Drago Canarias ha presentado dos acciones jurídicas y electorales ante los comicios generales del próximo 29 de noviembre: un recurso contencioso-electoral contra el uso de las siglas UPC por la coalición Unidad del Pueblo Canario y una impugnación ante la Junta Electoral Central (JEC) para reclamar espacios gratuitos de propaganda y cobertura informativa en los medios públicos.

La formación registró ambas iniciativas este jueves 6 de noviembre y sostiene que la denominación Unidad del Pueblo Canario (UPC), utilizada por la coalición integrada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar, puede "inducir a confusión al electorado" y supone, a su juicio, una apropiación de siglas históricas y registradas.

El recurso contencioso-electoral ha sido presentado ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife al amparo del artículo 49.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Drago Canarias cuestiona la proclamación de la candidatura y vincula las siglas UPC tanto con la coalición electoral Unión del Pueblo Canario, que obtuvo representación en las Cortes Generales y la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979, como con el partido Movimiento UPC, inscrito en el Registro de Partidos.

La organización sostiene que el uso de esa denominación vulnera el artículo 46.4 de la LOREG y aclara que su recurso no pretende excluir a los candidatos de la coalición.

Su petición se dirige a que se active el trámite de subsanación contemplado en el artículo 47.2 de la LOREG para que la candidatura modifique su denominación o retire las siglas "UPC" del instrumento de votación.

Drago Canarias afirma que con ello pretende garantizar "el derecho de la ciudadanía a emitir un voto libre e informado sin distorsiones".

Reclamación por los espacios electorales

La segunda iniciativa consiste en un recurso de reconsideración contra el Acuerdo 322/2026 de la Junta Electoral Central, que, según Drago, atribuye los derechos electorales derivados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 sin reconocer los correspondientes a esta formación.

Drago Canarias sostiene que en aquellos comicios obtuvo 107.999 votos en el Archipiélago, equivalentes al 10,55 % de los sufragios válidos, concurriendo dentro de la coalición Sumar y encabezando la candidatura al Congreso por Santa Cruz de Tenerife.

La organización añade que la cláusula octava del pacto constitutivo registrado ante la Junta Electoral Central le otorgaba "de manera explícita un 20 % de representación territorial".

Por ello, rechaza que los derechos acumulados en 2023 sean atribuidos a una nueva confluencia electoral que, según expone, está formada por partidos distintos a los que concurrieron entonces en la misma configuración.

Drago Canarias reclama, al amparo de los artículos 64 y 66 de la LOREG y de la Instrucción 4/2011 de la JEC, la asignación de 30 minutos de propaganda electoral gratuita en Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española.

También solicita su integración en la Comisión de Radio y Televisión encargada de supervisar el periodo electoral y su inclusión en los planes de cobertura, entrevistas y debates.

La formación cita asimismo las sentencias 8/2024 y 18/2024 del Tribunal Constitucional relativas a su dirigente Alberto Rodríguez como argumento adicional para sostener su reclamación.

Drago Canarias enmarca ambas actuaciones en una cuestión de "pluralidad democrática" y considera que no se debe permitir "que se distorsione la decisión del electorado en las urnas mediante la apropiación de siglas históricas y registradas", ni que se le excluya de los medios públicos.

"Acudimos a la justicia y a los órganos electorales para garantizar, en primer lugar, los legítimos derechos de la trayectoria del soberanismo canario, y en segundo lugar, para exigir el juego limpio y defender los derechos de los más de 100.000 canarios y canarias que respaldaron las candidaturas de las que formamos parte como organización política en las Elecciones Generales de 2023", concluye la formación.