Las obras en los apartamentos Oliva Beach, enclavados dentro del dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo, ponen a prueba el cumplimiento de la legislación ambiental en Fuerteventura. La cadena Riu pretende reformar el complejo de 360 apartamentos, pero también la “construcción de 15 apartamentos” nuevos en una “nueva ubicación”, así como la “modificación de zonas de uso público y gratuito por zonas de uso privativo”.

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, advirtió en un informe remitido al Ministerio de Medio Ambiente el pasado mes de septiembre que la “opinión” de su departamento es que el proyecto no tiene encaje y que incumple la concesión para ocupar el dominio público que fue otorgada a la empresa de la hotelera Carmen Riu.

En concreto, señala que para este proyecto “no es aplicable” una de las condiciones de la concesión del dominio público, ya que no se trata de “obras de reparación, mejora, consolidación y modernización”. Al contrario, además de los apartamentos de nueva planta, Riu también plantea la “reforma interior de zonas comunes” del complejo.

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias subraya que el Ayuntamiento de La Oliva pone “reparos” sobre la “modificación de volúmenes de edificación” y destaca que, si la empresa hotelera quiere seguir adelante, tendría que pedir el cambio “de las características de la concesión” que el Gobierno central le dio de los terrenos, casi 60.000 metros cuadrados.

Además, al pretender modificar zonas de uso público y gratuito por zonas de uso privativo, se tendría que justificar que se cumple con la obligación de que cualquiera pueda acceder a un espacio de más de 18.000 metros de la parcela.

Las de la Demarcación de Costas de Canarias no son las únicas advertencias. El departamento de Medio Ambiente del Cabildo recuerda que el complejo de apartamentos Oliva Beach se localiza “en un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000”, por lo que se requiere de una evaluación ambiental previa a cualquier autorización.

En su informe añade que aunque al Gobierno central le correspondería formular la declaración de impacto ambiental, es decir, autorizar o descartar el proyecto, antes debe “consultar preceptivamente” al Cabildo majorero, al ser el responsable de la “protección del medio ambiente” y de la “gestión y conservación de espacios naturales protegidos”.

Amenaza y presiones

Riu presentó hace algo más de un año ante Costas la petición para que se le autorizasen tres proyectos: la citada del complejo de apartamentos, la modificación de la piscina y la reforma del hotel. Sobre los dos últimos proyectos, consta el visto bueno del consejero de Turismo del Cabildo, Blas Acosta (PSOE), como mejoras turísticas y obras no significativas.

Los sindicatos han sugerido que la empresa prepara un ERE en caso de no poder acometer sus proyectos y se han puesto en primera línea, con concentraciones ante la Dirección Insular de la Administración General del Estado, ruedas de prensa y reuniones con la vicepresidenta Carmen Calvo. Comisiones Obreras, UGT e Intersindical Canaria han sostenido que Riu invertiría 50 millones de euros, aunque de la documentación que obra en Costas, en realidad la inversión no llega a 18 millones.

En este caso, la amenaza de la posible pérdida de puestos de trabajo vuelve a ser el “arma arrojadiza”, según destacan grupos ecologistas, para conseguir la autorización de unas obras que implicarían “modificaciones importantes” en un espacio natural sensible. Turcón, una de las asociaciones ecologistas más veteranas de Canarias, se ha personado en el expediente y exige que se deniegue la solicitud de autorización de estas obras por considerar que, de no hacerlo, se incumpliría la Ley de Costas.

El grupo Turcón considera que los trabajos que se pretenden realizar conllevan un aumento de volumen y el cambio de usos y aprovechamientos. El grupo ambiental majorero Agonane apoya la iniciativa de Turcón y considera que el cierre del complejo hotelero, “y su posterior demolición, son una oportunidad de recuperar las Dunas de Corralejo a favor de las generaciones futuras y de un turismo de calidad, y cambiar el modelo actual del todo incluido”.

En la playa

Los mayores de la zona recuerdan que donde hoy se ubica el hotel, de nueve plantas y construido a finales de los años 70, y los apartamentos Oliva Beach, a principios de los 90, existía una enorme duna y circulaban las arenas que nutren uno de los sistemas dunares más importantes de Europa.

José Luis López fue concejal de Medio Ambiente de La Oliva en 2003, tras ser derrocado Domingo González Arroyo. Ya en su primer día en el puesto se encontró sobre la mesa un expediente de reforma del Oliva Beach. “El poder de Carmen Riu fue absolutamente infranqueable”, asegura López, que vio cómo finalmente consiguieron los permisos de Costas y el visto bueno del Cabildo de Fuerteventura, sin mayores problemas.

En aquella ocasión, Greenpeace puso el grito en el cielo: recurrió el permiso y atracó su barco Arctic Sunrise para protestar contra los “mamotretos” plantados en medio de las dunas. El Gobierno otorgó una concesión a cambio de que Lobos, propiedad entonces de la misma empresa, pasara a ser de titularidad pública, aunque ya fuese Parque Natural y no estuviese amenazado.

Greenpeace criticó entonces el poder que ejerce Riu sobre las administraciones en contra del interés público y que se le “regalara” una concesión para seguir ocupando el dominio público, “una de las peores actuaciones vistas en política de costas”.