Tres años después de constituirse y sin apenas actividad, la Fundación Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya, integrada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva y cuyo fin es llevar a cabo la obra ideada por Chillida, ha dado un paso significativo.

El Patronato de la entidad aprobó el pasado 21 de diciembre un presupuesto de 15.000 euros, “procedentes de aportaciones de terceros”, con destino a una consulta al mercado, “como mejor medio para preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos activos en este tipo de obras, de los planes y requisitos que se exigirán para concurrir al procedimiento”.

Así se desprende del documento que firman el presidente del Cabildo, Marcial Morales, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, vicepresidente y secretario de la Fundación, respectivamente. De este modo, se especifica que “se considera oportuno acudir al asesoramiento de terceros, expertos o autoridades independientes como mejor garantía de éxito en este trámite”.

El documento, que no ha trascendido a la opinión pública y al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, argumenta en la memoria explicativa del contenido de su presupuesto de 2019 que el plan de actuación para el presente ejercicio “continuará centrado en la promoción de los trámites previos a la licitación de la ejecución del proyecto monumental”.

Se trata de una serie de trámites que no se vieron materializados en 2018 por diversas circunstancias, “entre ellas la modificación del marco jurídico contractual del sector público” al que se somete la Fundación.

Batalla ecologista

Mientras, la Coordinadora de Montaña Tindaya sigue denunciando el deterioro del yacimiento arqueológico por las subidas descontroladas de turistas a Tindaya. Los ecologistas continúan insistiendo en que el número de agentes de medio ambiente en Fuerteventura es “totalmente insuficiente” y el Monumento Natural y Bien de Interés Cultural carece de vigilancia.

La plantilla es de tan solo ocho agentes ambientales, cuando hasta hace poco eran diez; dos se han jubilado y uno está de baja, por lo que la situación, en un territorio de la extensión de Fuerteventura, incluido el Islote de Lobos, está desbordada.

Según los cálculos del sindicato de agentes ambientales, la Isla por su tamaño, número de espacios protegidos y especies amenazadas, así como por el incremento de población, debería contar al menos con 60 agentes.

Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura, en los presupuestos de 2019, aporta al Museo de la Casa Alta, sede de la Fundación de la familia de Chillida, cerca de 70.000 euros. Además hay otra partida de 50.000 euros denominada Puesta en visita de grabados podomorfos de Montaña de Tindaya. No obstante, cada día más, surgen voces críticas contra la obra de ingeniería de Chillida en Tindaya, incluso dentro de los partidos políticos que siempre han estado a favor, como CC, PP y PSOE.

Asimismo, están pendientes dos recursos de Ben Magec Ecologistas en Acción: el primero de reposición contra la decisión del Gobierno de Canarias de rehabilitar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto; y el segundo un recurso contencioso administrativo que impugna la declaración del Bien de Interés Cultural (BIC) por circunscribirse solo a la cresta de la montaña donde se ubica la mayoría de los grabados rupestres.

Infografía del proyecto de Chillida.

De cubo blanco a agujero negro

El proyecto de Chillida contemplaría un coste total de ejecución de al menos 76 millones de euros y, aunque aún no ha habido movimiento alguno en este sentido, ya en 2008 el entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, cifraba en 26 millones la cantidad invertida hasta aquella fecha, según recordó en la Cámara Regional el actual parlamentario socialista Iñaki Álvaro Lavandera.

El diputado majorero solicitó al Gobierno, en julio de 2017, la relación de gastos generados dentro del proyecto monumental, proyecto adscrito desde 2016 a la Fundación integrada por el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de La Oliva, que preside el presidente canario, Fernando Clavijo.

En la respuesta, el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Rodríguez Valido, cifró en 17,5 millones de euros la cantidad desembolsada por el Gobierno para el proyecto monumental, “de los cuales, 1,9 millones corresponden a costas judiciales”.