Ha pasado más de un mes desde las movilizaciones ciudadanas contra el turismo masivo en Canarias del 20 de abril y ninguna de sus reivindicaciones ha sido atendida a corto plazo.

Pero, a cambio, las instituciones y formaciones políticas se han sumergido en informes estudios, comisiones y grupos de trabajo, todo con vistas a una hoja de ruta de cambio para 30 años, según anuncian.

"Las cosas tienen que cambiar", reconoció Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, tras unas manifestaciones históricas en cuanto a participación (al menos 100.000 personas) que obligaron a las fuerzas políticas de este y del anterior mandato a tomar aire para flotar entre las contradicciones que arrastran los discursos públicos cuando se contraponen con la acción de gobierno.

En las protestas subyacía un malestar general con el deterioro en los derechos básicos y en los servicios públicos, en el medio ambiente o en la calidad de vida.

Pero también había reivindicaciones explícitas: Una ecotasa por pernoctaciones, un cambio profundo en el modelo turístico que empiece por la conservación de los espacios naturales, una moratoria turística y del alquiler vacacional o la regulación de la compra de vivienda por extranjeros.

También había dos demandas de aplicación inmediata, muy simbólicas para los activistas a la hora de medir el grado de sinceridad política hacia los cambios, porque supondrían la paralización de dos proyectos en Tenerife que asocian al desarrollismo turístico que se quiere superar: un hotel en la playa de La Tejita y una urbanización de lujo en Adeje, Cuna del Alma.

Lo que no ha cambiado desde las manifestaciones son las cifras económicas crecientes y por ahora imparables.

Así, la economía canaria bate récords de visitantes y de ingresos mes tras mes, de manera que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que suele realizar exhaustivos estudios sobre la coyuntura económica, constata que las cosas van "francamente bien".

Y pese a ello se mantiene un malestar social palpable: el precio de los alquileres también bate récords, cada vez hay menos viviendas disponibles para los residentes y más para los turistas, precios que pocos se pueden permitir, trabajadores que viven en vehículos, sueldos entre los más bajos de España que no permiten cubrir necesidades básicas, servicios públicos tensionados, gentrificación de los núcleos urbanos, masificación de los espacios naturales o colapsos de tráfico.

De tal manera que en este mes largo desde las manifestaciones, el debate turístico y sus derivadas sobre la carestía y escasez de viviendas sigue protagonizando la vida política.

No a la ecotasa

Los grupos que apoyan al gobierno (CC, PP, ASG y AHI), con el apoyo adicional de Vox, han rechazado en este periodo hasta en tres ocasiones las propuestas de la oposición de PSOE y Nueva Canarias para introducir una ecotasa o tributo por pernoctación turística a los no residentes, aunque no siempre muestran la misma firmeza en su rechazo.

Así, mientras el PP se mantiene en su posición tradicional de rechazo de la ecotasa, Coalición Canaria ha manifestado en diversas ocasiones su disposición a hablar del asunto.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha planteado como alternativa incrementar el tipo del IGIC a las pernoctaciones, de momento sin haber conseguido sumar adhesiones.

En el Cabildo de Tenerife, la isla que con una movilización más potente a favor de otro modelo turístico, también rechazó la ecotasa con los votos de CC y PP, aunque de momento es la única institución, junto con el Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), que ha avanzado en alguna medida palpable tras las manifestaciones.

El Cabildo tinerfeño implantará una tasa finalista para cobrar por visitar los espacios naturales y protegidos de la isla, aunque su implementación, que podría ser en 2025, está en fase de estudio y análisis. Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán, gobernado por CC, se propone ser el primer municipio de las islas en dotarse de una ecotasa que grave las pernoctaciones hoteleras.

En el caso de los bajos salarios en el sector turístico, el presidente de Canarias ha planteado otra idea para favorecer aumentos por encima de lo previsto en los convenios colectivos, que consistiría en bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas que estén dispuestas.

Sin moratoria al alquiler vacacional

Otro de los asuntos demandados, la moratoria a la proliferación de las viviendas vacacionales a costa de la reducción de la oferta de los alquileres residenciales, con la consiguiente subida de precios, es también un asunto pendiente.

El Gobierno sigue adelante con su propósito de regular por ley el alquiler vacacional, pero en unos plazos que podrían alargarse hasta fin de año, mientras aumentan las inscripciones en el registro para ejercer esta actividad.

Ante la demanda de una moratoria en las inscripciones en tanto se aprueba la nueva ley, Fernando Clavijo se remite a que es una competencia municipal.

La adopción de medidas para favorecer la salida de las viviendas vacías al mercado del alquiler residencial es también un asunto pendiente, como lo es la demanda de los manifestantes del 20 de abril para que se restringiera la compra de viviendas a extranjeros, un asunto que se limita al debate electoral para el Parlamento Europeo, sin que haya certezas sobre si podrá concretarse, dada la legislación comunitaria vigente.

Una moratoria en las plazas turísticas tampoco aparece en la agenda de momento, y entre tanto el Gobierno de Canarias ha autorizado un nuevo complejo de mil camas en Fuerteventura.

El modelo desarrollista

Las manifestaciones en todas las islas del 20 de abril se gestaron a partir de la convocatoria inicial en Tenerife, en donde muchos se movilizaron contra dos proyectos turísticos concretos considerados como característicos del modelo desarrollista de turismo masivo que degrada las costas y los espacios naturales.

Para examinar la sincera voluntad de cambio de la clase política, los grupos ecologistas plantearon la paralización inmediata de los dos proyectos: un hotel en la playa de La Tejita, posiblemente la mejor playa natural de la isla, situada en el municipio de Granadilla, y un complejo de viviendas de lujo en el puertito de Adeje.

Tanto en el municipio de Granadilla como en el de Adeje gobierna el PSOE y es en las distintas respuestas que da el mismo partido donde queda reflejada la contradicción que puede suponer a la clase política abordar un cambio de modelo turístico.

El PSOE, desde el Gobierno de Canarias, dio algunos pasos para parar o al menos demorar estos proyectos, pero ambos se han reanudado en esta legislatura.

En Adeje, feudo político del PSOE, uno de los principales núcleos turísticos de Canarias, el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, presidente del Partido Socialista en Canarias, no se plantea de ninguna manera comprar los terrenos ni paralizar el proyecto de Cuna del Alma, que además considera muy positivo y ejemplar.

En cambio, su homóloga en Granadilla, Jennifer Miranda, sí está por paralizar el hotel en la playa de La Tejita a partir de una propuesta para que el Gobierno de Canarias comprara los terrenos, como se planteó en la anterior legislatura. Pero el actual Ejecutivo no va a asumir ese coste, de manera que el proyecto sigue adelante.

En Granadilla hay otro proyecto en el que se refleja también esa contradicción en que vive la clase política: el PSOE del Cabildo de Tenerife, que por una parte se mueve para implantar una ecotasa por pernoctación, como reclamaban los manifestantes, quiere a la vez gastar 56 millones de euros de dinero público para construir un circuito del motor en ese municipio, contra el que luchan los colectivos ciudadanos del 20 de abril.

Grupos de estudio

A falta de resultados palpables de las manifestaciones del 20 de abril, la principal respuesta institucional ha derivado en la convocatoria de grupos de estudio cuyas primeras propuestas se esperan para el otoño, a tiempo para que aquellas medidas que requieran financiación pudieran incluirse en los presupuestos autonómicos de 2025.

El principal foro hacia el que se han remitido las respuestas es la Conferencia de Presidentes, que reúne al presidente de Canarias y a los titulares de los siete cabildos insulares.

Allí se ha resuelto la creación de cinco grupos de trabajo entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos para abordar la Canarias de los próximos treinta años, de acuerdo con la retórica oficial.

Una estrategia para abordar el reto demográfico, gestionar el territorio, facilitar viviendas en el mercado residencial, mejorar la formación y la calidad del empleo en el sector turístico, proteger y ordenar los espacios naturales o fijar la población en municipios de menos de 10.000 habitantes.