El acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos acaba este lunes 17 de julio, con muchas dudas sobre su renovación y sobre el futuro del caladero para los barcos afectados, principalmente de Canarias, Andalucía y Galicia.

Considerado el pacto pesquero de mayor valor político para España, durante cuatro años ha ofrecido 138 licencias para los buques comunitarios, 93 para la flota española, que sin embargo ha estado aprovechando este año una veintena.

Al contrario que en otras épocas, este lunes no habrá una escenificación notable del fin del acuerdo con la salida de barcos españoles de las aguas marroquíes, ya que en este momento apenas hay presencia de la flota allí.

Pero sí existen barcos perjudicados y ahora quedan dudas sobre si pararán su actividad o, por ejemplo, se incorporarán al Golfo de Cádiz o a los caladeros atuneros canarios.

Las negociaciones entre europeos y marroquíes para su renovación dependen de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre un recurso europeo contra otro dictamen de 2021, en el que los jueces comunitarios anularon el acuerdo pesquero por no tener en cuenta al Sáhara Occidental.

En 2021, la Justicia comunitaria determinó que tanto este convenio como el acuerdo de asociación con el país norteafricano -que afecta al comercio de alimentos como los tomates- no habían tenido en consideración los intereses saharauis, en cuyas costas están los caladeros de los que se benefician los barcos comunitarios.

Si la sentencia esperada es favorable a los europeos, habría margen pero si ocurre lo contrario, sería muy difícil renovarlo por excluir los caladeros del Sáhara, según han reconocido fuentes del sector y de la Comisión Europea.

Esta semana, la UE y Marruecos han mantenido contactos, en un comité mixto celebrado en Bruselas.

Desde Rabat ha trascendido que Marruecos quiere una nueva visión del protocolo con más valor añadido.

Según fuentes del sector el aprovechamiento máximo del acuerdo ha sido de 27 barcos, porque la pandemia o el alto coste del gasóleo provocaron que los pescadores se quedaran faenando más cerca de sus puertos.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han consumido entre el 21 y el 50 por ciento de las posibilidades de pesca para España.

Aparte de los 93 permisos españoles, el acuerdo ha beneficiado a navíos de Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia dedicados principalmente a especies pelágicas (sardina o arenque) para la fabricación de harinas.

A cambio del acceso de la flota, Marruecos ha recibido una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon pagado por los armadores, de alrededor de 12 millones.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha lamentado, en declaraciones a EFE, la "pérdida temporal de un caladero" por la interrupción de un acuerdo histórico, por el impacto en los buques y porque, ha añadido, la flota española tiene cada vez menos aguas donde faenar.

La importancia del acuerdo va más allá del valor económico y social para la flota afectada, y su rumbo ha tenido implicaciones diplomáticas y políticas para España y para la UE.

También existen antecedentes de otros protocolos que se paralizaron, con consecuencias duras para la flota impactada.

De hecho, el actual protocolo se empezó a aplicar en 2019, un año después de que en julio de 2018 lo consiguieran cerrar los negociadores comunitarios y marroquíes.

Entre esos acuerdos y desacuerdos destaca también la suspensión entre 1999 y 2007 del protocolo, que obligó a imponer un plan de reconversión a la flota española.

Las relaciones pesqueras entre España y Marruecos se remontan a los años 50 del siglo pasado y las competencias fueron asumidas por la UE con la entrada de España en dicho organismo en 1986.

Cepesca ha solicitado que los negociadores "trabajen" y definan "lo antes posible" las condiciones técnicas que guiarían la eventual renovación del acuerdo.