El Gobierno de Canarias exige al Estado que transfiera al archipiélago 754 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado de este año, al margen de cuándo se constituya el nuevo Ejecutivo, pues "las islas no pueden esperar", ha afirmado el portavoz canario, Afonso Cabello.

"No sabemos cuándo habrá Gobierno, nos esperan semanas de muchísima incertidumbre y el Gobierno de Canarias no puede perder ni un minuto", ha dicho Cabello tras el Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

Esos 754 millones de euros pendientes de trasferir incluyen ayudas a la isla La Palma, al transporte marítimo, fondos para el convenio carreteras, para la lucha contra la pobreza y otros asuntos.

"Son partidas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado que deben ser trasferidas, no podemos seguir esperando varios meses", ha dicho Cabello.

Asimismo, ha insistido en que "el organigrama del Estado está en funcionamiento, se abre un período de mucha incertidumbre y hoy mismo vamos a reiterar nuestra petición".

Cabello se ha referido al "ruido que ha habido en las últimas semanas y el que habrá en las próximas semanas, necesitamos que no se pierda el verano en este baile que se ha abierto en el panorama estatal".

Igualmente, ha informado de que el Gobierno de Canarias ha mantenido contactos con el Ministerio de Transportes para una modificación en las ayudas al transporte de mercancías, y con el de Asuntos Exteriores ante el aumento en la llegada a las islas de cayucos procedentes de Senegal.

El Ejecutivo canario ha expresado su preocupación por la red de acogida a estos inmigrantes si, como vaticinan algunos expertos, aumentan las llegadas a las islas.

Cabello se ha referido también a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024 y la regla de gasto que, según algunas informaciones, se aplicaría el año que viene, "todavía no se ha informado, estamos esperando acontecimientos, el Gobierno de Canarias elaborará el presupuesto en tiempo y forma" cuando lo sepa.

El Consejo de Canarias ha abordado también una modificación del Régimen Especial de Abastecimiento (REA), que cuenta con el consenso con todos los sectores para ayudar a la producción, y prevé 51 millones de euros hasta final de año para mitigar el sobrecoste en la alimentación y en los bienes para la producción.