Koldo García, asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro, contactó varias veces en 2020 con el entonces presidente de Canarias, Ángel Victor Torres (PSOE), para conseguir que esta comunidad autónoma comprara test de coronavirus a una de las empresas vinculadas a la trama.

Es lo que afirma en su último informe sobre el caso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que está convencida de que "Koldo abrió las puertas de un nuevo negocio a (otro de los imputados, Víctor) Aldama y sus socios" en aquellos momentos en los que España salía del primer confinamiento por el Covid.

En este caso, el negocio se tradujo en la adjudicación al laboratorio Eurofins Megalab de tres contratos por un importe total de 5,36 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias en diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, fechas en las que la comunidad autónoma implantó un sistema de control sanitario a los viajeros que llegaban a las islas mediante pruebas PCR de Covid.

En su informe al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, la UCO relata cómo Koldo García, Víctor Aldama y sus socios gestaron ese nuevo negocio de los test, aprovechando la misma red de contactos que ya les había permitido vender mascarillas meses antes a los Gobiernos de Canarias y Baleares, entre otras administraciones.

La pieza central de esas gestiones era siempre Koldo García, según la Guardia Civil, que subraya que este solía mencionar con frecuencia a sus interlocutores que "el ministro" estaba al tanto, dando a entender que aquello que pedía o negociaba contaba con el apoyo de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la parte inicial de la pandemia, hasta su destitución en julio de 2021.

Fue el caso de Canarias. La UCO incluye en su informe varios mensajes de WhatsApp de Koldo García al móvil de Torres (tanto de texto, como de audio) en los que se aprecia como el asesor había mediado para que las empresas de la trama cobraran del Gobierno canario cinco millones de euros que este les adeudaba.

No se menciona en el informe a qué corresponde esa deuda, pero en la causa del 'caso Koldo' hay constancia documental de que el Gobierno de Canarias adjudicó a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas tres contratos de suministros a los hospitales públicos de las islas por un valor total de 12 millones de euros.

El más importante de ellos fue el primero, de 6,87 millones de euros, si bien de ese valor se descontaron luego 4,78 millones de euros, porque los hospitales de Canarias detectaron que las mascarillas servidas no eran de la calidad comprometida (FFP2), por lo que al final se le pagaron con una rebaja del 66%, al precio de simples mascarillas quirúrgicas, que también se necesitaban.

El Servicio Canario de Salud dio por bueno ese acuerdo el 3 de noviembre y para proceder al pago de las cantidades pendientes, fijó varias cautelas.

Desde agosto, Koldo estuvo hablando con Víctor Aldama del "pago pendiente" del Gobierno de Canarias a Soluciones de Gestión y, según la UCO, fue en ese contexto donde el empresario sugirió al asesor introducirse en el negocio de los test. "En eso está", le respondió el asesor de Ábalos, sin precisar a quién se refería.

En esa misma conversación, García también le explicó a Aldama que Torres le había dicho que quería hablar de ese tema, a lo que el empresario repuso: "Es muy importante y nos debe una grandísima".

"Ambas alusiones a su intermediación con comunidades autónomas evidencian cómo Koldo trataría de allanar el camino, a través de otros funcionarios públicos, para que la sociedad vinculada a Aldama resultara adjudicataria de contratos para la realización de test de detección del virus", concluyen los agentes de la UCO.