El comité presidido por Ángel Víctor Torres que gestionó la emergencia sanitaria en Canarias en los meses más duros del estado de alarma por la pandemia de Covid fue el que propuso contar como proveedor de material sanitario con Soluciones de Gestión SL, la empresa vinculada al 'caso Koldo'.

Es lo que manifestó el 31 de enero de 2022 la entonces directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), Ana María Pérez Afonso, en un informe remitido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) para un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, un documento que adelantan La Provincia y El Día.

Fuentes cercanas al ministro Torres consultadas por EFE han recordado que el Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria fue un órgano asesor, sin capacidad ejecutiva, y precisan que no tenía la potestad de seleccionar ofertas ni de adjudicar contratos, algo que dependía de los servicios técnicos del departamento concernido, en este caso la Consejería de Sanidad y el SCS.

En marzo y abril de 2020, el Gobierno de Canarias adjudicó por el procedimiento de emergencia a Soluciones de Gestión SL el suministro de material sanitario (mascarillas FFP2, básicamente) por valor de 12,3 millones, en encargos realizados a través de tres contratos.

En un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del 'caso Koldo' ya se apuntaba de que, en Canarias, la decisión de contar con esa empresa había partido del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria, órgano en el que estaban el presidente y el vicepresidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez.

De él también formaban parte los consejeros de Sanidad (sucesivamente Teresa Cruz, Julio Pérez y Blas Trujillo), Administraciones Públicas (Julio Pérez) y Transportes (Sebastián Franquis), además del director del SCS (sucesivamente Blanca Méndez, Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínquez).

La Agencia Tributaria hacía esa afirmación apoyándose -así figura en su escrito- en que "Canarias informó" de que fue así como ocurrió. La Provincia y El Día desvelan quién lo comunicó: la directora económica del SCS al rendir cuentas ante la Oficina Antifraude.

"En el Gobierno de Canarias se creó un Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria ante la crisis generada por el coronavirus covid-19 (al) que, entre otras funciones, se le asignó la búsqueda de proveedores que pudieran suministrar de forma urgente material sanitario de protección para el personal de los centros sanitarios en particular y de toda la población en general. El proveedor Soluciones de Gestión SL fue una propuesta de ese comité", indica Pérez Afonso.

El entorno de Torres sostiene que no fue así, que las propuestas llevaban por varias vías al Gobierno de Canarias y al Comité de Gestión, pero que este órgano ni seleccionaba ni adjudicaba. Eso, añade, correspondía a los órganos de contratación de la Consejería de Sanidad y, más en particular, del Servicio Canario de la Salud.

Ana María Pérez Afonso no formaba parte de ese Comité de Gestión de la Emergencia, pero sí estaba a las órdenes directas de los distintos directores que tuvo el SCS en la pandemia. Los dos que más tiempo desempeñaron ese cargo fueron Antonio Olivera, actual jefe de gabinete de Torres en el Ministerio de Política Territorial, y Conrado Domínguez, que dimitió de su cargo el 3 de noviembre de 2022 al verse imputado en el primer 'caso Mascarillas' de Canarias.

En esa causa, que ahora tramita la Fiscalía Europea, Domínguez está acusado de prevaricación y tráfico de influencias, por su participación en una compra de mascarillas por la que el SCS pagó cuatro millones de euros por adelantado a una empresa hasta entonces dedicada al importación de coches, RR7, que nunca entregó el material, a pesar de que, incluso, se le dio una segunda oportunidad.

En esa causa también está imputada Ana María Pérez Afonso, que ya no desempeña cargo alguno en el SCS, porque su firma aparece, junto con la de Conrado Domínguez, en los expedientes donde la sanidad pública explica por qué dio una segunda oportunidad a RR7, en lugar de resolver el contrato y exigir la devolución de todo lo pagado por adelantado, cuando esta empresa trató de introducir mascarillas falsificadas en Canarias, que fueron requisadas por Aduanas.

También el 'caso Koldo', Domínguez validó una incidencia en una partida de mascarillas suministrada por Soluciones de Gestión SL que no cumplían el estándar contratado (FFP2): en lugar de resolver el contrato, se aceptó comprarlas a un tercio del precio inicial como mascarillas quirúrgicas (tras acreditar que eran FFP1).