Atalaya Dorada tenía todas las papeletas para convertirse en la gran zona residencial de Fuerteventura: villas, bungalós, un hotel y hasta un campo de golf estaban proyectados en la zona. Detrás estaba Martinsa-Fadesa, una de las constructoras más potentes del país a principios de 2000. Todo iba sobre ruedas hasta que llegó la crisis del ladrillo, el concurso de acreedores y el abandono. Hoy, la urbanización, a menos de 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, es víctima de la suciedad y de la inseguridad, y se ha convertido en un territorio okupa que tiene atemorizados a los propietarios.

En 1996 se aprobó, de forma definitiva, el plan parcial que permitía urbanizar la zona. El proyecto de urbanización llegó en junio de 2001 y al mes siguiente, la reparcelación. Las obras comenzaron tres años después y finalizaron en junio de 2006. Martinsa-Fadesa se había encaprichado de ese enclave, hasta entonces virgen, para llevar a cabo la construcción de 236 bungalós.

La quiebra de Martinsa-Fadesa, todo un símbolo del estallido de la burbuja inmobiliaria, dejó sin terminar la urbanización. Un día, el abandono llamó a las puertas de las viviendas y desde entonces se resiste a salir. Poco a poco, empezaron los episodios de saqueo hasta convertirse en costumbre. Era frecuente ver en la zona coches y hasta camiones llevándose puertas, ventanas, termos de agua… El sueño de convertir el lugar en una de las zonas residenciales más importantes de la Isla quedaba ya lejano. La constructora acabó en concurso de acreedores y las viviendas salieron a subasta pública. Desde hacía algún tiempo, algunas de ellas tenían vecinos que, sin pagar un euro, las habían ido okupando.

Luis del Pozo es uno de los propietarios que compró en subasta una de las viviendas. De vez en cuando acude a Atalaya Dorada a ver si su casa sigue en pie y no ha sido okupada. Para evitarlo, ha tenido que tapiar puertas y ventanas. “Salvo una manzana de 33 viviendas, donde los propietarios llegaron a tiempo y tuvieron la suerte de poder echar a los okupas, las demás están okupadas”, explica. Y añade: “El resto tuvo menos suerte. Muchos, cuando firmaron la compraventa, se encontraron con que ya estaban los okupas estabilizados y organizados y era muy difícil realizar procedimientos judiciales por parte de los propietarios”.

Durante casi una década, las viviendas estuvieron desocupadas. “La zona era inhóspita. No había agua, ni luz”, explica Del Pozo. Tal vez, esas carencias básicas echaban para atrás a los okupas. Fue en el momento en el que se hizo pública la subasta cuando, según este propietario, empezó la okupación en masa. Hasta entonces, la toma de viviendas de forma ilegal era anecdótica.

La zona ha contado con vigilancia este tiempo. Aun así, la okupación ha continuado. En enero de este año, una de las parcelas estuvo sin vigilancia cuatro días, tiempo suficiente para okupar las 82 viviendas de la zona: “Según iban llegando, los okupas ponían con spray un nombre en la edificación y, de esa manera, quedaba ya bajo su propiedad. Cogían todas las que podían y, a su vez, las revendían a terceras personas. La mayoría están cogidas por un grupo de gente”.

Los dueños de viviendas están “desilusionados y arrepentidos” de haber comprado

Del Pozo, que es a su vez presidente de una de las comunidades de propietarios, denuncia que la zona se ha convertido en un “territorio apache” donde se han ido realizando obras sin ningún tipo de licencia. Para solventar el suministro del agua y la luz, los okupas han ido instalando placas solares y bidones de agua en las azoteas.

Cuenta cómo un familiar suyo también compró una de las viviendas de la urbanización. “Lo hizo con okupa dentro e iniciamos un procedimiento por la vía judicial para desalojarlo”, comenta. “Cuando vinimos con el procurador a notificar que se había iniciado el procedimiento de desokupación, nos encontramos con un muchacho viviendo en la casa que nos decía que la había alquilado en Airbnb y que pagaba 1.000 euros de alquiler”.

“Los fraudes aquí se multiplican. Se venden los alquileres y las viviendas en ocupación como si estuvieran vendiendo rosquillas en un cine”, asegura este propietario. Incluso, hay quienes afirman que los nuevos inquilinos tienen propiedades en otros lugares que han puesto en alquiler para luego mudarse a Atalaya Dorada, donde les sale gratis vivir.

“Todos los propietarios son gente que trabaja, empresarios, personas que se levantan todos los días temprano, que pagan sus impuestos y que han comprado con ilusión. Para mucha gente son los ahorros de su vida y no pueden ir por allí porque les salen al paso y se les intimida. Yo ya no voy”, asegura otro de los propietarios, que prefiere mantener el anonimato.

“Los propietarios están desilusionados y arrepentidos”, asegura. Él se apunta en la lista. También se arrepiente de haber animado a otros familiares a adquirir viviendas en el lugar. En su caso, la adquirió en 2020 a través de subasta. Asegura que la compró, como la mayoría de la gente, sin verla. “Fui a subasta sin saber que estaba ocupada”, explica.

En diciembre de 2019, fue por la zona y solo había cinco viviendas tomadas de forma ilegal. El resto estaban abandonadas, pero había un proyecto que, en principio, iba a avanzar y mejorar la urbanización. Eso le animó a comprar. “Una vez se adjudicó, pasamos por allí y vimos que todas las viviendas estaban ocupadas. Todo se ha vandalizado y se ha complicado”, lamenta este hombre.

Hoy, este propietario se niega a entrar en la urbanización por miedo. “A mí me han amenazado con piedras y palos y no he vuelto a ir”, asegura. “La zona es bastante conflictiva”, señala. Aunque reconoce que, entre los nuevos vecinos, seguro que hay personas que han pasado un bache y necesitan un sitio donde quedarse, también está la otra cara de la moneda, la de quienes están alquilando las viviendas sin ser propietarios de los inmuebles.

El problema de los okupas quita el sueño a los dueños, pero también la situación de abandono que ha ido campando a sus anchas por toda la urbanización en los últimos años. Escombros, sofás abandonados, vehículos viejos, pintadas en las viviendas, basura y hasta una moto destartalada amarrada al poste de una farola chocan con la imagen que, apenas 400 metros más allá, proyecta las dunas de Corralejo.

“No estamos asistidos en absoluto por parte del Ayuntamiento de La Oliva. Nos cobran la tasa de basura y, sin embargo, no tenemos ningún punto de recogida en la urbanización. Aquí los camiones municipales no vienen a recoger basura”, denuncia Del Pozo.

Este propietario recuerda que, cuando compraron, pagaron una plusvalía al Ayuntamiento por cada vivienda de “más de 1.000 euros. Pagamos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cada año, la tasa de basura y no tenemos servicio en la urbanización. Se entiende que si se paga es para que haya ese servicio”.

“Me han amenazado y no he vuelto a ir”, dice un propietario

A la desesperada, los dueños han presentado varias quejas en el Ayuntamiento de La Oliva en las que denuncian obras de construcción, actividades comerciales abiertas al público como una cafetería y un taller de reparación de vehículos, además de obras de construcción en las zonas comunes de las manzanas de la urbanización. Los propietarios han solicitado al Consistorio el inicio de diligencias para clausurar de forma “inmediata” las actividades no autorizadas, la suspensión de las obras y el “restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.

“El Ayuntamiento alega que las calles no están recepcionadas y al final esto se convierte en una ciudad pirata, sin ley”, denuncia este propietario, que teme que el barrio acabe convirtiéndose en algo similar a una Cañada Real o a Las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

Alerta sanitaria

En los últimos tiempos, también temen que se produzca algún problema sanitario derivado de la depuración de aguas. Del Pozo explica que la urbanización tiene todas las instalaciones, servicios e infraestructuras terminadas, pero no se han llegado a poner en uso. La urbanización tiene una estación depuradora, ubicada en la parte más alta de la zona. En teoría, está preparada para elevar las aguas a un punto negro, instalado en una caseta de hormigón. “Allí hay una bomba, que es la que impulsa el agua negra hasta la depuradora, pero, como la urbanización no tiene electricidad, la impulsión no funciona, por lo que se está acumulando toda el agua en el punto de recogida inicial”, explica.

“La única forma de evacuar es con cubas”, asegura uno de los propietarios, aunque es “un sistema de evacuación muy precario. Basta que sea un fin de semana o que la cuba no pueda venir para que se rebose todo el depósito. El Ayuntamiento debería comprobar este tipo de situaciones y clausurar. Se están recogiendo las aguas negras en un sitio que no es para recoger, sino para impulsar, y esto está haciendo que se produzca una acumulación de residuos humanos”. Y alerta: “Es una situación de riesgo público. Cualquier niño que pase por allí o algún animal se puede caer”.

Sin saber qué hacer y cansados de que los problemas fueran a más los propietarios pidieron una Junta Local de Seguridad a finales de 2020. A ella acudieron la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, el director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes, además de representantes de la Policía Local del municipio y de la Guardia Civil en la Isla.

En la reunión, plantearon la problemática que se está produciendo de alteración del orden público a nivel global porque, según Del Pozo, “vemos cómo los propietarios prácticamente no podemos entrar en la urbanización y también cómo la zona servía para encubrir actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y robos”. “Nos escucharon, pero no se adoptó ningún acuerdo. Al final, la reunión fue una pérdida de tiempo. No había voluntad política de resolver nada”, lamenta.

Mientras llegan las respuestas por parte de las administraciones, los propietarios tendrán que seguir esperando a que la Justicia recupere sus viviendas. Hasta el día que eso llegue tendrán que continuar viendo sus casas desde lejos. En Atalaya Dorada no son bien recibidos.

La urbanización, en imágenes