-En los últimos días han salido algunos datos preocupantes sobre la evolución económica de Canarias: las Islas pierden renta por habitante respecto a la evolución de la media española y europea. ¿Esto por qué ocurre y cómo se revierte?

-Ocurre porque el Estado no cumple con el Régimen Económico y Fiscal (REF). Cuando discutimos en los Presupuestos del Estado si se cumple o no con Canarias hablamos precisamente de eso, y de sus consecuencias. Como las Islas no han sido tratadas adecuadamente desde, al menos, el año 1999, resulta que cada vez estamos más lejos de la media, de hecho vamos en el proceso contrario en la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. Eso se traduce luego en las cifras de pobreza, desempleo, pensiones no contributivas, etc. Lo deseable sería situarnos en el 90 por ciento de la media europea, y ahora estamos en el 77 por ciento y bajando. Hay que revertir esa tendencia, porque es preocupante.

-¿La respuesta tiene que ver solo con medidas adoptadas por el Gobierno central o hay alguna lectura interna que hacer?

-Por supuesto, hay lecturas que hacer. Este proceso negativo arranca con la crisis financiera y hay sectores, como la construcción, que no han recuperado la dimensión ni el empleo que tuvieron antes de 2008. Estamos en manos de la inversión pública y el empleo, a la espera de que otros sectores, como el industrial, consigan elevar su peso en nuestro PIB. ¿Qué necesitamos? Subir la productividad, tenemos que hacer un esfuerzo en ese campo, tanto en el sector público como en el privado, porque con mejor productividad al final los salarios suben. Necesitamos elevar la inversión pública, sobre todo la del Estado, acercándonos a la media española, o sea, a lo que nos corresponde como canarios. Cuando hay 700 millones de euros en los Presupuestos del Estado de 2023 y ese dinero no llega a Canarias, pues claro que se nota.

-¿Cuánto dinero del Presupuesto estatal de 2023 no ha sido transferido por el Gobierno central a Canarias? Porque hay un baile de cifras importante al respecto...

-Las cifras están clarísimas: unos 700 millones de euros. Está la compensación del precio del transporte, que incide directamente en la inflación y hay que evaluarla respecto al coste efectivo de todo el año en un contexto en el que los fletes se han encarecido. ¿Cuánto ha llegado a Canarias de esa partida? Nada, cero, con la incertidumbre resultante para las empresas afectadas. Faltan 50 millones de políticas migratorias, 42 millones del Plan de Empleo, 30 millones para la lucha contra la pobreza, universidades públicas, investigación...

-¿Canarias necesita una especie de ‘Plan Renove’ en algunas de sus infraestructuras críticas? Porque hay titulares permanentes sobre la situación del sistema eléctrico en su conjunto. Y en cuanto a las infraestructuras hidráulicas, hay ejemplos, como el de Fuerteventura, que son sangrantes.

-En 2018 teníamos claro el plan, con dos líneas que nos preocupaban mucho: las infraestructuras educativas y las hidráulicas. Por un lado, si no tienes buenos colegios no tienes futuro ni podrás dar una educación adecuada a tu sociedad. Y en cuanto al convenio de obras hidráulicas con el Estado, tenía que ver con la desalación, la depuración y la eficiencia en la red de transporte. En aquel momento elaboramos un plan de inversiones para 10 años, con 40 millones del Estado para cada uno de estos dos capítulos, complementados por la misma cantidad a cargo del Gobierno de Canarias. En una década, eran casi 900 millones de inversión en cada uno de estos dos apartados. ¿Qué ocurrió? Que llegó la moción de censura y el Gobierno de España con Pedro Sánchez dejó de transferir el dinero, no quiso saber nada y así estamos seis años después, con 500 millones de menos. Eso se nota, y por ejemplo en la red hidráulica de Fuerteventura se nota mucho.

“Volvemos al compromiso de que la espera para operarse no pase de 100 días”

-Y la renovación de las instalaciones eléctricas, ¿quién la tiene que pagar?

-El Estado autoriza, las empresas eléctricas invierten y finalmente de nuevo el Estado remunera ese esfuerzo a través de los mecanismos del sistema eléctrico. En 2013, y eso sí lo hizo un Gobierno del PP, les quitaron a las comunidades autónomas las competencias para regular el sector, y nos encontramos ahora mismo con que Endesa no tiene capacidad para acometer la renovación de unos equipos totalmente obsoletos. El riesgo de tener ceros energéticos es real en todas las islas.

-¿Cómo le explicaría a un vecino de Lanzarote un apagón en toda la isla si se produce?

-No se lo puedes explicar, porque lo que ocurre no es razonable y porque un apagón generalizado afecta a la vida cotidiana, a las empresas, al agua, a las telecomunicaciones. Y lo peor de todo es que sabemos que puede ocurrir.

-¿Y eso se arregla en cuánto tiempo?

-Si hay voluntad real de arreglarlo, en dos años. Lo primero sería instalar equipos provisionales que puedan suplir las carencias actuales en caso de avería en el sistema. En cuanto al concurso para acometer todas las inversiones necesarias, no tardará menos de cinco o seis años. Pero en ambos casos es urgente comenzar ya a trabajar.

-Tampoco se pueden resolver a corto plazo las listas de espera en la sanidad pública de Canarias. ¿Qué compromiso ofrece usted para acelerar las consultas y las intervenciones quirúrgicas?

-Volvemos al compromiso que adquirimos en 2015: que la espera para una intervención quirúrgica no pase de los 100 días de media, y que el tiempo medio para las especialidades esté por debajo de 30 días. Es lo razonable y a lo que aspiramos. Y añado que casi lo conseguimos en el año 2019, con el consejero Baltar, cuando la lista de espera bajó un 30 por ciento.

“Cuando no llegan 700 millones de los Presupuestos del Estado, claro que se nota”

-Con el mismo presupuesto que hay ahora...

-Con menos. El actual es superior en 1.200 millones de euros, y ha ofrecido un resultado mucho peor. Eso es lo que no tiene sentido: con 1.200 millones más, e incluyo los 500 millones de desviación en el Presupuesto, la lista de espera para una operación se ha ido a más de 150 días. No puedes gastar tanto dinero más que hace cuatro años para obtener unos resultados mucho peores, eso es inaceptable.

 -¿El personal sanitario se va a mantener o se van a producir recortes y despidos?

-La voluntad es dar estabilidad. Pero habrá que revisar algunas cosas. ¿Cuáles? Cosas que hizo el anterior Gobierno porque se acercaban las elecciones, como incrementar los refuerzos y el gasto en horas extra. Vamos a vincular los recursos económicos a la obtención del resultado, porque queremos incrementar la productividad del trabajador público, no se trata de pagar más por hacer lo mismo, sino de pagar más para que haya un retorno a la ciudadanía. Es nuestra obligación como gestores públicos, y eso es lo que marca la diferencia entre gestionar o no. En mi gobierno de la legislatura 2015- 2019 había un consejero [José Manuel Baltar] que sabía gestionar, y ese es el encargo que tiene ahora la consejera de Sanidad [Esther Monzón] con todo su equipo. Ningún trabajador es feliz haciendo su trabajo peor, y menos un sanitario. Pero teníamos un Gobierno que solo se preocupaba de gastar más, no de gestionar mejor.

-Hay un debate permanente en la sociedad canaria sobre la eficiencia del servicio público y de sus trabajadores. Usted es el jefe de personal de la comunidad autónoma. ¿Cómo ve la situación?

-Veo que hay cosas que no han funcionado. El teletrabajo, por ejemplo, ha fallado porque no ha sido regulado adecuadamente. Al ciudadano no se le coge el teléfono cuando llama, no se puede conectar con la Administración, no hay planificación... El sector público en los últimos años se ha convertido en una máquina ineficiente, y eso es una muy mala noticia para quienes creemos en el sector público. Los gestores públicos tenemos la obligación de lograr que el ciudadano sea atendido. El teletrabajo es un derecho cuando se puede medir y cuando el rendimiento es el mismo o superior, y nosotros vamos a meter mano ahí, y lo haremos porque es nuestra obligación. Yo estoy encantado de que la gente teletrabaje, y si somos más eficientes porque además reducimos tráfico en las carreteras, pues mucho mejor, pero eso hay que medirlo y ver los resultados. Si usted es un técnico de la comunidad autónoma, en un día de oficina informa cinco proyectos y cuando trabaja desde casa informa tres, entonces le haremos venir a la oficina.

“Lo deseable sería situarnos en el 90% de la media europea en renta por habitante”

-¿Vaticina usted una legislatura conflictiva con los empleados públicos y los sindicatos que los representan?

-No tiene por qué. Nosotros venimos a gobernar y a tomar decisiones, lo dije en mi discurso de investidura. Los sindicatos tienen que velar por los derechos y las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y yo tengo que velar por eso y además por que los ciudadanos reciban unos servicios públicos de calidad. Y creo que ambos son objetivos perfectamente compatibles.

-Hay un debate reciente sobre el absentismo laboral, tanto en la Administración como en el sector privado. ¿Ustedes lo tienen medido?

-No le podría decir ahora mismo, pero el absentismo se ha incrementado en todos los sectores. Tenemos que analizar eso, cuáles son las razones y dónde están las ineficiencias, que no siempre están en el trabajo sino, pongo un ejemplo, en las carencias que podemos sufrir en los servicios de rehabilitación. Son cositas que tenemos que mirar, y estoy seguro de que los sindicatos nos van a ayudar, porque son de sentido común.

-El sector privado más dinámico en Canarias es el turismo. ¿Corre el Archipiélago el riesgo de sufrir una situación de saturación en el número de visitantes para un territorio limitado como el nuestro?

-Claramente no. Ese es un debate absurdo que sale siempre antes de las elecciones. La capacidad de carga turística viene definida por los planes insulares, que definen un número de camas turísticas y unos límites que no pueden ser superados. Los problemas que estamos teniendo no están relacionados con el volumen, sino con fenómenos nuevos como el alquiler vacacional, que quitan camas de uso residencial para convertirlas en turísticas, con incidencia en el precio elevado de los alquileres que tenemos en algunas islas. Pero la carga del sector turístico está planificada y consume el dos por ciento del suelo de Canarias para generar el 37 por ciento de nuestro PIB.

“Vamos a legislar sobre el alquiler vacacional; ahora hay reglas mínimas”

-La consejera Jessica de León ha lanzado algunos mensajes sobre la necesidad de regular el alquiler vacacional mediante una normativa con rango de ley. ¿Usted apoya ese mensaje?

-Sí, claro, hay que regularlo, obviamente. Ahora mismo no hay un límite, porque la poca regulación que hay es a través de un decreto con condiciones mínimas. Tampoco ningún plan territorial de ninguna isla pone límite alguno a las dimensiones del alquiler vacacional, cosa que sí ocurre con las camas hoteleras, que están tasadas.

-¿Comparte usted el criterio de la consejera De León sobre la conveniencia de cobrar por los servicios que se reciben al visitar un espacio natural protegido? Ella, que es majorera, puso el ejemplo del islote de Lobos.

-Dejemos claro para empezar que en ningún caso se trataría de introducir un nuevo impuesto, sino en todo caso de una tasa que se pagaría por la utilización de un dominio público. Eso de hecho ya existe en la Islas Canarias, tú ahora vas a las Montañas del Fuego en Lanzarote y pagas. Lo que dice la consejera de Turismo es muy sensato: eso es decisión de los cabildos insulares y su aplicación tiene que ser finalista, lo que se ingresa por estas figuras se tiene que reutilizar en el mantenimiento y la mejora del destino al que está vinculada esa tasa. Ahora bien, ¿poner un impuesto más para el sector turístico? Con eso no estamos de acuerdo y no lo vamos a hacer.

“Iremos a los tribunales para defender que Canarias pueda decidir sobre su litoral”

-¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para defender la posición de los hoteles de la cadena RIU en Corralejo?

-Hasta los tribunales de Justicia. Creemos que hay un conflicto claro de competencias y nos ampara el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. El Gobierno anterior hizo deprisa y corriendo la transferencia de las competencias de Costas para poder decir que hicieron algo, porque no las desarrollaron en absoluto, pero tenemos claro que por el Estatuto de Autonomía tenemos capacidad plena para tomar decisiones sobre el litoral.

 -¿Cómo valora el rechazo que genera en Fuerteventura la instalación de molinos eólicos para producir electricidad, tanto en colectivos ciudadanos como en el propio grupo de gobierno del Cabildo?

-Es evidente que los aerogeneradores producen un impacto ambiental y visual, al igual que los huertos solares, y está igual de claro que no tiene sentido instalar molinos que luego no tienen conexión con la red eléctrica. No por tener más molinos se es más ecológico ni eficiente, sino que su instalación tiene que formar parte de una estrategia.

“No por tener más molinos se es más ecológico, tiene que formar parte de una estrategia”

-¿Su gobierno está dispuesto a financiar la construcción del nuevo Palacio de Congresos de la isla de Lanzarote, proyectado en Arrecife?

-El Palacio no fue construido en la legislatura en la que fui presidente porque no estaba disponible la parcela, porque el dinero estuvo en los presupuestos durante los cuatro años. Si se resuelve lo de la parcela, claro que lo afrontaremos.