La consejera de Turismo del Gobierno canario, Jéssica de León (PP), ha pedido este jueves "disciplina urbanística" a los ayuntamientos canarios para ordenar la vivienda vacacional con los mecanismos que ofrece la nueva ley de vivienda turística.

De León ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias tras entregar de manera simbólica a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, el texto de la ley que regulará la vivienda turística en Canarias y que ahora deberá tramitarse en la Cámara y someterse a las posibles modificaciones del resto de grupos.

Así, ha defendido que la ley ofrece herramientas a los ayuntamientos y cabildos para planificar adecuadamente el uso de la vivienda vacacional sin necesidad de modificar el plan general de ordenación, que es un trámite mucho más complejo.

"El Ayuntamiento de Granadilla, con una ordenanza de folio y medio, ha dejado muy claro qué es lo que quiere en su término municipal", ha ejemplificado la consejera, que ha insistido en que esa disciplina urbanística "juega un papel fundamental".

"De nada sirve tener un planeamiento si no se analizan las compatibilidades de los usos con la ordenanza y si no se cumplen sus propias normas. Es lo que ocurre con Las Palmas de Gran Canaria", ha criticado.

En opinión de la consejera, a la situación de Canarias respecto a la vivienda turística y la ordenación del sector se ha llegado "con moratorias y sin planificar", por lo que se han visto en la "responsabilidad" de introducir mecanismos correctores para que la ley pueda ser asumida por todos los actores implicados.

Preguntada por si le preocupaba que el anuncio de la ley hubiese supuesto un aumento de las inscripciones de viviendas para uso turístico, de León ha negado que el aumento sea considerable y ha advertido a quienes hacen las declaraciones responsables para darse de alta en el registro que no se les va a consolidar el derecho de explotación si no cumplen los requisitos o si no ejercen la actividad al cabo de un año.

En cuanto a los métodos de control de las declaraciones responsables, de León ha hecho referencia a la necesidad de "entender los ámbitos competenciales" y ha señalado que la Comunidad Autónoma tiene la competencia de la inspección y cuenta con 35 inspectores para ello, si bien se puede hacer uso de entidades como el colegio de registradores o herramientas como el acuerdo con plataformas de reservas, como Booking, para cruzar los datos del registro con los de los anuncios y "sacar toda la oferta ilegal de las plataformas".

"Los cabildos tienen encomendadas las revisiones de las declaraciones responsables y tendrán que verificar que se cumplen. Los ayuntamientos tienen herramientas como las oficinas de urbanismo y la policía local y autonómica, que tiene competencias en zonas turísticas. Hace falta una labor de coordinación de todos los estamentos con competencia en la materia para que el conjunto de la actividad de la industria turística esté controlada", ha ahondado.

Acuerdo con las plataformas

Sobre si el acuerdo con Booking se iba a ampliar a otras plataformas más centradas en vivienda vacacional como Airbnb, de León ha aseverado que trabajan en ello y que "agradece" el cambio de postura de Airbnb respecto a la ley, pues la introducción del reglamento de plataformas digitales en la Unión Europea "está permitiendo un diálogo mejor y más fluido con las plataformas".

Asimismo, De León ha recordado la función social de la vivienda y ha apuntado que, por ello, se establece una obligación de que las viviendas tengan esa función durante sus primeros diez años para satisfacer las necesidades de los canarios "que tienen derecho a tener vivienda digna, asequible y adecuada".

"La ley responde al interés general pero también al interés turístico que sin duda tiene la vivienda vacacional, que supone el 39 % de la oferta alojativa y que es una modalidad que ha venido para quedarse y que el Gobierno de Canarias apoya, pero que necesita una norma que regule y equilibre el sector y obedezca el mandato ciudadano de equilibrar la industria turística con el bienestar del residente", ha resumido.

La consejera de Turismo ha dicho que la realidad de los 88 municipios es distinta y también de cada isla, de modo que la ley "ofrece la posibilidad de diseñar 88 estrategias distintas a imagen y semejanza de los municipios, teniendo como eje vertebrador el interés general de los 2,2 millones de canarios".

Respecto a las aportaciones de los grupos parlamentarios, la consejera ha lamentado que, tras solicitarles una reunión para presentarles la ley y escuchar sus propuestas, no recibieron respuesta. "Seguro que se trata de un error", ha apostillado.

También ha lamentado la relación con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), con quien ha dicho que es "difícil" tener una relación de lealtad tras algunos episodios en los que, según la consejera, Ascav ha filtrado a los medios algunas cosas o enviado notas de prensa con el contenido de reuniones mientras esas reuniones estaban en curso, algo que "impide un diálogo fluido".