llegue a personas que están en exclusión pero que no cumplen con los requisitos que establece el Ingreso Mínimo Vital.

Según ha destacado, Canarias ha sido la que más aumentó el gasto en rentas mínimas de inserción tras la implantación, por parte del gobierno central, del Ingreso Mínimo Vital.

En concreto, se registró una subida del 126,7%, según datos del último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado a partir de los datos del Ministerio de Derechos Sociales sobre la evolución de la inversión en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) relativa al periodo 2020-2022.

La consejera ha insistido en que hay que seguir trabajando para atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, que son quienes peor lo están pasando.

Y para ello, ha agregado, es clave que el Ingreso Mínimo Vital aumente su alcance y llegue a más personas en las islas.

A su juicio, el objetivo es que la Renta Canaria de Ciudadanía sea complementaria a este ingreso estatal, de forma que se pueda mejorar la cobertura de estas familias.

Se ha referido a una de las opciones que ha planteado recientemente el gobierno central, que es la posibilidad de ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas, y ha dicho que “es una posibilidad, pero siempre y cuando contemos con recursos económicos y personal”.

Según el informe, correspondiente a datos de 2022, el porcentaje del gasto de Canarias en rentas mínimas ascendió en más de un 126%, seguido por las comunidades de Baleares (con un incremento del 87,3%), Cataluña (23,3%) y Comunidad Valenciana (10,81%).

En cuanto a la cuantía, que es el porcentaje que supone el gasto medio por titular en relación con la renta media por hogar en el correspondiente territorio, las comunidades autónomas que otorgaron mayores cuantías fueron Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%).

Por el contrario, las que menos cuantías destinaron fueron Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y Aragón (2,5%).

Además, señala el informe que 13 comunidades autónomas han reducido su gasto en rentas mínimas, hasta más de un 80% en el caso de Madrid y Aragón.

Según indica el citado estudio, la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que en los dos años trascurridos desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros.