El Gobierno de Canarias pide mayor peso de la insularidad e incluir la pobreza como factor a tener en cuenta en el reparto de la financiación estatal a las comunidades autónomas, y recuerda al Ejecutivo central que los recursos tributarios del REF no forman parte de ese sistema. 

Así se lo ha trasladado por escrito la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de un documento técnico con las alegaciones y propuestas presentadas al informe de ese Ministerio sobre el cálculo de población ajustada.

La población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma, detalla el gobierno canario en un comunicado.

El documento técnico remitido a Hacienda complementa algunas de las consideraciones remitidas el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021.

En relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), Canarias argumenta que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada.

Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, se asegura en el documento, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

Así, en el caso de la sanidad se señala que "existen evidencias claras del impacto negativo que tiene una mayor pobreza en el estado de la salud de la población, y, por lo tanto, en unas mayores necesidades de gasto en materia de servicios sanitarios".

De ahí la necesidad de que se considere para contar con una fórmula de medición de necesidades de gasto "justa y equilibrada", que permita que las comunidades más afectadas puedan ofrecer unos servicios a su población "en igualdad de condiciones".

Esta necesidad de precisión, añade el documento del Gobierno de Canarias, es más importante aún ante un escenario en el que se plantea incrementar la ponderación del gasto sanitario en la fórmula de la población ajustada.

Sobre este mismo bloque competencial, Canarias también echa en falta un análisis del impacto del turismo en los costes sanitarios, a pesar de haberlo solicitado en julio.

La administración canaria se pronuncia en similares términos en relación con el gasto educativo, si bien en este caso también reprocha al Gobierno central que no haya considerado que los peores niveles de renta conllevan unas necesidades de gasto mayores y que los territorios con menos renta son los que tienen peores resultados académicos y más necesidades de programas especiales de apoyo.

En el caso de los servicios sociales, Canarias considera fundamental añadir un indicador destinado a medir la pobreza y que sirva para calcular las necesidades de gasto relacionadas con la exclusión y la vulnerabilidad.

El documento rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda de realizar los cálculos sobre el número de parados sin prestación por desempleo, al considerar que la casuística de la exclusión es más diversa.

Propone el uso de la tasa AROPE, "un indicador multidimensional más aceptado que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)", aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza).

Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), "tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE", esgrime la Consejería canaria de Hacienda.

El informe del Gobierno regional se detiene también en el análisis de las variables geográficas y demográficas propuestas por el Ministerio y asegura, entre otras cosas, que comparte el criterio de la estrecha relación entre las variables despoblación, superficie y dispersión.

Y, en particular, que la despoblación debe ser abordada por instrumentos de desarrollo regional, no con la financiación autonómica.

Precisamente por ello, los autores del informe, técnicos de la Consejería y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no entienden que, sin embargo, se le otorgue a la despoblación peso específico en la propuesta enviada desde Madrid, porque, además, no supone mayores gastos en servicios.

No encuentran ninguna justificación para añadir una variable distinta a la de “superficie”, dado que este indicador ya mide la densidad de población, y dispersión.

En relación con la insularidad, se hace constar en el documento remitido a Madrid que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está "claramente infrarrepresentada" en el documento remitido desde el Gobierno central.

De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es "significativamente inferior "a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

La insularidad, se subraya en el informe, es el único instrumento para considerar la lejanía de 1.300 kilómetros respecto a la Península y la doble insularidad que padecen las islas no capitalinas.

A esto se añaden dificultades como el relieve, la orografía y la superficie reducida.

"La evidencia de las dificultades que suponen estas desventajas ha llevado a que Canarias sea considerada en el Tratado de Funcionamiento de la UE como región ultraperiférica (RUP), con una aplicación especial del derecho comunitario", a la vez que acentúa el factor de su insularidad, recalca el documento.

En este apartado, los autores critican que el Ministerio haya mencionado explícitamente aspectos relativos a la financiación de Canarias al hablar de insularidad, cuando no se menciona a ninguna otra comunidad autónoma en todo el informe -centrado exclusivamente en la población ajustada- y recuerda que la integración de los recursos del REF "no tiene nada que ver con la importancia relativa que deba otorgarse a la insularidad en la población ajustada, sino que se justifican por las especiales y graves dificultades de carácter estructural, asociadas a la condición de RUP".

El Ejecutivo canario recuerda al Ministerio de Hacienda que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que "los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales".

Además, añade, el REF tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social de Canarias, "objetivo cuya vigencia continúa presente", conforme al artículo 1 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y a la exposición de motivos de la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales.