Canarias ha recibido en los nueve días trascurridos desde que comenzó octubre a 4.531 inmigrantes llegados en 53 embarcaciones, a un ritmo de 503 personas diarias, unas cifras sin precedentes desde la “crisis de los cayucos” de 2006, cuando la Ruta Canaria marcó su máximo histórico.

Según cifras oficiales a las que ha tenido acceso EFE, con las llegadas de esta noche y madrugada a Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, son 19.507 los inmigrantes rescatados en Canarias en lo que va de año, cuando a 30 de septiembre eran 14.976.

El máximo histórico de llegadas las islas por la Ruta Canaria se remonta a la llamada “crisis de los cayucos” de 2006, año en el que arribaron a las islas 31.678 personas. La segunda cifra más alta (y récord de la actual etapa) corresponde a 2020, con 23.271 rescates, de acuerdo con los balances que publica cada 15 días el Ministerio de Interior.

El flujo incesante de cayucos que ha recibido en la última semana Canarias, muy centrado en El Hierro y Tenerife y con varias embarcaciones por encima de los 200 ocupantes, ha hecho que la Ruta supere ya en 3.825 personas a todas las llegadas de 2022 (15.682).

Medias muy por encima del otoño de 2020

En los primeras nueve jornadas de octubre han llegado a las islas 503 personas diarias.

En 2020, la Ruta Canaria también experimentó un gran pico en los meses de octubre y noviembre, que concentraron el 58 % de las llegadas de aquel año (13.485 inmigrantes sobre un total de 23.271).

Si aquellos dos meses se examinan por quincenas (son los datos que publica Interior), se puede comprobar que ni siquiera entonces se observaron los ritmos de llegadas de este mes de octubre.

Del 1 al 15 de octubre de 2020 fueron rescatados o alcanzaron la costa de Canarias un promedio de 134 personas al día; del 16 al 31 de octubre fueron 206 al día; del 1 al 15 de noviembre, 356 al día; y del 16 al 30 de noviembre, 187 al día. Ninguna de esas quincenas de actividad frenética alcanzó el promedio del presente octubre.

En 2020, la llegada a Canarias de 13.485 personas en dos meses hizo que el sistema colapsara, dejando para la historia imágenes como la de más de 2.300 personas durmiendo hacinadas durante días sobre el suelo del muelle de Arguineguín, por falta de recursos.

Atascos en la red de primer acogida y filiación policial

Esta vez, el sistema solo ha colapsado puntualmente, en un par de días en los que los recién llegados se han visto obligados a dormir una noche en los muelles de Arrecife (Lanzarote, del 1 al 2 de octubre) y Los Cristianos (Tenerife, del 6 al 7).

Y lo ha hecho fundamentalmente en la red de primera acogida, en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) donde todos aquellos que arriban en patera en las islas pasan hasta 72 horas bajo custodia policial, mientras se completa su filiación, porque el Ministerio de Inclusión ha asegurado a EFE que los recursos de acogida humanitaria de la Secretaria de Estado de Migraciones en las islas siguen teniendo plazas disponibles.

No obstante, sí están al límite la plazas de acogida para menores bajo tutela del Gobierno de Canarias, que tiene ya bajo su responsabilidad a unos 3.000 chicos (a principios de 2019 eran solo 281) y se ha visto obligado a trasladar de El Hierro a Gran Canaria y Tenerife a todos los llegados en estos días, para descongestionar los centros de la isla con menos población y recursos.

Diferencias con los días de Arguineguín

¿Por qué en estos nueve días de octubre, con mayor presión de llegadas diarias que en 2020 no se han repetido las escenas del muelle de Arguineguín o, si lo han hecho, ha sido solo durante una noche y con 200 personas como máximo?

La respuesta se encuentra en varios factores: el primero de ellos consiste en que 2020 la red de acogida en Canarias estaba casi desmontada, hasta el punto de que la Secretaria de Estado de Migraciones tuvo que montar campamentos a toda prisa y convertir en albergues de emergencia hoteles sin actividad por la pandemia. Ahora, Migraciones dispone de una red que ronda las 5.000 plazas.

El segundo factor se encuentra en la propia pandemia, que obligaba a poner en cuarentena a los recién llegados en espacios que se revelaron insalubres, como denunció el Defensor del Pueblo en sus informes, lo que provocaba que algunas inmigrantes encadenaran una cuarentena con otra al mezclarlos en el mismo centro con grupos llegados con posterioridad. Esa situación ya no se da.

Y la tercera diferencia estriba en que en 2020 se cerraron los puertos y aeropuertos los migrantes para que no se trasladaran a la península, hasta que varias resoluciones judiciales obligaron a la Policía a respetar el derecho de esas personas a moverse por el territorio nacional si no eran expulsadas en los plazos legales.

La Policía aseguró entonces que las restricciones de viaje que imponía se debían a las limitaciones sanitarias vigentes en varias comunidades autónomas. Las ONG entendieron que se trataba de un intento por retener en las islas a quienes llegaban en las pateras, en una dinámica que reproducía en Canarias, a su juicio, lo que la UE ya había ensayado en Lampedusa (Italia) y Lesbos (Grecia).

Canarias pide ayuda urgente con los menores

Esa circunstancia tampoco se da en este momento, por lo menos con los adultos. De hecho, el Gobierno central está derivando desde Canarias a recursos de la península en pocos días a quienes llegan en patera a Canarias para descongestionar la red de acogida.

No ocurre lo mismo con los menores, colectivo con el que el Gobierno de Canarias sigue reclamando medidas de solidaridad obligatoria. Desde 2021, las demás comunidades autónomas solo han acogido a 365 menores llegados a Canarias (y no todas).

Por eso, tanto el anterior Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) como el actual de Fernando Clavijo (CC) vienen reclamando de manera insistente una reforma legal que sustituya la solidaridad voluntaria por un reparto obligatorio de menores entre todas autonomías, porque reconoce que es incapaz de prestar la atención que requieren 3.000 menores en términos de acogida, sanidad, educación e integración.

Este mismo miércoles 11, la Conferencia Sectorial de Infancia va a abordar cómo se da cumplimiento al acuerdo que ya se cerró el año pasado para que en 2023 el resto de comunidades autónomas asuma la tutela de 342 menores inmigrantes ahora acogidos en Canarias.