La lista de espera de la Dependencia en Canarias aumentó en 2021 un 23,1% y 1.537 personas que estaban incluidas en la misma fallecieron sin poder ser atendidas: 376 estaban pendientes de la resolución de grado y 1.161 de la resolución de prestación.

Así se recoge en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia divulgado este martes.

Eso a pesar de los 16,9 millones de euros asignados a Canarias en el plan de choque para la mejora del sistema, que a nivel nacional se tradujo en una reducción de la lista de espera en un 16,7%., según señala este informe.

Son 1.868 personas más que están en lista de espera: con estas cifras, Canarias se mantiene como la comunidad con la tercera peor tasa de personas dependientes desatendidas, más del 27,08% sobre el total de solicitantes, cuando la media nacional se sitúa en el 13%. Solo la superan (32 %) y La Rioja (31,53 %).

De seguir el ritmo de atención de los últimos tres años, aún tardaría 17,4 años en atender la lista de espera de las 9.950 personas dependientes, recalca el informe de la Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales.

Las comunidades que más aumentaron las personas con derecho a prestación en 2021 fueron: Comunidad Valenciana (11,8 %), Canarias (10,8 %) y Asturias (9,2 %). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9 %.

Gracias al plan de choque para la mejora del sistema de la dependencia se atendió en 2021 en Canarias a 1.717 personas más, lo que representa un incremento del 6,31%, mientras que en el resto de comunidades autónomas el número de beneficiarios aumentó un 8,71% de media.

A través del plan de choque se han generado en Canarias 642 nuevos empleos.

El informe detalla, en el apartado de atención, que en 2021 se contabilizaron en Canarias 2.123 nuevas prestaciones, de las cuales 63% son PEVS (prestación económica vinculada al servicio) y el 19% PECEF (prestación económica para cuidados en el entorno familiar).

El porcentaje restante se distribuye en "escasas tasas de reposición" respecto al ejercicio precedente, e incluso valores negativos los centros de día: -151 plazas.

Las PEVS representan el 28,7% de la cartera de servicios canaria (frente al 10,83% nacional) dando atención a más de 8.263 personas dependientes que son atendidas con un coste medio mensual de 393,10 euros.

El promedio de gasto público por persona dependiente en Canarias (5.788,23 euros) es un 4,1% inferior a la media nacional (6.026 euros), si bien el gasto por habitante, 80 euros, es un 54,3% inferior al resto de comunidades.

Esto se debe a la "exigua tasa de cobertura" de planes individualizados de atención (PIAS): 12,33 por 1.000 habitantes, frente a 25,7 de media. Es la peor tasa de cobertura de toda España.

Aun con todo, el dato es mejor que en los años precedentes: 11,78 PIA por 1.000 habitantes en 2020, 10,86 en 2019, 10,28 en 2018 y 9,21 en 2017.

El número de personas dependientes desatendidas en Canarias por cada 1.000 habitantes se sitúa en 271, por las 243,79 de 2020, las 278,75 de 2019, las 292,74 de 2018 y las 366,22 de 2017.

Estadísticas nacionales

A nivel nacional, el dictamen del Observatorio de la Dependencia refleja que el primer año de despliegue del plan de choque permitió atender a casi 100.000 dependientes más en 2021, aunque 75 millones de euros del presupuesto no se gastaron mientras fallecían 46.300 personas de la lista de espera sin recibir la atención solicitada.

A pesar de que en toda España se han creado 27.453 nuevos empleos, el tiempo medio de espera se mantiene en 14 meses.

"El Sistema de Atención a la Dependencia se reactiva, pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera en 60.000 personas, ya que ha bajado en 38.807, ni ejecutar el incremento presupuestario", ha lamentado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez.

Hay 97.912 personas atendidas más -se ha multiplicado por 10 el aumento respecto al año anterior-, 59.105 dependientes nuevos, 41.654 solicitudes más y aumentando en 58.614 las resoluciones emitidas, destaca el informe como aspectos positivos.

En la otra cara del balance, los 75.776.923 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales no gastó en 2021 (ejecutó el 95,66 % de las cantidades inicialmente presupuestadas) y que podía haber atendido a 13.000 nuevas personas. No obstante, destaca el aumento en un 48 % de la aportación del Gobierno.

"Cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley; a las 46.671 personas que fallecieron los presupuestos no les llegaron a tiempo", ha lamentado Ramírez, quien opina que la prioridad debe ser la reducción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación de los procedimientos, además de fomentar la creación de empleo.

A 31 de diciembre de 2021 había en España 1.415.578 personas en situación de dependencia reconocida (60.000 más que en 2020) y otras 124.546 pendientes de valoración (17.000 menos). El 3 % de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Casi dos tercios son mujeres (64 %) y siete de cada diez dependientes reconocidos tienen más de 65 años.

Pese a la reducción en 38.807 personas, la lista de espera ascendía a 193.346 personas (el 13,66 % de las personas con derecho a recibir prestaciones o servicios).

Si se suman los dependientes reconocidos que esperan sus servicios y los que están pendientes de valorar, la desatención alcanza a 317.942 personas, 55.000 menos que en 2020 y 110.000 menos que en 2019.

El informe añade que 44.656 personas ya tienen su Plan Individualizado de Atención pero aún no reciben prestación y 34.189 que las comunidades no han registrado y están pendientes de valorar, por lo que suman casi 400.000 las personas esperando procedimiento.

El exceso de mortalidad entre los meses de enero y diciembre de 2021 fue del 10,3 % (20.976 fallecimientos más de lo esperado). Se registraron 212.799 personas con solicitud de dependencia fallecidas -el 80 por ciento con más de 80 años-.

De los fallecidos, el 32,1 % eran beneficiarios con atención residencial y el 67,9 %, en sus domicilios.

El tiempo medio de tramitación es de 421 días -14 meses frente a los 6 que fija la ley-. Sólo 6 cumplen ese plazo Ceuta, Melilla, País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Baleares. En cuatro se superan los 18 meses: Canarias, Andalucía, Cataluña, Murcia y Extremadura.