La Audiencia de Cuentas de Canarias considera que existe una posible responsabilidad contable de carácter administrativo en el Gobierno autonómico por la devolución de 46 millones de euros a las compañías eléctricas por haber tramitado mal las multas generadas por apagones, anuladas en los tribunales.

Esta responsabilidad se menciona en la fiscalización realizada a la cuenta general de la Comunidad Autónoma, presentada en comisión parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco.

El informe refleja además el incumplimiento de la regla de gasto y un empeoramiento en términos relativos en la ejecución de las inversiones y de los fondos europeos con respecto al año precedente.

En cuanto a la mala tramitación de las multas de los apagones totales registrados en La Palma y Tenerife, el Gobierno de Canarias tuvo que devolver a Red Eléctrica y a Endesa 46,3 millones, de los que 42,8 millones correspondían a las sanciones aplicadas y 3,4 millones a los intereses de demora.

El informe detalla que la Comunidad Autónoma comunicó los expedientes sancionadores fuera de plazo, pese a lo cual siguió adelante con la tramitación de las multas, por lo que fueron anuladas por la Justicia, y después no pudo reabrir el procedimiento porque los ceros eléctricos ya habían prescrito.

A pesar de que el coste para la Comunidad Autónoma de esta mala tramitación es "una cantidad bastante seria", las responsabilidades son meramente administrativas, según ha interpretado Pedro Pacheco en la comisión parlamentaria.

En el informe se refleja también que el Gobierno debe agilizar la recuperación de subvenciones que ha otorgado y que no han sido justificadas por los perceptores, para evitar que prescriban.

Según la información del Gobierno de Canarias, se han dictado resoluciones de reintegro en materia de subvenciones por importe de 14,8 millones de euros, pero están en riesgo de no recuperarse 110 millones de euros, la mayor parte por ayudas directas concedidas durante la covid a autónomos y empresas.

En el ámbito de la responsabilidad contable, Pacheco informó de que el expediente por los cuatro millones de euros perdidos por la compra infructuosa de mascarillas con motivo de la covid fue archivado de forma definitiva al no haberse solicitado por ninguna de las partes su continuación durante un plazo de dos años.

El presidente de la Audiencia de Cuentas hizo mención a la disminución del porcentaje de ejecución de inversiones y fondos europeos: "Si suben los fondos, hay que elevar los medios de gestión", dijo.

Según expuso Pacheco, la ejecución global de los proyectos financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea alcanzó el 22,24 por ciento en 2024, frente al 37,73 por ciento registrado en 2023.

En cuanto al capítulo 6 del presupuesto, el que incluye las inversiones, el grado de ejecución presupuestaria por parte del Gobierno de Canarias se situó en el 52,35 por ciento de los fondos disponibles, por debajo del 58,53 por ciento alcanzado el año anterior.

Con respecto a la regla de gasto, el informe refleja que el Gobierno de Canarias incumplió el objetivo fijado en cuanto a la variación del gasto computable, que fue del 7,6 por ciento cuando el límite era del 2,6 por ciento, lo cual obliga a la Comunidad Autónoma a formular un plan económico-financiero y someterse a medidas correctivas automáticas.

También señala el informe que en 2024 se registró un superávit presupuestario de 144 millones de euros, el 0,25 por ciento del PIB regional, cuando el objetivo era de un equilibrio estricto, mientras que la deuda pública cerró el ejercicio en 5.069 millones de euros.

Por parte de los grupos parlamentarios, el representante del PSOE, Manuel Hernández Cerezo, denunció la escasa capacidad de gestión, de planificación y de supervisión del Gobierno de Canarias, que queda reflejada en la baja ejecución de las inversiones y de los fondos europeos, y en el hecho de que terminara el año con 1.284 millones de euros sin gastar.

José Miguel Barragán, de CC, destacó que se ha producido una mejora en los resultados, la liquidez y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma, aunque es necesario avanzar en materia de control, ejecución y planificación, problemas estructurales que hay que corregir.

El diputado del PP Fernando Enseñat subrayó que el dinero ejecutado ascendió a 7.520 millones de euros, lo que supone 995 millones más que en 2022, el último ejercicio completo de la anterior legislatura, lo que refleja los avances del actual Ejecutivo.

En cambio, para Esther González, de Nueva Canarias, el informe supone un "muy deficiente" para la gestión del Gobierno, que dispuso de más recursos y obtuvo peores resultados en ejecución del gasto, a la vez que incumplió la regla de gasto por un importe de 445 millones de euros que deberá compensar mediante ajustes presupuestarios.