Canarias es una de las cinco regiones españolas cuyos servicios sociales públicos mejoraron en 2021 su calificación (3,66) en la evaluación que de ellos hace la Asociación de Directoras y Gerentes de la red pública de protección social, pero arrastra un notable déficit en la oferta de plazas residenciales para mayores de 65 años: 1,15 por cada 100, la más baja del país.

Navarra tiene los mejores servicios sociales y Madrid, los peores, según la evaluación que hace la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales del sistema público de protección social que atiende las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2021 (Índice DEC), que elabora cada año esta organización de profesionales con datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos, muestra que dos de cada tres personas -el 62,2 % de la población- viven en comunidades con sistemas de protección social débiles y con enormes trabas administrativas.

Pese a que las comunidades autónomas y entidades locales han incrementado un 10 % el gasto en estas partidas durante ese periodo de pandemia, no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y prestaciones, ha destacado el coordinador del informe, Gustavo García, en la presentación del índice.

Los servicios sociales en España obtienen una evaluación media de 5,1 -similar a 2017 y perdiendo lo ganado en los últimos cinco años. La nota más alta la tiene Navarra (7,39), seguida de Castilla y León (6,89); a la cola, Madrid (3,07), Murcia (3,09) y Canarias (3,66).

Sólo cinco comunidades mejoran la calificación de sus servicios sociales en 2021, respecto a un año antes: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja.

Diez comunidades empeoran: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco; y dos mantienen la misma calificación: Andalucía y Valencia.

El gasto público en servicios sociales pasó de los 406 euros de media por habitante destinado en 2019, a 447 euros con el presupuesto ejecutado de 2020, pero con grandes diferencias entre regiones, que oscilan entre los cerca de mil euros que destina País Vasco y los 600 de Navarra, a los 317 de Murcia y 357 de Madrid.

Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los diferentes territorios; por ejemplo, en Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, en Madrid uno por cada 5.515 habitantes.

En Castilla-La Mancha hay 6 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años (5,96), mientras que en Canarias hay una plaza (1,15).

"La covid ha quebrado la tendencia de recuperación de los servicios sociales que se venía constatando desde 2016, cuando más necesita la gente los servicios sociales no se mejora la cobertura ni las prestaciones y servicios", ha lamentado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Deterioro en residencias, ayuda a domicilio y atención en barrios

Frente al incremento del gasto, algunos servicios sociales se han visto deteriorados o incluso han retrocedido. Es el caso de los servicios sociales básicos o comunitarios, la red de atención primaria del sistema en barrios, pueblos y comarcas, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 en 2020, a uno por cada 2.064 habitantes en 2021.

Las plazas residenciales para personas mayores, un servicio tan afectado por la pandemia, se mantiene prácticamente igual (2,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años).

"Urge una profunda revisión del sistema para hacerlo eficaz y eficiente, y ello pasa por racionalizar sus cometidos y por agilizar sus procedimientos", ha explicado el coordinador del informe Gustavo García, quien ha opinado que los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos "no pueden obviar sus responsabilidades, para eso tienen las competencias".

García ha criticado que mientras que el Gobierno aprobó "cuantiosas partidas milmillonarias" para apoyar a sectores afectados por la pandemia, no lo hiciera con los servicios sociales, mientras que se han dejado sin gastar 72 millones de euros del plan de choque de la dependencia, a pesar de las listas de espera y la situación crítica que vivieron las residencias o la ayuda a domicilio.

"Los servicios sociales atienden a personas mayores, víctimas de violencia de género, niños que necesitan hogares o familias que necesitan ayudas para sobrevivir", ha recordado.

Después de una década y dos crisis

En el balance que hace la asociación de los últimos diez años, período en el que han ocurrido dos crisis, el gasto por habitante se ha incrementado un 26,2 %, desde los 350 euros de 2011 a 447 en 2020; aunque se reduce del 8,14 al 7,78 el porcentaje del presupuesto que destinan las comunidades y ayuntamientos a servicios sociales.

Cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor la autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Si en 2012 esta proporción era 83,3 % en administraciones autonómicas y 14,6 en locales, en 2020 pasa a ser 69,4 % y 30,6 % respectivamente.

En relación con las prestaciones y servicios, mejoran la mayor parte de los indicadores, como el número de profesionales por habitante, pasando de uno por cada 3.765 habitantes en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021; aunque empeora por ejemplo la intensidad de la Ayuda a Domicilio (19,3 horas de media mensual en 2011 a 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores (60,4 % en 2011 a 50,1 % en 2020).