El anteproyecto de ley de ordenación del uso turístico de viviendas, que el Gobierno canario prevé aprobar este año, establece que al menos el 90 % de la edificabilidad residencial excluirá el uso turístico de hospedaje, porcentaje que en las islas verdes será de al menos el 80 %, salvo que el planeamiento urbanístico justifique una reserva menor.

Así lo han explicado este miércoles en una rueda de prensa la consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, quienes han recalcado que esta norma, que se someterá a información pública hasta el 2 de mayo, pretende consolidar "un cambio de paradigma para poner al residente en el centro".

Por ello, desde que entre en vigor "podrá haber un uso turístico" de la vivienda "cuando lo decida", núcleo por núcleo, "el planeamiento municipal a través de diversos instrumentos que no han de ser planes generales de ordenación, sino que también se podrá articular para tal fin ordenanzas o planes especiales -que se tramitan en seis o doce meses, respectivamente-, como ha hecho ya Las Palmas de Gran Canaria, de forma que este ámbito "no quede al libre albedrío de los propietarios ni del mercado".

Rodríguez ha recalcado que se establecerá un régimen transitorio "equilibrado" de cinco años, tiempo en el que no podrá haber ni una vivienda vacacional más si no lo establece el planeamiento municipal, una vez que justifique que se cumplen una serie de "indicadores de sostenibilidad".

La futura ley también prohibirá dar un uso turístico a una vivienda protegida y fijará un plazo de diez años para dar ese uso a una vivienda residencial desde su construcción

Durante esos cinco años, los propietarios que ya comercialicen viviendas vacacionales "podrán dormir tranquilos porque a nadie se le quitará nada", si bien tendrán que adaptarse a las nuevas determinaciones de esta ley, ya que, de lo contrario, terminarán saliendo del mercado.

Para salvar este plazo transitorio se fijan una serie de excepciones, como la que permitirá a un propietario seguir explotando una vivienda vacacional durante veinte años con la condición de que ponga en el mercado otra vivienda en régimen de alquiler de larga duración con un precio que represente el 30 % de los ingresos medios que se registren en el núcleo poblacional donde se encuentre, que ha der ser el mismo en el que comercialice el inmueble con uso turístico.

La futura ley también prohibirá dar un uso turístico a una vivienda protegida y fijará un plazo de diez años para dar ese uso a una vivienda residencial, entendida ésta como la que se ocupa más de 183 días al año, desde su construcción.

Un solar de uso residencial tampoco se podrá destinar a uso turístico al cien por cien sin que un ayuntamiento lo apruebe, para lo que tendrá que evaluar la necesidad de ese cambio de uso.

Proteger el entorno urbano

Se trata, han recalcado Rodríguez y De León, de ponderar el derecho a la vivienda con la protección del entorno urbano y las expectativas de la iniciativa empresarial en una región con un parque de 1.078.000 inmuebles en el que la vivienda vacacional, con 222.014 plazas, representa el 37 % de la oferta alojativa total, que conforman más de 555.000 plazas.

Rodríguez ha explicado también que, en adelante, la declaración responsable que ahora se tramita para gestionar una vivienda vacacional tendrá que acompañarse, como actividad clasificada que es, de una memoria técnica, una cédula urbanística y, en su caso, un documento que acredite que cumple con lo que establece la Ley de Propiedad Horizontal.

"Vamos a verificar previamente las declaraciones responsables para reequilibrar algo que, a día de hoy, está desequilibrado", ha referido.

La consejera De León también ha asegurado que la futura ley "depurará la oferta irregular" existente, por lo que prohibirá el uso turístico de infraviviendas o azoteas, para lo que ya ha establecido un protocolo con las plataformas.

Peso vacacional

El segmento vacacional representa en la actualidad el 22 % de todas las viviendas de Yaiza, el 21,5 % de La Oliva, el 10,6 % de San Bartolomé de Tirajana, el 13,3 de Adeje, el 10,7 % de Hermigua, el 8 % de La Frontera y el 8,3 % de Fuencaliente, según los datos difundidos este miércoles por la Consejería.

Frente a ello, ha resaltado la consejera, entre 2020 y 2021 "no se construyó ninguna vivienda protegida en Canarias" y en 2022 "solo" se ejecutaron 208.

Sobre la capacidad que la norma da a las corporaciones municipales para regular el sector vacacional, Rodríguez ha negado que el nuevo marco haga recaer exclusivamente en ellas la ordenación de este segmento de actividad, ya que, en caso de inacción, actuarían los cabildos y el Ejecutivo regional, en última instancia, cuando no lo hagan los tribunales, ya que el planeamiento urbanístico "es una obligación" de las instituciones locales.