Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el primer trimestre de 2024 aumentaron un 2,4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023, en contra de la tendencia nacional, que en el pasado invierno fue de disminución de casos (por primera vez desde la pandemia). Si en el invierno del año pasado los juzgados de las Islas habían registrado 2.507 denuncias por violencia machista, en el de este año el número fue 2.566 (59 más), según datos difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de mujeres víctimas de la violencia de género en Canarias también se incrementó entre enero y marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2022. Pasó de 2.507 a 2.511, cuatro más, un aumento porcentual del 0,2 por ciento.

De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el primer  trimestre de este año una tasa de 22,1 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la quinta más alta del Estado después de Navarra (30,1), Baleares (27,3), Murcia (24) y  la Comunidad Valenciana (22,3).

La media nacional fue de 17,5 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, 4,6 puntos por debajo de la ratio canaria.

El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 2.511 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 1.880 fueron españolas (siete de ellas menores de edad) y 631 extranjeras. 342 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 4,3 por ciento más que en el primer  trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 328 féminas.

Durante el invierno pasado, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 681 sentencias condenatorias (un 3,3 por ciento menos que en el primer trimestre de 2023), 35 sentencias absolutorias (un 5,4 por ciento menos que en el año anterior), 166 autos de sobreseimiento libre (+34,5%) y 848 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (-10,7 por ciento). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95,1 por ciento (+0,1 por ciento) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 84,1 por ciento (un 5,3 por ciento menos que en el año anterior).

En lo que alude a personas enjuiciadas, el invierno pasado fueron 716 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 5,7 por ciento menos que en el primer trimestre de 2023), siendo condenadas el 95,1 por ciento (un 0,1 por ciento más que en 2023). 493 fueron ciudadanos españoles y 188 extranjeros.

En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 451 peticiones, un 13,3 por ciento más que en el de 2023. De ellas, los juzgados inadmitieron 11, adoptaron 340 (un 10,4 por ciento más que en 2023) y denegaron 100 (+11,1).

El estudio del Observatorio ofrece por cuarto  año datos desglosados por islas. Entre enero  y marzo de 2024, en Fuerteventura se registraron 154 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.326; en Lanzarote, 123; en El Hierro, siete; en La Gomera, 15; en La Palma 60, y en Tenerife, 1,145. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos. 

Datos nacionales

En lo que se refiere a los datos del ámbito nacional, el número de denuncias y de víctimas de la violencia de género en el primer trimestre del año en toda España ha disminuido con respecto al mismo periodo de 2023, en lo que supone el primer descenso desde la crisis sanitaria causada por el Covid. Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron 45.899 denuncias presentadas por 43.580 víctimas, datos que son un 1,17 por ciento y un 3,28 por ciento más bajos que hace un año, respectivamente. Un leve descenso pese al que el número diario de mujeres víctimas en los primeros 91 días del año ascendió a 479 y el de denuncias, a 504.  

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos hoy los datos trimestrales, que muestran un descenso del 16,44 por ciento de las mujeres víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de prestar declaración y unas cifras de órdenes de protección que apenas han variado respecto al primer trimestre de 2023: se han acordado un 1,8 por ciento menos. En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 15.479, de las que el 79,94 por ciento fueron condenatorias.

El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2024, se adoptaron 1.014 medidas de este tipo, un 2,5 por ciento más que hace un año.

Durante el primer trimestre de este año, los juzgados españoles recibieron un total de 45.899 denuncias, un 1,17 por ciento menos que en el mismo periodo de 2023, en el que se registraron 46.443. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 43.580, un 3,28 por ciento menos que hace un año, cuando se contabilizaron 45.060. El 65,16 por ciento de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 122.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 15,5 en toda España, 0,9 puntos más baja que en el primer trimestre de 2023. Por encima de la media nacional se situaron Navarra, 30,1; Baleares, con 27,3; Murcia, con 24; Comunidad valenciana, con 22,3; Canarias, con 22,1; Andalucía, con 19,9; y Madrid, con 17,9. Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en La Rioja, con 10,6; Castilla y León, con 12; Galicia, con 12,2; Castilla-La Mancha, con 13,4; Extremadura, con 13,5; País Vasco y Cataluña, con 13,8; Aragón, con 14,3; Asturias, con 14,9 y Cantabria, con 17.

La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, sigue manteniéndose constante. Dos de cada tres denuncias (33.132, el 72,19 por ciento) fueron presentadas por la víctima, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por terceras personas: los familiares presentaron 808 denuncias (1,76 por ciento del total); por parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, 3.319 (el 7,23 por ciento) y por servicios de asistencia y terceros, 1.221 (2,66 por ciento). Por último, las denuncias por intervención directa de la policía, 7.419 en total, que representan el 16,16 por ciento del total. 

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se redujo en torno a un punto porcentual con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 4.014 mujeres víctimas, el 9,21 % del total. De ellas, 2.287 eran españolas y 1.721 tenían otras nacionalidades.

Más de ocho mil órdenes de protección acordadas

La disminución del número de denuncias y de víctimas apenas se ha visto reflejada en las órdenes de protección. Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 11.783 órdenes de protección, un uno por ciento más que hace un año. De ellas, 9.907 (84 por ciento) fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.876 (16 por ciento) por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección acordadas sumaron en total 8.038, un 1,8 por ciento menos que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron una media de siete de cada diez (68,21 por ciento) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.597, el 66,5 por ciento de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.441, el 76,8 por ciento de las solicitudes registradas.

En el 46,2 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer o al juzgado de guardia. Dos de cada tres mujeres (6.522, el 65,8 por ciento) que solicitaron protección eran españolas y un 2,7 por ciento del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.

Medidas judiciales penales y civiles de protección

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 14.378 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). De ellas, 11.212 (78 por ciento) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 3.166 (22 por ciento), como medidas cautelares.

En el ámbito penal, las más medidas frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.657), que representaron el 67,26 por ciento del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (5.591), un 66,35 por ciento del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.711 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. De ellas, 4.445 (94 por ciento) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y 266 (seis por ciento), como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.529), que representaron el 21,8 por ciento del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas, y la suspensión del régimen de visitas (1.014), el 14,52 por ciento del total de órdenes de protección y medidas civiles adoptadas. Otras medidas civiles adoptadas fueron la atribución de la vivienda (984) y la suspensión de la guardia y custodia (537). Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 17 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 82 casos suspendieron la patria potestad.

Un 3,98% más sentencias que hace un año

Los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 15.479 sentencias, un 3,98 por ciento más que en el mismo periodo de 2023. El 79,94 por ciento de esas resoluciones (12.374) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 3.105 sentencias, el 20,06 por ciento.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,36 por ciento, y en las audiencias provinciales, con el 83,87 por ciento del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 70,40 por ciento de los casos enjuiciados.

Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre enero y marzo de este año un total de 1.962 juicios sobre delitos leves, un 3,6 por ciento más que en el mismo trimestre de 2023. De ellos, 835 (el 43 por ciento) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en el trimestre, un tercio (35 por ciento) fueron injurias y el 47 por ciento, vejaciones injustas.

Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 61.702 asuntos penales, siendo el 63,3 por ciento de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal.

El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 7.047, un 9,4 por ciento más que en el primer trimestre de 2023.

Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advierte de que hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17 por ciento) y víctimas (de un 3,28 por ciento) responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística.

Añade, en este sentido, que no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia; y podría tratarse también de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas.

Ángeles Carmona destaca que, pese a la reducción de las denuncias, los asuntos civiles (relativos a los procesos de separación) que ingresan en los juzgados de violencia sobre la mujer han aumentado un 9,4 por ciento con respecto al año anterior. Un dato significativo en la medida en que es un hecho comprobado que el simple anuncio de la voluntad de separarse del maltratador es uno de los principales factores de riesgo para la vida de la víctima y también para la de sus hijos e hijas. Por su parte, la disminución de los procedimientos penales apenas ha alcanzado el uno por ciento.