La Fiscalía Anticorrupción propuso al juez el 8 de noviembre de 2022 detener al exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez por su implicación en el primer 'caso Mascarillas', para acceder a su móvil y sus correos electrónicos y al temer que podía destruir pruebas si no se anticipaban.

Según revela este viernes Canarias 7, el fiscal Javier Ródenas, delegado de Anticorrupción en Las Palmas, hizo esa propuesta al juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García García-Sotoca, cinco días después de Domínguez presentase su dimisión, cuando la causa estaba ya bajo secreto de sumario.

En las primeras indagaciones realizadas por el juzgado que dirigía el 'caso Mascarillas' hasta que lo reclamó la Fiscalía Europea, a Conrado Domínguez se le adjudica un papel relevante en la secuencia de hechos que llevó a que, en pleno estado de alarma, la empresa RR7 presuntamente estafara cuatro millones de euros a la sanidad canaria, un dinero que a día de hoy sigue sin haberse recuperado.

A esa empresa, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros.

La sanidad nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas. A pesar de ese incidente, el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó a que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó.

Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias, aunque la Fiscalía también apuntaba indicios de una posible malversación de fondos públicos.

En su informe de noviembre 2022, que se conoce ahora al levantarse el secreto de las investigaciones por parte de la Fiscalía Europea, el fiscal Ródenas trató de convencer al juez, sin éxito, de que era preciso detener a Conrado Domínguez y acceder a su correspondencia electrónica y a sus comunicaciones por mensajes de teléfono móvil con otros de los implicados, como Rayco Rubén González, Samuel Machín y la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.