La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha asegurado que el texto normativo de regulación de la vivienda vacacional se prevé esté listo en junio tras incorporar "aportaciones de mejora" como la rebaja de la superficie mínima exigida a los 25 metros cuadrados y los requisitos de equipamiento complementario.

En el foro organizado por la Cadena Ser sobre 'El reto de regular el uso turístico de la vivienda', la consejera regional ha señalado que en el reglamento se han añadido cambios y que, por tanto, "será producto de ese proceso de alegaciones y sugerencias" al texto, el cual espera que esté listo a final de mes para poder "iniciar todos los trámites internos y declarar el anteproyecto de urgencia".

Una de las "principales novedades" que se han incorporado tiene que ver con la superficie útil mínima, que "se rebaja de 39 a 25 metros cuadrados, un criterio equiparable al que han de tener los establecimientos extra hoteleros, casas rurales y casas emblemáticas", y que coincide con los metros mínimos de los que debe disponer una vivienda para la concesión de la correspondiente cédula de habitabilidad.

La nueva norma, ha dicho, contempla "determinados estándares de calidad que se establecerán para estos alojamientos", ya que las viviendas de 25 metros cuadrados que quieran seguir en el mercado deberán "cumplir con al menos uno de los diez requisitos de equipamiento complementario".

Se tendrá en cuenta, ha seguido de León, "si el inmueble dispone de aparcamiento de uso vinculado a la vivienda vacacional en la misma parcela, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad, cargador de vehículo eléctrico o bien su propietario certifica la generación de empleo", entre otras cuestiones.

Según ha indicado, estas son algunas de las incorporaciones fruto del proceso participativo al que se ha sometido la regulación, que ha recibido 3.003 sugerencias.

Esta norma "se va a flexibilizar en cuanto a sus requisitos, siempre manteniendo la premisa de la sostenibilidad como eje fundamental", entendiéndola desde el punto de vista económico, ambiental y social.

La consejera ha insistido en que la vivienda vacacional tiene que tener "un orden, un equilibrio y una respuesta en el planeamiento en todos y cada uno de los municipios de Canarias".

Y ha adelantado que el anteproyecto, aunque no marca un número límite de viviendas en alquiler vacacional, "sí que detalla que el 90 por ciento de las mismas tienen que dedicarse al uso residencial y habitacional, como demanda el artículo 40 de la Constitución y el 10 por ciento podrá ser habilitado para el uso turístico de vivienda".

Ahora mismo, en Canarias hay 59.000 viviendas en alquiler vacacional, ha detallado, y ha negado el supuesto "efecto llamada" que organizaciones y partidos han denunciado desde que comenzara este periodo de consulta.

La consejera regional ha admitido que ese crecimiento lineal que ha experimentado la vivienda vacacional obliga a la administración regional "a repensar ese decreto del año 2015, que es claramente insuficiente para la regulación".

Y ha defendido que esta norma que prepara el Gobierno "ha sido lo suficientemente participada como para ahora abordar ese proceso de reflexión interna, de cambios dentro del anteproyecto, para que después llegue al Parlamento".