“En Lanzarote, todos los días hay seis desahucios, aunque no todos llegan hasta nosotros”, cuenta Francisco Santana, que es presidente de Ahinor, una organización que nació en el Norte de Gran Canaria en 2010 como Plataforma de afectados por la hipoteca, ante “la necesidad imperiosa de una parte de la población, esquilmada por los poderes económicos, abandonada por los poderes gubernamentales y desasistida de justicia en sus más básicas necesidades constitucionales”.

La situación ha ido cambiando, pero no ha mejorado sustancialmente. Ahinor se ha extendido a todo el Archipiélago y este pasado mes de febrero llevó a cabo unas jornadas informativas sobre vivienda en el Archivo Municipal de Arrecife.

“Para alguien que tenga 40 años y que haya sido desahuciado una vez, los estudios dicen que no será la única y que, a lo largo de su vida, podrá ser desahuciado entre cinco o seis veces, lo que equivale a pasar por esa angustia todas esas veces”. Así explica Santana la complejidad del problema de la vivienda, que no se ha superado.

Dice que Lanzarote es la Isla donde más problemas de indefensión se han encontrado. “Las administraciones no dan visibilidad a los medios que hay para defenderse, me da mucha pena ver familias enteras que viven en infraviviendas, pagando 500 euros clandestinamente y que, si denuncian, les echan a la calle”, asegura.

Los servicios de Ahinor van desde el asesoramiento hasta la defensa jurídica ante los tribunales. Tienen convenios con las universidades para contratar a letrados que puedan hacer prácticas y no solo actúan en desahucios, sino también en la exigencia de una vivienda digna, cláusulas hipotecarias abusivas, comisiones, etcétera. En estos 12 años el problema ha variado, aunque Santana señala que está “a la par en desahucios por alquiler y por hipotecas”.

Respecto a las hipotecas, dice que Europa les está dando la razón. Las entidades financieras demandan al cliente si faltan varias letras y los tribunales ya han validado que el banco, en el primer tramo del préstamo, no puede presentar una ejecución hipotecaria, pero que lo están haciendo igualmente: “No se entiende que, en una hipoteca de 40 años, alguien deje de pagar tres o cuatro letras y se ejecute”.

Santana asegura que la nueva legislación de vivienda se queda muy coja. Por ejemplo, van a llegar 70.000 bonos sociales a jóvenes de 25 años para ayuda al alquiler, y un requisito es que estén trabajando cuando hay una tasa de paro en jóvenes del 65 por ciento. También señala que en Canarias las zonas tensionadas son todas, porque esa tensión cada vez se desplaza más del centro de las ciudades.

Y apunta otro grave problema: las empresas antiokupas. “Estamos trabajando con abogados penalistas y aún no hay sentencias contrarias en Canarias, pero ya estamos en ello porque vulneran los derechos humanos”.

Ahinor es firmante del Plan de vivienda que se alarga hasta 2025, pero creen que no se ajusta a la realidad: en un año en Canarias hay unos 2.500 desahucios, “cuando menos se desahucia”, y solo se van a construir en cinco años 5.270 viviendas. “Es una entelequia”.

Dice Santana que hay cientos de viviendas vacías y que hay que empezar multando a los grandes tenedores de vivienda, “que son los grandes deudores de las comunidades y de las administraciones locales, como bancos y fondos buitres, así que las consecuencias las pagamos todos”, y si no, pasar a la expropiación.

“No puede haber 165.000 viviendas vacías y gente viviendo en bancos y en farolas”, asegura. Dice que el Gobierno no puede comprar muchas de las casas de los bancos “porque no son suyas, están titulizadas, son de fondos de titularización”. “En mi hipoteca tengo 1.200 acreedores, tienen esas cargas, los bancos las sacan fuera de sus balances”, explica.

Recientemente, el Parlamento Europeo premió uno de sus proyectos, que pretende facilitar viviendas asequibles, sacar al mercado casas vacías a cambio de ventajas fiscales con la finalidad de facilitar esos alquileres económicos.

Legislación parca

Aránzazu González es una de las abogadas de Ahinor: “Ayudamos a personas vulnerables en mala situación económica frente a abusos bancarios, trabajamos de intermediarios entre servicios sociales y los Juzgados para impedir desahucios y que nadie se quede sin vivienda”, señala.

Explica que Ahinor tiene un protocolo y deriva, o no, al Colegio de Abogados y que trabaja sin ánimo de lucro. Dice que la legislación sobre vivienda es “muy parca” en cuanto a los desahucios, que “tiene poco recorrido” y que está en contra de la normativa de la Unión Europea.

Destaca una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice, en términos coloquiales, que la normativa europea antidesahucios “deja mucho que desear en España”.

Para González, hay que evitar los lanzamientos que se realizan de manera brusca, inhumana “que dejan a la gente desamparada o en la calle. A veces se paran algunos de forma milagrosa, porque, en realidad, la normativa ayuda a poder echar a la gente y depende de la sensibilidad de cada Juzgado”.

Las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual están paralizadas hasta mayo de 2024, pero aun así hay que enfrentarse a ellas y es “una pelea diaria” con los informes de vulnerabilidad de los ayuntamientos.

“En Lanzarote, especialmente, nos damos contra un muro, nos vemos impotentes en ese sentido porque a veces no emiten informes favorables”, señala la letrada, que apunta que hay muchos trabajadores con contratos temporales y precarios que pueden cobrar 1.200 euros, pero que el mes siguiente se pueden quedar en la calle y que no se les está considerando como vulnerables ni se les está ayudando desde Servicios Sociales a encontrar una vivienda.

Señala que se encuentran con muchos casos de este tipo y que, aunque se suspendan los lanzamientos, es muy difícil encontrar otra vivienda por la escasez del mercado. Tan solo se gana tiempo.

González afirma que antes se pagaba por la vivienda un 20 por ciento del salario y ahora “es vergonzoso que se lleve más de la mitad. Si pagas 700 euros por una casa y cobras 1.000 pues no te queda nada, el precio de la vivienda está disparado y esto tiene que cambiar, se tiene que proteger de verdad el derecho a la vivienda”, apunta y pide que se construyan más viviendas de protección oficial.