La Fiscalía Europea ha anunciado este lunes que ha abierto una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas con empresas de la trama del llamado caso Koldo.

Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados, como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE, según ha informado en un comunicado.

Sobre la base de la información recabada, se ha tomado la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea, precisó la EPPO.

En el caso del Servicio de Salud de las Islas Canarias se efectuaron compras de material sanitario por unos 12 millones de euros, mientras que en el caso del Servicio de Salud de las Islas Baleares fueron 3,7 millones de euros.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.

De manera que siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora.

Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea.

En cada caso, la EPPO evalúa exhaustivamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito bajo su jurisdicción y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación.

Por tanto, si los delitos penales relacionados con los hechos denunciados caen dentro de la competencia de la Fiscalía Europea, ésta debe abrir y llevar a cabo una investigación sin demoras indebidas.