-El nuevo grupo de gobierno se encontró con unos presupuestos que, aunque los apoyó, fueron elaborados por el anterior equipo al frente del Cabildo de Fuerteventura. ¿Cuánto de lo que se puso sobre el papel a principios de este año se ha podido materializar? ¿Está satisfecha con el grado de ejecución?

-Pocos consejeros de Economía pueden estar satisfechos con el grado de ejecución, a no ser que se llegue al cien por cien y aquí no llegamos al 50 por ciento, aunque espero llegar a esa cifra, sabiendo que el presupuesto se aprobó en febrero, pero no se comenzó a ejecutar hasta abril. Ahora mismo tenemos ejecutados y abonados 67,5 millones de euros de un presupuesto inicial de 138 millones, aunque hemos hecho 42 modificaciones para ir ajustando las cuentas y ejecutar las partidas que deseábamos.

-En un momento de crisis económica aún latente se mira hacia el Cabildo, por un lado, con la esperanza de que el capítulo de inversión sea vigoroso para que permita generar empleo y, por otro, por la capacidad de subvencionar a pymes y autónomos. ¿Qué balance hace de estos meses en los que ha sido responsable de Hacienda?

-Desde que llegamos en marzo, la parte que más nos preocupaba era la económica. En el capítulo de ayudas, no existía una convocatoria formal de subvenciones porque el año anterior se otorgaron, pero de forma excepcional. Había que crear esas bases y remitirlas al Gobierno de Canarias para compatibilizar nuestras ayudas con las suyas. Hasta mayo no pudimos aprobarlas en pleno y sacar la convocatoria, prácticamente a principios de agosto. Alargamos el periodo de presentación de solicitudes todo agosto e incluso a septiembre y ahora es cuando estamos entregando las primeras resoluciones. Abonamos ya la primera fase, tras cerrar la convocatoria el 14 de septiembre. Hemos entregado 1,7 millones de euros a unos 300 beneficiarios. Ahora vamos a sacar otra remesa de ayudas para 400 beneficiarios, por casi dos millones de euros, con lo que se habrán resuelto subvenciones por valor de 3,7 millones de euros y nos quedarían todavía por revisar las solicitudes de otros 800 empresarios y autónomos.

-¿Están viendo algún ejemplo de picaresca, como solicitantes que no cumplan con los requisitos porque realmente no necesitan de esta subvención, pero retuercen de tal modo la solicitud que pueda entrar en la convocatoria de ayudas?

-Esa es la diferencia ahora. Nosotros tenemos claro que es dinero público y queremos que llegue a quien peor lo ha pasado. Las ayudas se están entregando a quien realmente lo necesita. De ahí la importancia de establecer una convocatoria con bases, algo que en el anterior ejercicio no había. Se le dio a quien lo pidió. Lo mismo pasaba con la contratación por parte del anterior gobierno, que aprovechó el estado de alarma para contratar sin cumplir los procedimientos administrativos que nosotros sí necesitamos. Aun así, en ocho meses hemos sacado a licitación, en el capítulo de inversiones, proyectos como la Ciudad Deportiva de Antigua o el Estadio de Corralejo, y tenemos en licitación algo que nos preocupa bastante: el sellado de la celda número dos del Complejo Ambiental de Zurita.

-Ahora que se están tramitando los presupuestos del Gobierno central y del autonómico, ¿se están portando con Fuerteventura?

-El Gobierno central no cumple con el Régimen Económico y Fiscal, es decir, no cumple con el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. No está recogido algo tan importante como el Plan de infraestructuras educativas. En infraestructuras hidráulicas, me gustaría saber si está cumpliendo con algo tan necesario para nuestra isla. Y todos sabemos la guerra que tuvimos con la fiscalidad de las producciones de cine... Si nos referimos al Gobierno de Canarias, vemos lo mismo: infraestructuras que estaban pendientes para ejecutar este mandato y de las que no han movido nada, como el IES La Lajita. Las obras del colegio de El Castillo acaban de empezar, cuando estaban aprobadas desde 2019 y faltarían las obras de ampliación de El Cotillo, que son tan necesarias, y las del centro de Tarajalejo, y el Centro Integrado de Formación Profesional del sur. Asimismo, el colegio Francisco Navarro Artiles requiere inversión y el Centro Integrado de Formación Profesional de Puerto del Rosario debe ampliarse porque está creciendo la demanda en formación profesional.

-¿Qué obras tiene pendientes de ejecución el Gobierno autonómico en materia sanitaria en Fuerteventura?

-Si nos vamos al ámbito sanitario, todavía es peor. No se refleja en el presupuesto el Centro de Atención de Especialidades (CAE) del sur, que debe ser el núcleo de un futuro hospital, ni tampoco el consultorio de El Castillo, ni el segundo centro de salud de Corralejo, planificado desde 2019, al igual que la Unidad de Hemodinámica. Y si hablamos de la reivindicación histórica del búnker de radioterapia, recordemos que está terminado, pero habrá que ver cuándo se pone en marcha y en qué condiciones.

-En lo que atañe al Cabildo majorero, ¿están encontrando reticencias por ser de un color distinto al del Gobierno autonómico? ¿Han notado algún bloqueo?

-Lo hemos notado en todos los sentidos, por ejemplo, durante todo el tiempo que estuvimos en nivel tres de alerta sanitaria. A Tenerife le hicieron medidas excepcionales para no subirla a nivel cuatro y a nosotros nos tuvieron desde julio hasta hace poco en nivel tres y ahora nos están volviendo a subir. Si la preocupación son las camas UCI, ¿por qué no se ha preocupado el Gobierno de Canarias de ampliar esta dotación de Fuerteventura? Estas medidas afectan a la ciudadanía y a los negocios. También nos ponen trabas en materia de carreteras. Nos piden las certificaciones de año a año desde 2015 para pagarnos los ocho millones de euros que nos deben por el mantenimiento de las vías transferidas.

-En el área de Medio Ambiente, ¿en qué situación se encuentran instrumentos de ordenación y gestión como el del Parque Natural de Lobos, donde existe un debate de fondo sobre la capacidad de cargas?

-Tenemos una serie de instrumentos de ordenación prácticamente listos para sacar a licitación y que se elaboren. En el caso de Lobos, en la actualidad la capacidad de carga se mantiene en 200 personas por día. Habría que realizar una revisión para saber si podemos llegar a los 750 visitantes.

-En ocasiones, surgen visiones enfrentadas sobre el uso de espacios naturales, como quienes consideran que es posible celebrar competiciones automovilísticas, y sectores que las rechazan de plano. ¿Se pueden conciliar estas sensibilidades en Fuerteventura?

-Estamos trabajando en ello. Fuerteventura tiene varias pistas de tierra y hay que mirar por dónde pueden desarrollarse estas pruebas. Hemos aprobado unas ordenanzas para que sea por donde circulan buggies y quads, pero siempre deberán pasar primero por una evaluación ambiental. Hay que ser conscientes de que, si una prueba pasa por un espacio de la Red Natura, tiene que ir al órgano ambiental, que es independiente del área de Medio Ambiente. Para hacer una evaluación ambiental se necesitan dos meses y por ello hay que hacer una buena planificación. No es que estemos en contra de las pruebas. Se puede compaginar el deporte con la protección de la naturaleza. La Isla tiene muchas zonas que no están protegidas.

“Trabajamos en favor del autoconsumo y las comunidades energéticas”

-En cuanto a la plantilla de agentes de Medio Ambiente y a su capacidad de vigilancia, ¿están ustedes satisfechos con los recursos disponibles o es un servicio con déficits?

-Nos encontramos con carencias. Solo contamos con siete agentes de Medio Ambiente y un jefe de Comarca para una isla tan extensa, con numerosos espacios naturales. Es complicado con siete personas recorrer desde Lobos a Cofete. La Consejería también está trabajando en la concienciación ciudadana. Aunque se aumente la plantilla, no podemos tener a un agente de Medio Ambiente o del Seprona vigilando constantemente a una población de 120.000 personas, más los turistas. Lo más importante es concienciarse del tesoro que tenemos en la Isla y saber que los turistas que nos visitan lo hacen por nuestro patrimonio natural, y tenemos que cuidarlo. Es cierto que los propios agentes de Medio Ambiente estiman necesaria una dotación de 20 funcionarios, para contar con presencia en Lobos, Betancuria, Cofete o Jandía. Es un objetivo tratar de aumentar la plantilla.

-Con respecto a la gestión del litoral, en las Dunas de Corralejo existen dos conflictos abiertos entre RIU y el Ministerio de Transición Ecológica, que ha planteado la revisión de oficio de las concesiones de dominio público por supuestas irregularidades de la cadena hotelera. Por un lado, está la situación laboral de las plantillas que se verían afectadas y, por otro, el aspecto medioambiental por lo que supuso construir en un espacio como las Dunas. ¿Cómo se ponderan esas dos realidades?

-Nosotros siempre hemos dicho que vamos a luchar por los puestos de trabajo, que en este caso son lo más importante. Lo primero que tienen que hacer ambas partes, empresa y Gobierno central, es sentarse y ver las opciones, algo que ni siquiera el Ministerio ha hecho. Le hemos dicho a la ministra Teresa Ribera que venga a Fuerteventura y conozca la realidad, que no decidan desde un despacho de Madrid. Durante las elecciones, se comprometieron, incluso con el actual presidente del Gobierno de Canarias, a resolver el problema. Los políticos no podemos decir una cosa en campaña electoral y los cuatro años siguientes hacer otra cosa totalmente diferente, engañando a 400 trabajadores y a sus familias. No han sido realmente sinceros con lo que puede pasar. No podemos permitir que la cadena se vaya a otra isla u otro país con la situación económica que atravesamos.

-La instalación desordenada de los parques eólicos y fotovoltaicos ha provocado malestar entre la población porque se han ubicado aerogeneradores al lado de viviendas. ¿Cree que a corto plazo, con la Ordenanza insular de energía y el Plan Territorial de infraestructuras energéticas que están tramitando, se va a parar la dispersión actual?

-No nos engañemos. Hace poco, el Gobierno autonómico, con la suspensión cautelar vigente que decretó el Cabildo, se la saltó y autorizó tres plantas fotovoltaicas. Nosotros llevamos a cabo la suspensión cautelar para elaborar una ordenación porque se están implantando molinos sin tener en cuenta el impacto en las poblaciones y en el medio ambiente. No son energías limpias si no se cuida nuestro territorio. Ya hay empresas del sector que han recurrido la suspensión cautelar y sabemos perfectamente a quiénes nos estamos enfrentando. La pregunta es: ¿por qué el PSOE, Podemos y Nueva Canarias, en el mes de junio, pedían en el Cabildo la suspensión cautelar de autorizaciones y, cuando realmente la hemos podido hacer efectiva, se abstienen? Deben decir a qué le tienen miedo. El Gobierno autonómico dice que tiene en cuenta a los cabildos, pero es mentira. Hay que preguntarse qué le ha supuesto a Fuerteventura la instalación desordenada de parques eólicos, además del impacto paisajístico. ¿A quién le interesa eso, además de a las multinacionales? Nuestra apuesta es por el autoconsumo y por la creación de comunidades energéticas ciudadanas.