El Parlamento de Canarias ha aumentado en más de un 40 por ciento su actividad legislativa en la décima legislatura que ahora concluye, no por iniciativa propia, sino del Gobierno de Canarias, que ha convertido el decreto ley en su modelo legislativo predominante, amparado en las urgencias de la pandemia o del volcán de La Palma.

El decreto ley, por el cual el Gobierno aprueba directamente una ley que entra en vigor provisionalmente hasta que el Parlamento la convalide o la revoque en el plazo de 30 días, es una figura legislativa relativamente nueva en la comunidad de Canarias, incluida en la reforma del Estatuto de Autonomía de noviembre de 2018.

El Estatuto autoriza al Gobierno a emplear el decreto ley "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y ese parece haber sido el apremiante contexto en esta legislatura a juzgar por su utilización profusa por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con el recuento realizado por el Parlamento de Canarias, en los cuatro años de legislatura el Gobierno ha remitido a la cámara 60 decretos ley, más del doble que los 26 proyectos de ley, que es la figura prevista para cuando no se legisla en situación extraordinaria y urgente.

En el caso de un proyecto de ley, la entrada en vigor de la norma ha de esperar a la tramitación parlamentaria, un proceso que suele llevar varios meses, y también se requieren requisitos en forma de informes preceptivos por parte de otras instituciones como el Consejo Consultivo.

La fórmula del decreto ley ya se había inaugurado en los meses finales de la novena legislatura, con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía en noviembre de 2018, y el anterior Ejecutivo hizo uso de él en cinco ocasiones, frente a los 27 proyectos de ley que envió al Parlamento entre 2015 y 2019.

Además del Gobierno de Canarias, la iniciativa legislativa también puede corresponder al propio Parlamento, mediante proposiciones de ley, y en esta décima legislatura los grupos parlamentarios han promovido 14 en total, el peor registro del siglo, frente a 37 de la novena legislatura, 23 de la octava, 19 de la séptima, 22 de la sexta o 28 de la quinta.

Pandemia y erupción

A los decretos ley y proyectos de ley, del Gobierno, y a las proposiciones de ley, del Parlamento, se han sumado dos iniciativas legislativas populares en esta legislatura, hasta un total de 102 propuestas legales, el 59 por ciento de ellas procedentes de la extraordinaria y urgente necesidad.

De esos 60 decretos ley del Gobierno, al menos 29 estuvieron motivados por la necesidad de actuar ante la pandemia de covid-19, otros 12 por la erupción volcánica en La Palma y dos por la situación creada por la guerra en Ucrania.

La pandemia de covid, en particular el confinamiento general, también se tradujo en novedades en la actividad del Parlamento de Canarias en esta décima legislatura, que tuvo que trabajar contrarreloj a partir del 15 de marzo de 2020 para poder mantenerse operativo y, entre otras necesidades perentorias, tramitar en tiempo y forma los decretos ley del Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria.

El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, lideró novedosas actuaciones reglamentarias y tecnológicas para mantener la actividad durante el confinamiento, de modo que los diputados pudiesen asistir, intervenir y votar de forma telemática y que el Parlamento no cerrase en ese periodo.

Gustavo Matos también ha estado pendiente en esta legislatura de la celebración del 40 aniversario del autogobierno y del Parlamento, que se cumplió en 2022, con un extenso programa de jornadas, exposiciones o conciertos que se ha extendido a lo largo del cuatrienio.

Además de los decretos ley, la décima legislatura ha traído otra novedad sustancial al Parlamento, el aumento de 60 a 70 diputados, con la suma de la nueva circunscripción regional de nueve escaños, además del que se añadió a la circunscripción de Fuerteventura por su aumento de población.

Otra de las funciones esenciales de los diputados y diputadas es controlar la acción del Gobierno, que se sustancia en actuaciones como las preguntas, las solicitudes de comparecencia, las interpelaciones o las comisiones de investigación.

En comisiones de investigación, la legislatura se ha quedado en blanco: tan solo hubo una propuesta, formulada por la oposición de CC y PP, relacionada con la desaparición de cuatro millones de euros en la Consejería de Sanidad que estaban destinados para unas mascarillas que no llegaron, pero los cuatro grupos del Gobierno rechazaron la iniciativa de manera que no se constituyó.

Menos comparecencias, más preguntas

En el resto de iniciativas de control (comparecencias, interpelaciones y preguntas al Gobierno), en la décima legislatura suman aproximadamente un 10 por ciento más que en la novena, 15.937 en estos últimos cuatro años frente a las 14.426 en el cuatrienio de 2015 a 2019.

En los últimos cuatro años, ha habido menos comparecencias del Gobierno en el Parlamento, 1.941 (de ellas 1.217 en el pleno y 724 en las comisiones), mientras que en la anterior legislatura sumaron 2.191.

También han sido menos las interpelaciones, 16 en la décima legislatura frente a 51 en la anterior.

Por el contrario, ha habido más preguntas orales en la décima legislatura, 8.034 (de ellas 4.884 en comisión y 3.150 en pleno), mientras que en la novena fueron 6.384 (3.537 en comisión y 2.847 en pleno).

Los números han sido parecidos en cuanto a preguntas con respuesta por escrito (5.946 en la décima legislatura y 5.800 en la novena), y además se han mantenido parejas las preguntas de iniciativa popular (35 frente a 34).

La actividad parlamentaria en esta décima legislatura se ha reflejado también en las proposiciones no de ley, que son iniciativas sin efectos legislativos que buscan impulsar la acción del Gobierno.

Se han promovido 685 proposiciones no de ley según el último recuento del Parlamento para la décima legislatura (de ellas 102 en las comisiones y 583 en el pleno), menos que en la novena legislatura, en la que sumaron 702.

En declaraciones institucionales, las dos legislaturas han ido parejas: 29 en la décima y 24 en la novena.

Esta figura parlamentaria de las declaraciones institucionales antes no era tan común: en la cuarta legislatura (1995-1999) hubo una, en la quinta (1999-2002) hubo 16 y en la sexta (2003-2007) fueron seis, pero a partir de la séptima (2007-2011), en la que se registraron 30, ya han pasado a ser un recurso habitual en el que el Parlamento de Canarias expresa su parecer unánime sobre asuntos variados.