El Instituto Armado asegura que estos hechos son constitutivos de una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana y contempla sanciones que van desde los 601 a 300.000 euros
Denunciado en Canarias por compartir vídeos haciéndose pasar por guardia civil
El Instituto Armado asegura que estos hechos son constitutivos de una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana y contempla sanciones que van desde los 601 a 300.000 euros
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, durante el mes de febrero ha denunciado administrativamente a una persona de 35 años de edad, por la comisión de una infracción administrativa al hacer uso público e indebido del uniforme de la Guardia Civil en una red social generando engaño acerca de la condición de quien los use según contempla la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de la publicación de dos videos, el primero durante el pasado año 2021 y el segundo en el mes de febrero en un perfil de acceso libre, portando la prenda superior del Polo Oficial del Cuerpo de la Guardia Civil que provocó que otros usuarios de la esta red social realizaran montajes a dúo con los mismos en los que parodiaba la actitud del falso agente, potenciando con ello el aumento exponencial del número de reproducciones.
Sin embargo, esta situación generó numerosos comentarios al respecto, mostrándose muchos de los usuarios indignados con la actitud mostrada por el supuesto agente de la Autoridad, llegando en ocasiones a cuestionarle su pertenencia al Cuerpo de la Guardia Civil sin negar el infractor este extremo en ningún momento ya que no existe ninguna vinculación del denunciado con la Institución.
Por ello se realizaron las gestiones oportunas para la plena identificación, encontrando en otras redes sociales del denunciado las mismas imágenes coincidentes con la publicación inicial, realizando por ello la correspondiente denuncia administrativa a la Ley Orgánica 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana por el uso público e indebido de uniformes así como elementos del equipamiento de los cuerpos policiales que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, contemplando multas que oscilan entre los 601 y 30.000 euros.
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