“Parálisis total y situación calamitosa”. Los datos no dejan lugar a muchas dudas sobre esa descripción del estado actual de la planificación urbana en Canarias. Desde que se aprobó la actual Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, en 2017, se ha frenado la planificación urbanística. “Lo que ha pasado es que no ha pasado nada”, señala el arquitecto Jorge Coderch.

Coderch, cuyo estudio se encargó de la redacción de los planes generales de Yaiza, Tinajo o Pájara, aún en tramitación, expuso la situación actual. Desde que se aprobó la Ley de Suelo hace cuatro años, solo se han aprobado tres planes generales de ordenación: los de Garafía y Puntallana, en La Palma, y el de Santa Brígida, en Gran Canaria.

La evolución ha sido una involución. Antes del año 2000, cuando se aprobó el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, había 25 planes generales o normas subsidiarias aprobadas. De ellas, tres en Fuerteventura y una en Lanzarote. Entre 2000 y 2006 fueron 32 más y en las islas orientales se dio el caso inverso: tres en Lanzarote y uno en Fuerteventura. En los años posteriores se aprobaron 27 planes, ya con la evaluación ambiental estratégica, lo que en principio facilitaría la tramitación de otros planes sectoriales. En este periodo se aprobaron dos planes en Fuerteventura y otros tres en Lanzarote. Esta situación, en cualquier caso, “es igual o más grave con el planeamiento insular”, dice Coderch.

Esa premisa, que facilitaba la tramitación de otros planes, no ha sido suficiente. Lo mismo que ha ocurrido con los planes generales ha ocurrido con los sectoriales: modificaciones, revisiones parciales, planes parciales o planes especiales. Antes del año 2000, en Canarias se habían aprobado 185. Durante la vigencia del Texto Refundido, hasta 2017, otros 215. Desde 2017, solo se han aprobado 15: tres en Gran Canaria, ocho en Tenerife, dos en La Gomera y uno en La Palma. No se ha aprobado ninguno ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. En el pasado, habían sido 29 planes aprobados en Lanzarote antes del año 2000, por 19 en la isla majorera y siete más en el siguiente periodo en Lanzarote por otros 19 en Fuerteventura.

Los planes generales sirven, entre otras cosas, para habilitar suelo para vivienda, especialmente de vivienda protegida, pero también para todo tipo de dotaciones públicas. También podría servir el planeamiento para obtener una mayor protección ambiental o para la diversificación económica a la que se aspira desde hace años en Canarias, ya que a través de los planes se pueden introducir nuevas actividades productivas.

Las causas

¿Cuáles son las causas? Coderch considera que la legislación urbanística no es una de ellas, sino que hay factores, que se han convertido ya en estructurales, que pueden explicar esta situación. La primera de las causas sería la legislación sectorial estatal, tanto de Costas como la normativa aeroportuaria o de Defensa. Para planificar hay que pedir informes a estos organismos, “con quienes el diálogo es imposible”, y además no contestan en plazo y los tribunales les acaban dando la razón, tanto si sus informes están justificados como si no lo están.

Otro de los elementos que influyen sería la nueva legislación sectorial, que en teoría busca la excelencia, pero que supone incluir determinaciones que en la práctica, aplicadas al planeamiento, no se sabe cuáles son, como en el campo de la participación ciudadana, impacto de género, cambio climático, huella de carbono o planes de inundaciones y accesibilidad. Se trasladan al planeamiento cuestiones que son más propias de otros instrumentos  y que pueden suponer inversiones que no están acordes con  la capacidad económica de la Administración que las contempla.

Otro factor más sería la evaluación ambiental. Esta legislación supone que haya que incluir una información “enciclopédica, con independencia del alcance del documento”, que se aumenten las fases de tramitación, que el órgano ambiental solo se pronuncie al final del proceso, con el riesgo de que todo el trabajo anterior quede invalidado, y, por último, que se hagan evaluaciones que consideren “poco significativas” algunas actuaciones de gran impacto, como podría ser una nueva carretera que pasa por el Parque Natural de Jandía, calificada de esa manera.

Jorge Coderch, redactor de los planes de Yaiza y Pájara.

Judicialización

Otra de las causas sería, según Coderch, la judicialización de la actividad urbanística. Por una parte, anulaciones globales en la jurisdicción contencioso administrativa y, por otra, por la vía penal, un “desconocimiento generalizado del Derecho administrativo”, un urbanismo “considerado en blancos y negros” o la aplicación de penas de prisión a técnicos por firmar actos de trámite, como en el caso Mamotreto. El urbanista señaló que las penas se aplican solamente a aquellos que informan de forma positiva y no a quienes no informan o lo hacen de forma negativa, lo que hace que estas opciones conlleven menos riesgo y ayuden a paralizar los trámites.

Como últimas causas estarían la situación de la clase política y de los recursos humanos. El interés por el planeamiento ha descendido entre los gobernantes o en la disputa electoral, al haberse asociado en el imaginario colectivo el planeamiento con la corrupción, además de que los tiempos de aprobación exceden los de los mandatos.

Alternativas

Coderch, que ha condesado su análisis de la situación urbanística de las Islas en una conferencia titulada Estado actual y futuro de la Planificación Urbana, pone sobre la mesa algunas alternativas para salir de esta parálisis, aun teniendo en cuenta que muchos de los motivos de la misma son estructurales. Una de las primeras medidas podría ser recuperar el planeamiento estratégico que permitiera ordenar a largo plazo. Otra, separar la ordenación pormenorizada de la estructural. Todas esas figuras se pueden llevar a cabo con la actual Ley del Suelo porque lo permitiría la fórmula de la modificación menor. Por último, para conseguir una mayor agilidad, sería “totalmente necesario” crear los órganos ambientales municipales, que garantizarían una mayor agilidad ante el “bloqueo y la lentitud de la que hoy goza el órgano ambiental autonómico”. En el caso de Lanzarote, ninguna administración ha creado su órgano ambiental y se acogen al del Gobierno de Canarias. En Fuerteventura lo han creado el Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara.