El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, suscribió este miércoles por la tarde, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en la sede Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, junto con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, la transferencia de competencias en Costas contemplada en el Estatuto de Autonomía de las islas que se renovó en 2018.

En la rueda de prensa posterior, Torres se congratuló de este “resultado histórico” tras un “difícil proceso de negociación”, iniciado desde el comienzo de esta legislatura y que ha presentado diversos “puntos complejos” que, sin embargo, no han impedido que el Archipiélago pueda gestionar las competencias en Costas desde el 1 de enero de 2023.

Otras regiones lograron incluir estas competencias en sus estatutos de autogobierno con mucha más antelación (algunas en 2008) y por ahora siguen sin ejercerlas, recordó el presidente canario.

Pese a la “difícil” negociación, Torres subrayó la relevancia de la agilidad en el traspaso si se atiende a que el nuevo Estatuto canario se aprobó hace menos de cuatro años. Recalcó que lo que siempre ha buscado el Gobierno de Canarias es “hacer un buen traspaso que diera seguridad jurídica y fuera pragmático y efectivo en el día a día y desde el principio, aunque eso supusiera algunos meses de retraso”.

En esta línea, felicitó al equipo de la Consejería de Transición Ecológica que se ha encargado de este proceso y al del Ministerio por los esfuerzos hechos para alcanzar el acuerdo más satisfactorio posible. De hecho, subrayó que, como reclamaba Canarias, se gestionarán las mismas competencias que Cataluña o Andalucía.

El presidente de Canarias llamó la atención sobre el hecho de que la última Comisión Bilateral, cuya acta se aprobó este miércoles, tuvo lugar en diciembre de 2010, con Zapatero como presidente de España y Paulino Rivero como responsable del Gobierno regional, así como que la Comisión Mixta previa a la de este miércoles fue en 2015.

Por eso, considera “muy relevante” que, en menos de tres años, se hayan cerrado estas dos reuniones tras resolverse los 18 conflictos que ha habido entre Canarias y el Estado en este tiempo, algunos de ellos llevados al Tribunal Constitucional, si bien han decaído o se han alcanzado acuerdos, como ha ocurrido con el 80 por ciento de deducciones a la inversión para las producciones audiovisuales.

"Nuestra costa es una de las joyas"

Torres subrayó que la costa de Canarias, mayor que la de otros territorios, "es una de las joyas de las Islas y un gran reclamo turístico, pero hay que preservarla". “De ahí, la importancia de las desaladoras o los emisarios para cumplir también con la Agenda Canaria 2030", dijo.

El jefe del Ejecutivo explica que Canarias incorpora 20 trabajadores ahora estatales y dos sedes, si bien se contempla incrementar la plantilla en 25 efectivos más

A su juicio, los 20 puestos de trabajo que se traspasan por el Estado son “insuficientes”, pero se completarán con otros 25 empleados más que se irán incorporando desde enero próximo, con lo que la cifra final “sí ofrece garantías para una gestión efectiva”.

El acuerdo del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad en materia de ordenación y gestión del litoral de las islas prevé un paulatino incremento del personal encargado de estas competencias con el fin de garantizar una adecuada gestión.

Con ese fin, se prevé destinar 1,5 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático para incrementar el capítulo de personal y asumir esta plantilla según los términos contemplados en el Estatuto de Autonomía.

“La transferencia no implica cambios en la Ley de Costas, aunque sí garantiza una mayor cercanía, conocimiento y sensibilidad en la protección y gestión del litoral isleño al encargarse desde ahora el Ejecutivo canario, siempre dentro de los márgenes de la normativa estatal”, señaló el Gobierno autonómico en un comunicado.

Fruto de esta negociación, y aparte de los 20 trabajadores, el traspaso incluye dos bienes inmuebles (cuyo mantenimiento y reposición corresponderá ahora a la comunidad), siete vehículos y los contratos del suministro de agua y electricidad. A falta de incrementar la plantilla, el acuerdo requiere de un desembolso de 805.368 euros por el personal y los equipos traspasados.

La controversia respecto a los puertos también se ha resuelto este miércoles, según indicó Torres, con una postura común que preserva el hecho de que se prorroguen las licencias de los puertos deportivos cuando existen inversiones relevantes.