La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha acordado con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife establecer mecanismos de control e inspección que garanticen la calidad de la asistencia jurídica que se presta a los migrantes que llegan de manera irregular, especialmente a aquellos que necesitan protección internacional.

La labor de control de calidad es competencia del propio Colegio de Abogados, que se ha comprometido a elaborar cuestionarios de evaluación por cada una de las pateras asistidas al objeto de poder valorar la eficacia de los servicios legales prestados, a lo que se sumarán inspecciones aleatorias in situ para presenciar la labor de los abogados.

Ha sido la Dirección General de Relaciones con la Justicia quien ha planteado esta exigencia de control de calidad en la asistencia, una vez que ha autorizado la petición del Colegio de Abogados, reiterada también por el delegado del Gobierno en Canarias, de incrementar el número de personas que pueden ser atendidas por cada abogado en cada llegada de migrantes.

“Entendemos que la petición viene justificada por la demanda extraordinaria de asistencia legal a migrantes que se está produciendo en las últimas semanas con las llegadas masivas, principalmente a la isla de El Hierro, que superan la capacidad para organizar de modo eficaz el servicio, ocasionando una demora en los tiempos de respuesta, y por eso la hemos autorizado, pero ligada a la exigencia ineludible de que el propio Colegio, que es quien tiene las competencias para hacerlo, establezca medidas de control de calidad”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Esta ampliación de la ratio de asistencias de cada abogado es una medida temporal y específica para la situación y se aplicará solo en los casos en los que sea necesario, según aclara Rodríguez.

La ampliación de la ratio por circunstancias excepcionales ya estaba prevista por la Resolución 1097/2023 de fecha de 17 de mayo, de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.