-¿La justicia en Canarias se ha recuperado ya del parón del confinamiento y de los efectos de la pandemia?

-Evidentemente, nos afectó mucho porque estuvimos parados varios meses. Se ha ralentizado todo, ha habido muchas suspensiones y dificultades para determinadas actuaciones, pero en lo que va de año se ha ido normalizando, nos hemos ido adaptando. Y, excepto en la restricción de aforos en las vistas, ya estamos muy cerca de la plena normalización en actividad y rendimiento.

-Existe la sensación de que hay una Administración de Justicia de primera y otra de segunda. En las islas no capitalinas se tiene la percepción de que se reciben servicios de segunda.

-Es verdad. Y además eso se ve agravado cuando, aparte de la doble insularidad o lejanía, hay circunstancias, como en el caso de Fuerteventura, en donde se da una gran movilidad de funcionarios o atasco considerable. La doble insularidad se ve agravada por la forma en que se encuentran estos Juzgados, que deja mucho que desear. Hay que reconocerlo. Para solucionar un problema, primero hay que identificarlo y reconocerlo, y somos conscientes plenamente de que las cifras de actividad, las tasas que se dan, para el ciudadano, no son las correctas, y tenemos que pelear para que sea igual en todos los sitios, que [la justicia] sea homologable en cualquier punto del territorio canario. Ese es el objetivo que debemos exigir también como ciudadanos.

-El Colegio de Abogados de Lanzarote pide un Juzgado de Menores y también se habla de la posibilidad de instalar uno de lo Contencioso Administrativo.

-Estamos informando de esas peticiones. Son dos temas diferentes: el de Menores también lo pide la Junta de Jueces de Arrecife y, al margen de los números, es un aspecto fundamental tener una respuesta sensible y prioritaria en lo que respecta a la atención de menores. Ahora esos menores son atendidos desde los Juzgados de Gran Canaria, con problemas de comunicación, de traslados e incluso la inexistencia de equipos psicosociales. Esto se traduce en que en ocasiones ni siquiera la atención debida se produce dentro del horario normal de los Juzgados de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, que no es de guardia permanente, y a veces tienen que ser atendidos por el Juzgado de Instrucción y desaparece así la atención por un órgano especializado. De ahí que la petición de un Juzgado de Menores con sede en Arrecife, que quizá podría dar cobertura a Puerto del Rosario, tiene todo el sentido del mundo, aunque todos sabemos que las prioridades son muchas, pero tiene pleno sentido.

-¿Y el Contencioso?

-Es otro tema. No sabemos cómo es la cifra real de asuntos, porque a lo mejor hay ciudadanos que desisten de recurrir una multa si tienen que trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria... En cualquier caso y a falta de hacer ese estudio con detalle de los temas que llegan de ambas islas, he tenido contactos con la senadora de Fuerteventura [Paloma Hernández] y el senador de Lanzarote [Manuel Fajardo] y les he sugerido la posibilidad de que, si el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo consideran, lo que podríamos estudiar y estaría en nuestra mano sería un sistema como el que se arbitró en su día en La Palma para lo Social, que es establecer un calendario de desplazamientos en determinados días para celebrar los juicios de lo Contencioso. Se podría exportar ese modelo y a los senadores les ha parecido una idea interesante, aunque habría que comprobar los datos, y si hay una carga suficiente, quizá contemplar la creación del Juzgado. Yo he dado traslado a la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso y la iniciativa ya está en marcha para que hagan alegaciones.

“Estamos en trámites para poner en marcha otro Juzgado de Primera Instancia en Lanzarote”

-¿Qué otras demandas tiene de los operadores judiciales de Arrecife?

-Estamos en comunicación con el juez decano de Arrecife [Adalberto de la Cruz] y la Junta de Jueces de Arrecife pide otro Juzgado de Primera Instancia. Estamos en trámites para ponerlo en marcha en 2022. También hay una petición de poner guardias de 72 horas, que está pendiente de informarse por parte del Consejo. Y hay problemas comunes, como el nuevo expediente digital, la necesidad de mayor formación para funcionarios interinos y la cobertura de vacantes. También está la reivindicación, que respaldamos, de crear una oficina de atención al ciudadano y una oficina de atención a las víctimas. Son cosas que hemos dirigido a quienes son competentes. Y un servicio común de notificaciones y embargos, que no solo no cuesta dinero, sino que ahorra dinero. Hemos dado traslado, pero hasta la fecha está bloqueada y tiene pleno sentido. Es una cuestión organizativa, pero estamos anclados en modelos de plantillas decimonónicos.

-¿Y se podría crear un Juzgado que se dedique solo a la violencia de género, que ahora es mixto? Hay Juzgados en Las Palmas de Gran Canaria con un número de casos muy parecido...

-El supuesto más parecido sería San Bartolomé de Tirajana y Arona, que son partidos judiciales parecidos, y sí tienen juzgados especializados en violencia sobre la mujer. No está puesto sobre la mesa, pero lo podríamos estudiar. Yo soy defensor de la especialización, que es la base para un servicio de mayor calidad. Lo que no sé es si los cuatro juzgados de Instrucción están dentro del módulo para crear un quinto. No sé, pero puede estudiarse.

-Hay casos que se eternizan. El caso Jable comenzó en 2009, pasó a procedimiento abreviado en 2016 y aún no tiene ni tribunal que lo juzgue porque desde hace cuatro años no se han resuelto dos recusaciones. ¿Cómo es posible?

-Descender a casos específicos no me corresponde, a no ser que tenga una queja concreta. Con carácter general, se trata de casos claros de dilaciones injustificables y tenemos que ser críticos. Ahora bien, si se entra en el detalle de las dificultades de organizar la Administración de Justicia, por la cantidad de competencias que concurren en una misma actividad, la movilidad de personal, la interinidad, las garantías procesales... a veces se traducen en un alargamiento, si las partes diseñan esa estrategia con recursos, recusaciones, etcétera. Nos corresponde intentar evitar ese tipo de disfunciones y tratar de remover los obstáculos.

-En alguna ocasión se ha definido la situación en el partido judicial de Puerto del Rosario como crítica. El Juzgado de lo Penal de la capital majorera está fijando vistas para dentro de un año y medio, o más. ¿Se va a reforzar?

-El problema del Juzgado de lo Penal número dos de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, es la agenda de señalamientos, porque en carga de entrada de trabajo no excede mucho el módulo general del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio. Lo sobrepasa, pero no de forma excesiva. Para este juzgado se ha solicitado un refuerzo y está en trámite. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aprobó un informe sobre el refuerzo para adelantar estos señalamientos. No tenemos aún la comunicación oficial del Consejo de si se ha aprobado esta medida. Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario tienen una gran carga de trabajo, que excede con mucho el módulo de entrada, y plantean un problema, porque son juzgados mixtos, no están servidos por magistrados y por tanto hay una mayor movilidad y ese es un gran problema que está dentro de las prioridades de mi agenda.

-Habrá que optar en Puerto del Rosario por la especialización de los juzgados, como se hizo en Arrecife.

-Es una medida fundamental para dar un impulso definitivo a ese partido judicial. Conseguir la separación de jurisdicción y elevar a la categoría de magistrados. Los tres juzgados [con sede en Puerto del Rosario] que están vinculados a Arrecife pasarían a depender del decanato de Puerto del Rosario y se evitarían asimismo todos los problemas, que están afectando también a Lanzarote, a la hora de repartir los asuntos que dependen del partido judicial de Arrecife, aunque están físicamente en Fuerteventura. La especialización es clave para abordar los asuntos con garantías, está entre nuestras prioridades conseguirla de una vez por todas y nos preocupa también la infraestructura. Y, una vez que se desbloquee el proyecto de un nuevo edificio judicial, que es uno de los temas pendientes para llevar a la comisión mixta que vamos a debatir dentro de las prioridades del TSJC, dar una solución definitiva, porque es un tema crítico.

“La petición de un Juzgado de Menores en Arrecife tiene todo el sentido”

-Hace unos meses fue muy sonada una denuncia de la Guardia Civil hacia un juez de Instrucción de Arrecife por supuestamente saltarse las normas relativas a la pandemia. Al margen de cuestiones disciplinarias, ¿los jueces no deberían dar ejemplo en esos casos?

-El conocimiento que tengo es por los medios de comunicación y creo que el asunto está pendiente de algún trámite administrativo. Prefiero omitir todo comentario porque metería la pata.

-¿Por qué no se trasladan a las islas orientales todas las secciones de la Audiencia Provincial? Hubo un tiempo en que lo hacían, pero ahora prácticamente solo se traslada la Sección Sexta y se crea un agravio con otras personas que tienen sus asuntos en otras secciones.

-Esa cuestión no la he tenido sobre la mesa. No he recibido quejas ni sugerencias, pero, si se plantea lo estudiaremos y lo someteré a consideración de la Sala de Gobierno [del TSJC]. Yo soy partidario de acercar la justicia al justiciable y, si hay base para establecer esos desplazamientos, sería partidario.

-¿Y cuál es el criterio de reparto de asuntos por secciones? Porque todos los asuntos de relevancia le han tocado a la Sección Sexta...

-No lo sé. Eso habría que hablarlo con el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, porque ese tema no lo controlo en absoluto. No sé si existe un turno especial para las islas. Es de la incumbencia del presidente de la Audiencia.

-¿Qué criterios hay para designar jueces sustitutos? ¿Es una facultad discrecional?

-Por supuesto que no. Había unos criterios muy esquemáticos desde el año 2013 y uno de mis primeros objetivos fue dotar de más seguridad y rigor este asunto. Se han elaborado unos criterios y hace 15 días se han aprobado y están publicados en el portal de transparencia del TSJC.

“Respaldamos la reivindicación de oficinas de atención al ciudadano”

-Así que hasta ahora no existían.

-Eran esquemáticos. Ahora son más detallados. Con arreglo a la propuesta de la comisión de valoración y a la baremación que sacan los sustitutos, se van haciendo llamamientos de manera rotatoria, si bien se contemplan excepciones que deben ser motivadas. Por la experiencia de un sustituto, si es especialista en una materia, el presidente está facultado para hacer la designación mediante acuerdo motivado, y se van a publicar todos los llamamientos para que haya transparencia. Hay que garantizar el servicio público, porque enviar a lo Social a alguien sin experiencia, cuando hay alguien que tiene experiencia, no es adecuado, siempre y cuando se motive.

-¿Cómo está afectando la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial en Canarias?

-Tenemos tres miembros menos en la Sala de Gobierno, lo que es un problema, pero hasta ahora ha habido quorum, aunque, si falla uno por vacaciones u otro motivo... No es nada positivo. Es una anomalía institucional que tiene que remediarse cuanto antes. Los partidos tienen que ponerse de acuerdo.

-¿Falla el sistema o quienes lo aplican?

-La elección de este Consejo General del Poder Judicial tiene que hacerse con arreglo al marco normativo vigente, pero se ve la necesidad de cambiar el sistema y debería aprovecharse para tener un compromiso firme para que de una vez se puedan elegir, al menos, 12 de esos 20 vocales por los jueces. Creo que se despolitizaría bastante el órgano de gobierno, que tiene una gran trascendencia y tiene que haber garantías de alejarlo de la arena política.