El ministro ha valorado que el contrato con Soluciones de Gestión lograra repartir más de cinco millones de mascarillas a sanitarios y a la población
Ángel Víctor Torres afirma que "jamás" ordenó contratar con ninguna empresa en la pandemia
El ministro ha valorado que el contrato con Soluciones de Gestión lograra repartir más de cinco millones de mascarillas a sanitarios y a la población
El ministro de Política Territorial y expresidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que "jamás" ordenó contratar con ninguna empresa concreta durante la pandemia y que los 5 millones de mascarillas que se gestionaron con Soluciones de Gestión fue decidida por los técnicos.
Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión Koldo del Congreso, que investiga los contratos de material sanitarios realizados por las administraciones públicas y sobre todo el contrato con Soluciones de Gestión, empresa supuestamente implicada en una trama de corrupción y vinculada a Koldo García, exasesor del que fuera ministro José Luis Ábalos.
"Jamás ordené que se contratara con una empresa o no se contratara con otra. Con Soluciones de Gestión la propuesta llegó en abril de 2020 y se trasladó a los servicios técnicos que son los que proponen su adquisición", ha incidido.
"A mí no me llamó el señor García ni el señor Ábalos" ha insistido en varias ocasiones al tiempo que ha reconocido que conocía a Koldo como asesor del ministro y que su relación con él era de carácter institucional porque formaba parte de la estructura del Ministerio de Transportes.
Ángel Víctor Torres ha valorado que el contrato con Soluciones de Gestión lograra repartir más de cinco millones de mascarillas a sanitarios y a la población, se pagaran de forma posterior y más baratas que en otras comunidades; a un precio de 2,5 euros por mascarilla.
En cuanto al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que aparecen conversaciones entre varios empresarios implicados en la trama Koldo, como Ignacio Díaz Tapias, y que relacionan al entonces presidente de Canarias con la comercialización de test de antígenos y pruebas PCR, Ángel Víctor Torres ha dicho que "no tiene conocimiento" de esa persona.
"No tengo constancia de conocer a ese señor, puedo recibir centenares y miles de llamadas pero en ningún caso con este señor ni con otro para contratar con ninguna empresa", ha reiterado.
Tras reconocer que serán los tribunales los que detecten si hubo acciones punibles con respecto al contrato de Soluciones de Gestión, el ministro de Política Territorial ha señalado que la gestión que hizo su comunidad fue "ejemplar" desde el primer momento, "en una situación lamentablemente difícil" en la que se gestionaron 1.000 contratos con un importe total de 124 millones de euros.
"Teníamos que buscar material como fuera", ha dicho tras explicar que el gobierno canario se reunía periódicamente con cabildos y patronales y se tomaban decisiones "escuchando a todos los grupos políticos" pero "nunca jamás se habló de empresas ni de contrataciones".
El ministro ha dicho que como presidente autonómico no sabía de los contratos y se ocupaba solo de intentar conseguir el material preciso. Era el servicio de recursos económicos el que hacía las contrataciones, ha señalado Torres tras recalcar "que lo que hubiera sido una temeridad es decir no a un pedido de millones de mascarillas que podían llegar en unos días y salvar vidas".
Por otra parte ha señalado que no recuerda haber hablado con el gobierno balear sobre el contrato de Soluciones de Gestión, con quien también contrató el Ejecutivo que entonces presidía Francina Armengol.
También se ha desvinculado del contrato del denominado 'Caso Mascarillas' que investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia por el cual el Servicio Canario de la Salud abonó cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió de la sociedad RR7.
Un caso por el que dimitió el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y que según Torres se enteró por la prensa.
Ha explicado que en 2022 se incoó el embargo pertinente y que sigue el expediente pendiente de integro.
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