Canarias necesitaría crear 8.075 plazas residenciales para personas mayores, casi tantas como las que tiene en este momento (9.979), para alcanzar los criterios fijados por la OMS de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, según un informe recopilado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

En ese estudio, las islas aparecen, además, como la única comunidad de España, junto a Madrid, donde las plazas de financiación privada superan a las públicas. En concreto, en Canarias las plazas públicas representan el 41,5 % del total.

En estos momentos, Canarias dispone 2,77 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, de las que 1,15 son de financiación pública y 1,62, privadas.

España tiene un déficit de 75.000 plazas los criterios de la OMS, de las que 62.000 serían ocupadas de manera inmediata por personas que están en la lista de espera de la dependencia.

De acuerdo con los últimos datos del Imserso, a finales de 2020 se registraban 5.529 centros residenciales con 389.677 plazas, 643 más que un año antes aunque insuficientes para alcanzar el incremento de personas mayores, por que lo que la ratio de cobertura siguió cayendo hasta 4,19 -4,22-.

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales analiza en un informe presentado este lunes la situación de las residencias de mayores en el año de la Covid, mostrando en general un déficit de plazas atendiendo a las pautas de organismos internacionales.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades con mayor déficit -30.236, 22.860 y 14.331, respectivamente-, mientras que cinco comunidades tienen más plazas que las fijadas por la OMS, destacando Castilla y León, con 17.541.

También tienen exceso de plazas Castilla-La Mancha (7.484), Aragón (4.671), Extremadura (3.833) y Asturias (1.689).

El tamaño medio de los centros es de 70,5 plazas por centro, alcanzado Madrid el número más alto con 110 y Extremadura el mínimo, con 46 plazas.

Aunque entre 2010 y 2020 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1,5 millones de personas, el número de plazas residenciales ha aumentado 20.872.

Dos de cada tres

El 63,2 % de las plazas residenciales son de financiación pública: en centros públicos, plazas concertadas en centros privados o plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Este porcentaje ha ido aumentado ligeramente en los últimos años, de manera que a finales de 2020 suponían 2,65 por cada 100 personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Aragón y Extremadura. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5 %.

Madrid es, con Canarias, la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5 %) que las de financiación pública (1,86 %).

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, destaca que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia, aun no se hayan recuperado el numero de plazas residenciales en el Sistema de Atención a la Dependencia: en febrero de 2020 eran 171.119 y en noviembre de 2021, 169.399, es decir, 1.720 plazas menos.

Déficit de plazas

Los 5.529 centros residenciales que había en España al finalizar 2020 son 13 menos que el año anterior, lo que confirma el estancamiento del sector, asevera Ramírez.

Los centros públicos son 1.451 (16 más que el año anterior) y los privados 4.078 (29 menos que antes de la pandemia).

El resultado es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit alcanza las 75.699.

Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias de manera inmediata al menos 62.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III) que están en lista de espera.

La última estadística del Imserso, actualizada en noviembre 2021, registra 91.729 personas valoradas con Grado II y III sin recibir aún las prestaciones o servicios a los que tienen derecho y más 67.000 pendientes de valorar, sumando un total de 158.729 personas en lista de espera.

Los expertos en servicios sociales estiman que cuatro de cada diez demandarían un servicio residencial, por lo que serían necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda actual de personas en ese limbo de la dependencia.