Clece, la empresa concesionaria de la gestión del pabellón de deportes de Argana Alta y de la piscina o Parque deportivo municipal solicitó en julio de 2020 al Ayuntamiento de Arrecife el restablecimiento del equilibrio económico de dicha explotación. El pasado mes de marzo se cumplieron los cuatro primeros años de esa concesión y termina, por tanto, el periodo en el que no se podía reclamar ese restablecimiento económico.

La empresa alega que no solo no alcanza las expectativas económicas planteadas con la explotación de las instalaciones deportivas municipales, sino que está perdiendo dinero e, incluso, encargó a una consultora un informe económico independiente para justificar su situación. Su número de abonados y sus ingresos se vieron mermados por el confinamiento, cuando estuvo cerrado durante tres meses, y por el periodo de pandemia.

Por otra parte, la empresa no ha cumplido con la obligación de iniciar las obras en el pabellón de Argana, donde tiene que invertir 1,7 millones, la mitad en obras y la otra mitad en mantenimiento. El Ayuntamiento le dio un ultimátum a mediados de marzo, por el que concedía 20 días para que iniciara esas obras, que no han empezado.

Lo que quiere la empresa es que se le compense por las pérdidas acogiéndose al Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que establece que la situación creada por el Covid y las medidas adoptadas por las administraciones “darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato”.

Esa figura está pensada para compensar a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados. La compensación, en cualquier caso, solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación.

Diversos departamentos municipales han informado sobre esta situación. Existe un informe favorable condicionado de Actividades Clasificadas e informe favorable de la Oficina Técnica. El departamento de Intervención considera que la solución más favorable para el Ayuntamiento pasa por ampliar el tiempo de la concesión durante tres años más, que equivalen al 15 por ciento del tiempo de la concesión, que es por 20 años.

Consideran que es la más favorable porque así el Ayuntamiento “no solo no tiene que desembolsar la cantidad reclamada por la empresa, sino que, además, supone que la empresa deberá abonar el canon que todos los meses abona a este Ayuntamiento, de modo que tendrá 36 mensualidades, por lo que cambia la situación, pasando de ser deudor a la condición de acreedor. Además, también supone una mejora a la empresa, ya que estos tres años la empresa tendrá amortizado la totalidad de la inversión”.

La otra opción es la compensación económica. La empresa reclama unos 160.000 euros, aunque Intervención considera que falta restar los ingresos por las clases online que se siguieron impartiendo y que tampoco procede el conjunto de los gastos reclamados, por lo que pide a la empresa que explique algún tipo de gastos e ingresos no aclarados. Inversiones

Según las cuentas presentadas por Clece, respecto de la inversión ejecutada, se han hecho inversiones en el diseño y ejecución del parque deportivo, así como para la generación de nuevos espacios deportivos, para mejorar la calidad medioambiental y el ahorro energético y para mejorar la gestión y la imagen. Tenían que invertir 1,6 millones y aseguran que han invertido más de dos millones y hay un saldo a su favor de 362.000 euros.

El pabellón de Argana lleva cerrado desde 2013 por deficiencias en la edificación.

Argana: diferencias entre proyectos y realidad

Sin embargo, por otra parte, no han hecho las obras del pabellón de Argana. La inversión no ejecutada es de 831.969 euros en concepto de obras necesarias para abrir el pabellón, que después del modificado ascendió casi hasta un millón. El nuevo presupuesto aumenta en 166.390 euros y esa diferencia estaría sufragada por el Ayuntamiento.

El Consistorio señala que se va a modificar el contrato para empezar las obras

Según la empresa, la modificación “es necesaria e imprescindible”, pero sigue siendo insuficiente. Dice Clece que no se han podido acometer estas obras “por las diferencias conocidas entre los proyectos de obra y la realidad de las actuaciones necesarias, debido al estado del edificio desde el momento de su recepción”.

A esas obras habría que sumar las inversiones de reposición de carácter obligatorio para el mantenimiento de las instalaciones, por un valor de 870.500 euros, y que están previstas a partir del sexto año de la concesión.

Dos escenarios

El informe encargado por la empresa para acreditar la situación económico-financiera de la concesión dibuja dos escenarios. En el primero incluye la subvención de 160.000 euros que le dio el Ayuntamiento por el cierre durante tres meses por la pandemia, más otros 80.000 euros para el uso del espacio por parte de colectivos especiales y 250.000 de dos anualidades que estaban pendientes como ayuda a la inversión.

En el segundo escenario, solo cuenta una de esas dos anualidades y ninguna de las otras cantidades. Desde mayo de 2018 a diciembre de 2020 contabiliza 969.190 euros de pérdidas, que habrían aumentado en 2021 y lo harán en 2022 hasta una cantidad estimada de 1,3 millones o 1,1 después de impuestos, en el primer escenario, y de 1,6 millones en el segundo.

El estudio señala que la empresa obtiene un 45 menos de los ingresos esperados y un 14 más de gastos, con una diferencia total entre la previsión y la realidad de entre 1,5 y 2,3 millones de euros. La tasa de rentabilidad esperada para esta inversión era de un 4,2 por ciento anual, mientras que la tasa de retorno se situaba entre el 13 y el 15 por ciento.

“En los dos escenarios contemplados, la concesión, tanto en términos de resultados como de flujo de caja, arroja pérdidas muy significativas que resultan indicativas de un desequilibrio económico”, señalan como conclusión.

Instalaciones de la piscina municipal de Arrecife.

Deficiencias y pérdidas

El pliego de cláusulas administrativas particulares preveía en caso de desequilibrio económico que el restablecimiento se podría considerar en dos direcciones, a favor del concesionario y a favor de la Administración. El requisito era una disminución de la tasa de retorno fijada durante al menos tres ejercicios.

“La concesión arroja pérdidas muy significativas tanto en resultados como en caja”

El informe destaca que “desde la adjudicación de la concesión a Clece se han registrado significativas diferencias entre los resultados previstos y reales de la concesión”, además de “las significativas deficiencias identificadas en las instalaciones de los edificios recibidos con respecto a una situación normalizada que permitiera una prestación óptima del servicio”.

El canon fijo que debe pagar la empresa debía ser como mínimo de 25.000 euros al año más uno variable de un 1,5 por ciento de los ingresos brutos anuales por abonos y actividades, así como otro componente variable de más del cinco por ciento en base al resto de ingresos de otros servicios y ventas complementarias que no sean abonos o actividades dentro de la concesión.

Otro contrato

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, dio a mediados de marzo a la empresa un plazo de 20 días para comenzar las obras en el pabellón de Argana en base al proyecto modificado redactado en enero de 2021. El plazo ha concluido, pero las obras no han empezado.

Fuentes municipales señalan que se va a modificar el contrato y que, una vez modificado, se procederá al inicio de esas obras, que llevan esperando desde el año 2015, cuando se encargó el proyecto.

Clece alegaba que al finalizar las obras, el pabellón no se podría usar por su situación urbanística. El edificio no cuenta con licencia de primera ocupación, pero el proyecto contempla la reparación, adecuación y legalización de la actividad.

El Ayuntamiento considera que la edificación sí que cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios y que una vez acabadas las obras conseguirá dicha licencia, así como los planes de autoprotección, el plan de seguridad o el sistema de control de aforo.

La empresa ponía sobre la mesa que el presupuesto de las obras excedía del diez por ciento del total de la concesión y, por tanto, no se podían ejecutar según la Ley de contratos del sector público, pero el Ayuntamiento considera que solo llega hasta el 5,9 por ciento, según un informe de la empresa Eguesan Energy, de asesoramiento técnico, económico y jurídico, contratada por el Ayuntamiento. La adjudicación de la concesión fue de 3,3 millones y la diferencia de modificado no llega a 200.000 euros.

Nueve años cerrado y caso Jable

El pabellón está cerrado desde 2013. Nunca había tenido licencia y presentaba fallos en su estructura que aconsejaban su cierre. Los trámites para construirlo comenzaron en 2003 y se inauguró el 26 abril de 2007, un mes antes de las elecciones municipales, con un partido de baloncesto.

Lo construyó la empresa FCC, que pagó un viaje a Marrakech a la exalcaldesa Isabel Déniz y su familia. Uno de los proyectos de la obra lo realizó una empresa relacionada con el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que entró en prisión.

Todo esto se investiga en la operación Jable, la única pieza que queda por juzgar del caso Unión. El pabellón iba a costar inicialmente ocho millones de euros pero su coste real es de casi 13, porque se adjudicaron después la instalación eléctrica y otras obras complementarias.

A ese dinero hay que sumar medio millón que tuvo que pagar el Ayuntamiento a FCC, por sentencia judicial, por retrasos en los pagos. El Ayuntamiento ejerce la acusación particular en este caso judicial, en el que se calcula el quebranto para sus arcas en más de ocho millones de euros.