Ecologistas en Acción ha destacado que esta semana ha entrado en vigor un nuevo real decreto sobre los informes de compatibilidad con las estrategias marinas que, “por primera vez, pone freno a la minería submarina en aguas españolas”.

Era una demanda de Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas ante el creciente interés por los potenciales yacimientos situados en montes submarinos al sur de las Islas Canarias y frente a las costas de Galicia y del Cantábrico.

“El nuevo real decreto introduce por primera vez en la legislación nacional una referencia al llamamiento para una moratoria internacional acordado por el Parlamento Europeo en su resolución de junio pasado sobre la estrategia para la biodiversidad en 2030”, apuntan los ecologistas.

“Aunque la norma no establece una prohibición absoluta, sí está prevista en la reforma de la Ley de Minas de 1973 que ha iniciado su trámite parlamentario de forma paralela este mismo mes”, asegura Ecologistas en Acción.

Se trata de una reforma legal promovida por Ecologistas en Acción y para la que los grupos ecologistas han reclamado el apoyo a todas las fuerzas políticas democráticas.

Ecologistas en Acción y la red internacional Deep Sea Conservation Coalition, de la que la organización ecologista forma parte, celebran este primer paso, pero advierten “una falta de coherencia en la política española”.

“Mientras en septiembre de 2021 España votó en Marsella a favor de una moción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en las recientes reuniones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos la delegación encabezada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no defendió esta posición”, explican los ecologistas.

A su juicio, “el bajo perfil mantenido por el Gobierno en este asunto ha sido criticado tanto por colectivos ecologistas como por el sector pesquero y la comunidad científica”. “Una falta de coherencia que contrasta con las resoluciones unánimes de los parlamentos autonómicos de Galicia y de Canarias instando al Estado español a prohibir la minería submarina”, subrayan.

Por ello, Ecologistas en Acción demanda al Ejecutivo central que asuma “un papel de liderazgo a favor de una moratoria en las próximas sesiones de la Convención para la Diversidad Biológica y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismos responsables por la gobernanza y protección de los fondos marinos en aguas internacionales”.

De lo contrario, señalan, las primeras autorizaciones para explotar minerales en las profundidades oceánicas podrían concederse el próximo año, “con devastadoras consecuencias para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la pesca”.