El 40 por ciento de los hogares españoles estaría situado en zonas de mercado de alquiler tensionado, si se aplicara el criterio más estricto de los que se discuten en la negociación de la ley de vivienda, que es que el inquilino destine más del 30 por ciento de sus ingresos a pagar la renta, entre ellas varias áreas de Canarias, según un estudio de la consultora Atlas.

Con ese criterio, que es el que defiende Unidas Podemos, más de 8,6 millones de hogares se verían afectados, tanto en alquiler como en propiedad, ya que el informe señala que "un área tensionada afecta no solo al mercado del alquiler, sino también al mercado de la vivienda, ya que el atractivo de precios de alquiler alto también arrastra a los precios de compraventa y el stock disponible se vuelve escaso en ambos mercados".

En ese escenario, en el que una zona podría ser declarada tensionada solo con una tasa de esfuerzo superior al 30 por ciento, dicha declaración afectaría a 1.606 áreas (códigos postales) de todas las provincias españolas, lo que supone un 14,5 por ciento del total.

El top 5 de las provincias con más áreas tensionadas lo formarían: Baleares, con un 85,5 por ciento de sus zonas en esa categoría; Málaga, con un 59,7 por ciento; Alicante, con un 43,2 por ciento; Barcelona, con el 43,2 por ciento y Las Palmas, con un 42,5 por ciento de zonas tensionadas.

El 20% de hogares en el escenario más cauto

El estudio de Atlas Real Estate Analytics, consultora inmobiliaria que aplica herramientas de ciencia de datos al mercado inmobiliario en España y Portugal, baraja otros dos escenarios para analizar el impacto que podrían tener las áreas de mercado residencial tensionado de la futura Ley por el Derecho a la Vivienda por su implicación para los inversores.

En el escenario más cauto -el que recoge el proyecto de ley que entró en el Congreso-, el porcentaje nacional de áreas tensionadas se reduciría hasta el 4,2 por ciento del total, con un total de 465 códigos postales en 38 provincias, lo que afectaría a 4,2 millones de hogares (19,8 por ciento).

En ese escenario los requisitos para declarar una zona tensionada son que el área tenga una tasa de esfuerzo media superior al 30 por ciento y que el precio del alquiler en los últimos cinco años haya subido al menos un 5 por ciento por encima del IPC regional de los últimos 5 años.

Las provincias más afectadas en este caso serían: Málaga, con el 68,2 por ciento de sus áreas susceptibles de ser declaradas tensionadas, Valencia (48 por ciento), Alicante (44,1 por ciento), Baleares (40,6 por ciento) y Santa Cruz de Tenerife (33,6 por ciento).

Enfoque medio

La consultora ha estudiado el impacto de un tercer escenario (en torno al cual se mueve en estos momentos la negociación parlamentaria), según el cual la ley de vivienda recogería que las zonas tensionadas serían aquellas con una tasa de esfuerzo media superior al 30 por ciento y con un precio del alquiler que haya subido por encima del IPC regional en los últimos cinco años.

En él, 5 millones de hogares se encontrarían en zona tensionada (el 23,6 por ciento), un millón de ellos en Madrid capital y otro millón en Málaga, Valencia y Baleares.

Con esos criterios habría 525 zonas tensionadas (4,7 por ciento) en 38 provincias, encabezadas por Málaga, con 31,4 por ciento de zonas tensionadas; Madrid, con el 23,1 por ciento; Alicante (21,6 por ciento); Baleares (20,1 por ciento) y Valencia (17,4 por ciento).

En opinión de Atlas, la disparidad de cifras evidencia la necesidad de definir "criterios sólidos y acordes a la realidad del mercado inmobiliario para garantizar que la nueva ley se aplique de forma eficaz".