Más de 630.000 personas viven en situación de exclusión en Canarias y sólo el 15 por ciento de ellas percibe el ingreso mínimo vital, lo que para Cáritas supone una emergencia social "que abre las carnes" y un tirón de orejas a las administraciones públicas para que se pongan las pilas.

El dato procede del Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social que en esta ocasión se ha adelantado al previsto para 2024 con el objetivo de analizar el impacto de la covid-19 en la sociedad isleña, y que ha sido presentado hoy por los obispos de Canarias y de Tenerife, José Mazuelas y Bernardo Álvarez, respectivamente.

La covid-19 ha impactado en la sociedad canaria como un "Titanic" que ha golpeado a las personas más vulnerables, que han cargado con las peores consecuencias en un "shock sin precedentes" en el archipiélago especialmente en las familias con niños, mujeres, inmigrantes y jóvenes, ha detallado Daniel Rodríguez de Blas, técnico de la Fundación Foessa y coordinador del informe.

El informe es "la primera radiografía social completa de lo que ha supuesto el impacto de la pandemia" pero no hay que buscar en la covid-29 las diferencias entre Canarias y el resto del país, pues en las islas hay elementos estructurales de desigualdad que provienen de su mercado laboral precario y que "expulsa" a determinados perfiles, ha precisado el técnico de Foessa.

Pero con la pandemia la exclusión "se ha ensanchado" hasta alcanzar al 29 por ciento de la población canaria y las grandes damnificadas son las familias más frágiles y desfavorecidas, a las que no ha llegado la respuesta pública, ha indicado.

De la población en exclusión casi la mitad, unas 300.000 personas, están en situación "crítica", y de ellas unas 175.000 no cuentan con elementos que ayuden a su integración.

Los niveles de pobreza monetaria en el archipiélago son altos y persistentes, superiores al resto del país y que, en su versión más severa, sufren unas 425.000 personas en las islas y el 11 por ciento de las familias canarias.

Además, el 30 por ciento de los hogares canarios cuentan con un nuevo factor de exclusión provocado por la pandemia: la brecha digital, y de los que se encuentran en pobreza severa este porcentaje llega al 44 por ciento, lo que conlleva pérdida de oportunidades laborales, formativas y de acceso a prestaciones sociales.

De hecho, pierden casi cinco veces más oportunidades por este "apagón digital" que la población integrada, ha puntualizado Daniel Rodríguez de Blas, para añadir que esta crisis ha feminizado aún más la exclusión, pues está en esta situación el 28 por ciento de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer.

Otro factor de desventaja es ser extranjero en el archipiélago, con cerca de la mitad de los hogares integrados por foráneos en situación de exclusión, lo que dibuja "una nueva línea en una sociedad fracturada".

Y ahora se suma un nuevo factor de riesgo: ser joven, pues no hay empleo o es precario, a lo que se añade que en Canarias "está penalizado" tener hijos y lastra las condiciones de vida, pues la tasa de exclusión de familias con menores a su cargo es del 35 por ciento, frente al 17 por ciento cuando los hogares están formados sólo por adultos.

Casi 130.000 hogares en las islas dependen de una persona que sufre una inestabilidad laboral grave, esto es, que ha pasado tres o cuatro meses al año en paro, ha tenido igual número de contratos diferentes y ha trabajado para varias empresas.

Desempleo cronificado

Se ha cronificado el desempleo en Canarias y más de 50.000 familias están encabezadas por una persona en paro, y son 120.000 los hogares en los que todas las personas activas carecen de trabajo.

Además, más de 70.000 familias carecen de algún ingreso periódico o predecible que permita alguna estabilidad y desde la pandemia más de 180.000 hogares han abandonado tratamientos y dejado de comprar medicamentos por problemas económicos.

Asimismo, más de 165.000 familias han caído en situación de pobreza tras terminar de pagar la hipoteca de su vivienda y frente "al gran tsunami" de la covid-19 ha habido tres estrategias, la primera la de recurrir a ahorros propios, lo que han hecho el 29 por ciento de los hogares y el 44 por ciento de los que están en exclusión, y que son los primeros en ver cómo han agotado sus recursos.

La segunda opción es tratar de buscar dinero, ayudas u otros recursos, lo que ha hecho el 22 por ciento de los hogares, y el 55 por ciento de los que están en exclusión.

Y la tercera medida ha sido la de reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado, lo que ha hecho el 23 por ciento de las familias, y el 58 por ciento de las que están en exclusión.

Al respecto, del informe de Foessa se desprende que los hogares integrados por mayores de 65 años han mostrado mayor capacidad de resistencia a la crisis por la capacidad protectora de las pensiones, y en el reverso se encuentran las familias con niños y las monoparentales.

Estas han tenido que reducir el gasto en mucha mayor medida que el conjunto de la población y estas medidas no son inocuas, pues dejan "heridas" en las oportunidades de futuro de los hijos, ha advertido el técnico de Foessa.

Y frente a esta difícil realidad, ha proseguido, ocho de cada diez familias en exclusión no están pasivas, sino que participan en programas para salir de esta situación y es una muestra "de la falsedad del supuesto efecto desincentivador de las prestaciones sociales".

Pero también es cierto que estas familias "no pueden seguir siendo héroes por más tiempo" y necesitan políticas públicas "de altura", ha reclamado.

Para el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, este informe debe despertar la conciencia "de que tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos" para ayudar a las personas más vulnerables, pero también con la implicación de empresas e instituciones públicas.

“A uno de le abren las carnes”

José Mazuelos, obispo de Canarias, ha afirmado que cuando se lee el informe "a uno se le abren las carnes" porque el coronavirus ha hecho estragos en la sociedad canaria y viene a pegar "un tirón de orejas a los poderes públicos" para que hagan políticas para el bien común, pues "hay una emergencia de caridad importante en nuestra sociedad".

Juan Rognoni, director de Cáritas en Tenerife, ha señalado que si bien el informe dibuja una fotografía grave de los problemas sociales, también permite buscar propuestas de soluciones y tomar decisiones "a todos los niveles".

Y éstas son, según Gonzalo Marrero, director de Cáritas en Canarias, reimpulsar el modelo de políticas públicas sociales, mejorar los canales de acceso a la cobertura del ingreso mínimo vital y poner a la vulnerabilidad social en el centro de las decisiones, pues actualmente "no ocupa el número uno de las políticas sociales, económicas y generales de la comunidad autónoma".