El Ayuntamiento de Pájara, presidido por Pedro Armas (AMF), ordenó este viernes el pago de más de 1,8 millones de euros por la conocida finca de Ajuy pese a que la compra cuenta con el informe técnico desfavorable de la responsable del patrimonio municipal y con un informe también negativo del secretario del Consistorio.

La institución municipal pidió este viernes a la entidad Caixabank que expida los cheques “para realizar el pago por la adquisición directa” de la finca de Ajuy. El importe total desembolsado asciende a 1.862.691 euros.

De ese importe, la empresa Paraje Natural de Ajuy SL, administrada por José Antonio Jorge Fierro, se queda con más de 1,2 millones de euros, al ostentar el 99 por ciento de la propiedad de los terrenos. El dueño del uno por ciento restante, Guadalberto Ancor Gil Molina, recibe 12.293 euros.

Dentro de la operación de compra el Ayuntamiento de Pájara ha ordenado que 633.999 euros vayan al Banco Santander. La finca está gravada con hipotecas y, de hecho, existe un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la empresa Paraje Natural de Ajuy ante un juzgado de Gran Canaria.

Las fuentes consultadas apuntaron que la firma ante notario de la compra de las parcelas, más de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico protegido, se habría materializado este viernes. En la misma jornada se ordenó el pago.

Informes negativos

El expediente de compra de la finca, que está dividida en 14 parcelas, ha estado envuelto en la polémica. La técnico de gestión patrimonial del Ayuntamiento de Pájara emitió un informe desfavorable a la adquisición, al considerar que “carece de los requisitos esenciales establecidos legalmente” y que no había “motivación suficiente”.

El alcalde ha vinculado la compra de la finca de Ajuy al desarrollo de un “parque natural del espacio temático patrimonial”, pero la técnico del Ayuntamiento destacó que antes debería existir un proyecto, “redactado y aprobado por el órgano competente para ello”, algo que, insistió en su informe, no sucede en este caso.

La técnico también destacó que la tasación de la finca “no incluye el estudio de mercado previsto” y señaló que se desconoce “si la valoración realizada se corresponde con el precio del mercado”. Por tanto, concluyó que no procedía la aprobación del expediente de compra de los terrenos.

El informe jurídico del secretario del Ayuntamiento, fechado este pasado miércoles, tampoco alberga dudas: proponía desistir de la compra porque no se podía justificar “sin la tramitación del preceptivo instrumento de ordenación urbanística” o “en un proyecto de alguna naturaleza” que pudiera fundamentar “su expropiación”.

“Existen muy serias dudas”, añade el secretario del Ayuntamiento, “que el precio en el que se ha tasado la finca y que está formado en el expediente administrativo corresponda con su valor de mercado”. El funcionario concluye que todas las deficiencias detectadas “impiden” la compra de los terrenos.

Decisión de alcaldía

En un decreto del alcalde, dictado este jueves, un día después del informe del secretario, Pedro Armas sostiene, sin embargo, “que se han cumplido todos los requisitos procedimentales exigidos por la ley” y, al contrario de lo manifestado por los funcionarios del Ayuntamiento, entiende que para efectuar una “adquisición directa” no es “necesario” un proyecto “que justifique la actividad a realizar” por parte de la institución municipal.

El concejal de Urbanismo y portavoz de Coalición Canaria (CC), que gobierna con AMF y PP, Alexis Alonso, indicó a Diario de Fuerteventura que la compra de la finca de Ajuy la lleva “el alcalde directamente”. La portavoz del PP, Dunia Álvaro, concejal de Hacienda, es una de las tres personas que firma la orden de pago de este viernes dirigida a Caixabank. La decisión final de la compra no consta que haya pasado por Junta de Gobierno, según las fuentes consultadas, si bien el alcalde tiene competencias para llevar a cabo compras hasta cierto importe.

Críticas a la “falta de transparencia”

Desde la oposición en el Ayuntamiento de Pájara se han producido críticas a la “falta de transparencia, opacidad y oscurantismo” que en su opinión se ha seguido en la compra de la finca de Ajuy. En el expediente, se les dijo, existía una “cláusula de confidencialidad” y se impidió que pudieran acceder a una copia del mismo para su estudio.

También se critica desde la oposición “una urgencia que nadie entiende” por comprar y pagar la finca de Ajuy con el argumento de que pudiera “pasar a otras manos por las posibles ejecuciones hipotecarias que tiene la finca”.

Fuentes empresariales consultadas por este periódico apuntan al escaso interés privado en adquirir unos terrenos con usos muy limitados, que se encuentran dentro del Monumento Natural de Ajuy y del Parque Rural de Betancuria.