Canarias fue durante el tercer trimestre del presente año 2022 la comunidad autónoma con la tasa de demandas judiciales por despido más alta de España: 95,5 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Las Islas también fueron en el periodo de estudio el territorio con las mayores tasas de lanzamientos, procesos por reclamación de cantidad y juicios monitorios (reclamación de deudas ante los juzgados de la jurisdicción civil).

Entre julio y septiembre, el Archipiélago superó en 10,1 puntos al segundo territorio con más litigiosidad laboral, la comunidad de Madrid (85,4 demandas por cada 100.000 habitantes). La tercera comunidad con mayor tasa de demandas por despido entre julio y septiembre fue Cataluña, con un índice de 74,1.

En cifras globales, en el pasado verano se presentaron en las Islas 2.079 demandas por despido, un 15,4% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1.801 pleitos por pérdida del puesto de trabajo.

Monitorios y reclamaciones de deudas

También la Comunidad estuvo a la cabeza del Estado en las tasas de procesos monitorios y de reclamaciones de cantidad. En cuanto a monitorios, en el periodo de análisis se computó en Canarias una tasa de 637 procesos por cada 100.000 habitantes, la más alta con diferencia por delante de Madrid (498,4) y Valencia (477,2).

En cuanto a reclamaciones de cantidad, la tasa en las Islas fue de 86,3 casos por cada 100.000 habitantes. La segunda fue el País Vasco (75,8), y la tercera, Asturias, (68,4).  

Lanzamientos

Según el informe, las Islas fueron igualmente el territorio que registró la tasa más elevada de lanzamientos (desalojos de inmueble): 23,6 por cada 100.000 habitantes. Cataluña y Murcia ocuparon el segundo lugar, con una tasa de 22,1, y Baleares, el tercero (21,8).

El estudio del gobierno de los jueces revela que los órganos judiciales del Archipiélago llevaron a cabo durante el tercer trimestre del año en curso un total de 514 lanzamientos (un 127,6% menos que en el mismo periodo de 2021).

De los cuales 56 lo fueron en ejecución de la Ley Hipotecaria (un 40,4% menos que en el mismo periodo del año anterior), 429 por la Ley de Arrendamientos Urbanos (un 15,9% menos que en el verano anterior) y 29 por otras causas no especificadas.

Los datos generales de lanzamientos (esto es, la suma de desalojos ejecutados por impago de alquiler, de hipoteca u otros) sitúan a Canarias como la región con la tasa más alta en el tercer trimestre de 2022: 23,6 lanzamientos por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar lo compartieron Cataluña y Murcia con 22,1 casos y el tercero Baleares, con 21,8.

Concursos

En lo que se refiere a procesos concursales, en los juzgados de lo mercantil de las Islas se presentaron en el tercer trimestre de 2022 un total de 288, un 62,7% más que  en el mismo periodo de 2021 (177). De estos, 20 fueron impulsados por “persona natural empresario” (un 9,1% menos que en el mismo periodo de 2021), 222 por “persona natural no empresario” (un 70,8% más que en el verano del año anterior) y 46 por persona jurídica (un 84% más que en el mismo periodo de 2021).

Esta cifras sitúan a Canarias como la quinta comunidad con mayor número de concursos en términos absolutos durante el periodo de análisis. La primera fue Cataluña (2.167), la segunda, Madrid (1.150); la tercera, Valencia (841), y la cuarta, Andalucía (932).

En cuanto al movimiento de procesos por aplicación indebida de clásulas que fijan el interés mínimo en los prestamos hipotecarios (las llamadas cláusulas suelo), durante el tercer trimestre del presente año los órganos judiciales de las Islas vieron 559 casos, un 53,5% menos que en el mismo periodo de 2021, cuando se revisaron 1.203 demandas de esta naturaleza.

El estudio también ofrece datos sobre la ocupación ilegal de viviendas: entre julio y septiembre de 2022 se computaron en las islas 36 demandas de desalojo de los llamados okupas, un 12,5% más que en el verano anterior (32 casos).

En referencia a este fenómeno, detalla que Canarias registró en el periodo de estudio una tasa de 1,7 casos de okupación por cada 100.000 habitantes, la cuarta cifra más alta del país junto a Cataluña. La tasa más alta correspondió a Castilla-la Mancha (2,5), la segunda, a Baleares, y la tercera, a Valencia (1,9). 

Datos nacionales

En lo que atañe a cifras globales del estado, el número total de concursos presentados en los órganos judiciales durante el tercer trimestre de 2022 experimentó un crecimiento del 76,2 % con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2021. Este incremento se debe al aumento sufrido por todos los tipos de concursos: los presentados por personas naturales no empresarios, que fue del 51,1 por ciento; los de personas naturales empresarios, que se situó en el 82,6 por ciento; y los de personas jurídicas, que tuvieron un crecimiento interanual del 122,8 por ciento.

El trimestre analizado se ha visto afectado por el fin de la vigencia de la moratoria concursal el pasado 30 de junio, después de varias prórrogas desde que se aprobó por primera vez en marzo de 2020.

La moratoria concursal suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y supuso, además, que no se admitieran a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante su vigencia. No obstante, esta moratoria no impedía que el deudor que se encontrara en situación de insolvencia pudiera solicitar la declaración de concurso.

Según recoge el informe, el número total de concursos presentados entre julio y septiembre de 2022, contabilizando los registrados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas naturales no empresarios, presentados hasta el 17 de agosto de 2022 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, ascendió a 7.225.

Esta cifra ha supuesto un incremento del 76,2 por ciento del total de concursos respecto al mismo trimestre de 2021.  

Cataluña, con un total de 2.167 (el 30 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma que registró un mayor número de concursos. Le siguieron la Comunidad de Madrid, que registró 1.150; Andalucía, con 932, y la Comunidad Valenciana, con 841.

El número de concursos presentados por personas naturales no empresarios fue de 3.318, mientras que el de personas naturales empresarios se situó en 1.530. Finalmente, los concursos de personas jurídicas sumaron 2.377.

El 17 de agosto entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello tiene más sentido realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce, sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, en los Juzgados de lo Mercantil se presentaron 2.377 concursos, un 122,8 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021. Madrid fue el territorio en el que se registraron más concursos de este tipo: 609, lo que supone el 25,6 por ciento del total. Le siguieron Cataluña, con 526; Comunidad Valenciana, con 343; y Andalucía, con 290.   

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, también en los Juzgados de lo Mercantil (1.530), mostraron un incremento del 82,6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2021. Cataluña fue la Comunidad Autónoma con mayor número (786, que representan el 51,4 por ciento del total nacional), seguida por Madrid, con 146; Comunidad Valenciana, con 117; y Andalucía, con 115.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios (3.318) mostraron un incremento del 51,1 % respecto al mismo trimestre de 2021.  Cataluña fue la Comunidad Autónoma que más concursos de este tipo registró (855, que representan el 25,8 por ciento del total nacional). Le siguieron Andalucía, con 527; Madrid, con 395; y Comunidad Valenciana, con 381.

Concursos declarados

El número de concursos declarados en el tercer trimestre de 2022 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 1.901, con un incremento del 79 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 1.414 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 470 de la Ley Concursal.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 60 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 1.016, un 64,1 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021.

Respecto a los expedientes del artículo 169 del texto refundido de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 79, lo que ha supuesto una reducción del 24,8 por ciento si se compara con el mismo trimestre del año anterior.

Los despidos, aumentan

En el tercer trimestre de 2022 se presentaron 30.167 demandas por despido, un 14,1 por ciento más que en el mismo trimestre de 2021. Cataluña, con 5.770 (el 19,1 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Madrid, con 5.761; Andalucía, con 4.923, y la Comunidad Valenciana, con 3.519.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 26.050, fue un 2,4 por ciento superior a las presentadas en el segundo trimestre de 2021. De ellas, 4.998 se presentaron en Andalucía, cifra que representa el 19,2 por ciento del total; 3.700 en Madrid y 3.365 en Cataluña.

Monotorios

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2022 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 206.093, lo que supone un incremento interanual del 26,2 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 38.553, seguida de Cataluña, con 33.657; Madrid, con 33.611; y Comunidad Valenciana, con 24.295.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)

En el tercer trimestre de 2022 ingresaron en los juzgados especializados 14.936 asuntos de esta naturaleza; un 26,9 % menos que en igual trimestre de 2021. Se resolvieron 22.481 y quedaron en tramitación 170.691. Se dictaron 19.611 sentencias, de las que el 97,9 por ciento fueron estimatorias.

Disminución de los lanzamientos

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2022, en total 7.397, fue un 14,6% más bajo que en el mismo trimestre de 2021.

El 73,7 por ciento de los lanzamientos, 5.455, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.530 –el 20,7 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 412 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución del 30,5 % respecto al mismo trimestre de 2021. La reducción sufrida por los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos fue del 9,1 por ciento y, en el caso de los derivados de otras causas, del 9,8 por ciento.

Cataluña, con 1.724 lanzamientos (el 23,3 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el trimestre analizado. Le siguieron Andalucía, con 1.303; Comunidad Valenciana, con 935; y Madrid, con 774.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.197 (el 21,9 por ciento del total), seguida por Andalucía, con 888; Madrid, con 683; y Comunidad Valenciana, con 631.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, el mayor número se produjo en Cataluña, con 376; seguida de Andalucía, con 332; Comunidad Valenciana, con 271; y Murcia, con 132.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2022 fue de 11.425, un 7,8 % menos que en mismo trimestre de 2021. De ellos, 5.791 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 3 por ciento.

Durante el tercer trimestre del año, se presentaron 5.637 ejecuciones hipotecarias, un 13,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

El mayor número se dio en Andalucía, con 1.250 (el 22,2 por ciento del total nacional); seguida de Cataluña, con 1.114; Comunidad Valenciana, con 973; y Madrid, con 594. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, el primer lugar los ocupa Murcia, con 19,3 por cada 100.000 habitantes, seguida por la Comunidad Valenciana, con 19,1; y La Rioja, con 14,7.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2022 se registraron 607, un 33 por ciento menos que el año anterior. En Cataluña se presentaron el mayor número de demandas de este tipo, 130, que representan el 21,4 por ciento del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 102; Comunidad Valenciana, con 96, y Madrid, con 51.