Una decena de colectivos y más de 70 personas a título individual han denunciado públicamente la “opacidad” del Cabildo de Lanzarote, gobernado por PSOE y Podemos, al tramitar la eliminación “de gran parte de la normativa, determinaciones urbanísticas y directrices indicativas del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Lanzarote de 1991”, que es el que está en vigor.

En la última comisión informativa de Política Territorial, donde se analizan los asuntos antes de pasar al pleno del Cabildo, se llevó un documento del PIO al que se le tachan lo que en la Consejería consideran determinaciones urbanísticas y directrices indicativas del planeamiento insular. El documento amputado del Plan Insular sería el que tendrían que utilizar los funcionarios del Cabildo desde que se aprobase en pleno.

“Queremos denunciar públicamente la opacidad y falta de transparencia de la política territorial del actual grupo de gobierno del Cabildo”, señalan los firmantes del comunicado. “De estos hechos, de gran trascendencia para la ordenación del territorio y para la preservación de la cultura de cuidado y protección del medio ambiente en Lanzarote, nos hemos enterado por la prensa”, añaden.

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En ese sentido, critican que “el actual grupo de gobierno no ha generado el más mínimo debate ni campaña informativa” sobre la medida de dejar de aplicar decenas de disposiciones del Plan Insular de Lanzarote, “su alcance, eficacia” y “trascendencia”, ni tampoco los “objetivos de esta derogación” en la práctica “del instrumento de planificación territorial de la Isla”.

“No se ha sometido a debate ni a plazo de alegaciones e información pública una medida tan trascendente para la ordenación territorial de la Isla”, recalcan. Los colectivos que firman el comunicado son la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC), la Confederación General del Trabajo de Lanzarote, Ecologistas en Acción, Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Canarias, Papacría, Pueblo Maho, Transparencia Urbanística, Viento del Noreste y WWF.

Además, advierten que sobre lo que está tramitando el equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote con respecto al PIO, “ya se ha pronunciado en fecha reciente la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, que considera, con respecto a una aprobación similar llevada a cabo por otro cabildo, que “no es más que un acuerdo interpretativo que no tiene eficacia jurídica directa en la esfera externa de los administrados, destacando la irrelevancia jurídica fuera del ámbito interno de la administración”.

“Inseguridad jurídica”

Los firmantes del comunicado resaltan que “tras casi cuatro años” de mandato “no se ha tramitado un nuevo Plan” –de hecho está pendiente de llevar también a pleno el archivo del iniciado por el urbanista José María Ezquiaga- “ni se afronta una modificación sustancial plena del mismo, sino que se opta por una derogación sin efectos ni eficacia frente a terceros”.

A su juicio, “solo se pretende obviar la normativa del Plan Insular en los informes técnicos internos, sin que pueda tener efectos frente a terceros, lo que lleva inevitablemente a una inseguridad jurídica patente y a una previsible litigiosidad y conflictividad de gravísimas consecuencias”.

La justificación que se da en el expediente llevado a la comisión informativa de Política Territorial es que hay que adaptar el Plan Insular a la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor hace cinco años.

Sin embargo, los colectivos aseguran que “la pretendida derogación” de parte del PIO de Lanzarote “excede con mucho lo dispuesto en la Ley del Suelo”, pues “no se limitan a dar por derogado las determinaciones urbanísticas contrarias” a la citada legislación autonómica, “sino que derogan determinaciones ambientales, energéticas, directrices que afectan al transporte público, a la subvención de la agricultura, a la preservación del paisaje y a los espacios naturales con carácter de directriz indicativa”.

“La forma de abordar esta derogación, como se señala en las sentencias ya citadas, no debe ser mediante un mero acuerdo interpretativo, sino mediante el abordaje de la preceptiva modificación sustancial plena del PIO de 1991”, recalcan.

“Torpe interpretación política”

En la misma línea, las asociaciones denuncian públicamente que “las determinaciones y directrices que se pretenden derogar” del PIO mediante acuerdo plenario, “no se someten al criterio de la legalidad establecida por la jurisprudencia sino a la torpe interpretación política efectuada por el equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, al derogarse directrices que afectan a suelos rústicos de protección y a actividades expresamente prohibidas por Plan Insular de 1991, como es la realización de rallys en los caminos rurales, caminos de tierra o caminos agrícolas”.

“Esta política territorial liderada por el actual grupo de gobierno no es respetuosa con las normas de transparencia, buen gobierno ni con una democracia madura y participativa”, recalcan.

En su opinión, “no tiene otra finalidad que la de autorizar o permitir actuaciones que chocan directamente con la cultura territorial de la isla, con la preservación del paisaje, con la condición de Reserva de la Biosfera de Lanzarote y con la Agenda 2030”.

Por ello, solicitan que se proceda a la retirada inmediata de la propuesta de tachar una parte importante del Plan Insular de Ordenación “y se afronte la necesaria y urgente modificación sustancial plena del PIO con todas las garantías jurídicas necesarias”.