El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado, llega a más del 20 % de la población bajo el umbral de pobreza en el País Vasco (24,6 %), Ceuta (23,5 %) y Melilla (22,6 %), pero no llega al 10 % en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6 %), Canarias (8,3%, esto es, 28.227 familias) y Baleares (5,9%).

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un estudio sobre la cobertura del IMV difundido este lunes, en el que la entidad recuerda que esta ayuda engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia, que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada.

Según esta asociación, a nivel nacional las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera "renta garantizada" son sólo 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española.

Además, recalca que cuando se implantó el IMV la previsión inicial era llegar a 850.000 personas que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas) y, cuatro años después, "la realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa".

Como en la actualidad hay 8.260.000 personas en riesgo de pobreza, al estar por debajo del 60 % de la mediana de ingresos, el IMV "sólo llega al 12,2 %" de este colectivo, afirma en un comunicado la asociación que preside José Manuel Ramírez.

Los responsables de servicios sociales consideran que es necesario dar "un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de Atención Primaria", ya que "los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía, independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social".

Por ello lamentan que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social "no haya establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias".

El Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital.