El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, advirtió hoy que “Canarias necesita 3.981 millones de euros para poner al día sus infraestructuras hidráulicas”, y reclamó el compromiso del Estado para asumir su financiación, tras el incumplimiento del anterior convenio de obras hidráulicas acordado en 2018 y que nunca se llegó a ejecutar.

Según explicó Miranda ante el pleno del Parlamento de Canarias, la actualización de los planes hidrológicos y de gestión de riesgo de inundación del período 2022-2027, desbloqueada por el Gobierno autonómico, recoge un total de 1.525 actuaciones en las siete demarcaciones hidrográficas, cuyo costo rondaría los cuatro mil millones de euros, “una cifra inasumible en solitario por las administraciones canarias”.

“Ahora sabemos por fin cuál es la verdadera situación, tenemos un diagnóstico real del estado de la gestión del agua en Canarias y conocemos las medidas precisas que ha diseñado cada consejo insular, lo que nos permite establecer prioridades y coordinar esfuerzos para sacar adelante las inversiones, pero no podremos hacerlo si el Estado no cumple con Canarias” explicó Manuel Miranda.

Durante su comparecencia en la Cámara autonómica sobre la negociación de un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado, Miranda ha recordado que el último acuerdo que se firmó en este sentido fue el protocolo en diciembre de 2018 que comprendía 915 millones en 186 obras declaradas de interés general y nunca llegó a materializarse.

Las necesidades en infraestructuras hidráulicas no han dejado de aumentar en los últimos años, “por falta de planificación y por la inexistencia de una financiación estable por parte del Estado”, aseguró Miranda, para quien resulta urgente la firma de un nuevo convenio, tal y como se recoge en la agenda canaria firmada en Madrid.

En este sentido, Manuel Miranda recordó que los dos primeros encuentros mantenidos en el Ministerio de Transición Ecológica para reactivar el convenio de obras hidráulicas del Estado fueron “decepcionantes”, a pesar de lo cual el Gobierno de Canarias seguirá insistiendo en la necesidad de alcanzar un acuerdo.

Según el consejero, el criterio de que los convenios no pueden ser soportados por una sola administración “va en contra de la normativa de aguas autonómica y estatal, aunque estamos dispuestos a asumir de manera proporcional una parte de esa financiación”.

Además, explicó Miranda, que frente a la excusa de que Canarias no tenía al día su planificación, el Gobierno de Canarias y los cabildos “hemos hecho los deberes que no se hicieron en la anterior legislatura, y hemos tramitado en un año los cinco planes hidrológicos pendientes”.

Miranda denunció, así mismo, que la negociación del Estado en los últimos años en Canarias ha ido en contra de la legislación en materia de aguas, “tanto del Estatuto de Autonomía como de las leyes de Aguas de Canarias y del Estado que dejan bien claro que es el Gobierno autonómico el encargado de señalar las obras de interés general y el Gobierno de España el obligado a su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado mediante convenio”.