El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha denunciado la existencia de retrasos y prácticas por parte de la Administración del Estado al documentar a los menores inmigrantes que están bajo tutela del Gobierno de Canarias que llegan a "vaciar de contenido" la reforma que se acometió en el reglamento de extranjería, precisamente, para favorecer su inserción social.

En el informe que ha presentado este lunes a las Cortes Generales, Gabilondo advierte de que en Canarias es "especialmente preocupante" el retraso que acumula la Fiscalía en los trámites para determinar la edad de estos chicos, lo que afecta a "cientos de menores".

Por ello, reclame que se dote "con carácter de urgencia de los medios humanos necesarios a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, al objeto de agilizar la resolución de la gran cantidad de expedientes de determinación de la edad que se encuentran en curso".

Para ilustrar la situación, Gabilondo subraya este dato: a finales de 2022 estaban registrados 2.266 niños y adolescentes como menores extranjeros tutelados por el Gobierno de Canarias (en situación de desamparo, al no estar con sus padres o familiares), pero las autorizaciones de residencia expedidas en favor de este colectivo en las islas no llegan a las 800.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Gobierno reformó el reglamento de extranjería para evitar, en lo posible, que estos chicos llegaran a la mayoría de edad sin documentos legales, para agilizar sus permisos de residencia y para favorecer la inserción ordenada de aquellos que cumplen 18 años.

Sin embargo, alerta de que recibe numerosas quejas de que, en Canarias, la Policía o la Delegación del Gobierno deniegan células de inscripción que solicita la Dirección General de Protección de la Infancia para menores llegados en patera que no tienen documentos.

La cédula de inscripción es un documento que, en determinadas circunstancias, España expide para identificar a un extranjero que se encuentra en su territorio sin documentos oficiales emitidos por otro país y que no puede obtenerlos.

Para un menor, lograr la cédula de inscripción es determinante para encauzar su futuro y no caer de nuevo en la irregularidad en cuanto cumpla los 18 año y pierda el amparo de la comunidad autónoma que lo tutela en ausencia de sus padres.

Ángel Gabilondo denuncia que en Canarias ese documento identificativo se están denegando de forma "irregular" a menores bajo la tutela de la comunidad autónoma, lo cual "supone vaciar de contenido los preceptos de la reforma reglamentaria que regulan la tramitación de la autorización de residencia y de la cédula de inscripción de los menores extranjeros no acompañados y de los jóvenes extutelados".

"Esta reforma se abordó precisamente para facilitar el acceso a la documentación identificativa de los menores y de los jóvenes, para evitar su acceso a la mayoría de edad indocumentados y en situación de irregularidad administrativa", remarca.

Este año, el informe del Defensor del Pueblo sobre el trato a quienes llegan en patera a Canarias no solo contiene críticas, sino también un elogio a la "mejoría significativa en la condiciones de detención de las personas migrantes (...), particularmente visibles en las instalaciones de la isla de Gran Canaria", después de varios años seguidos en los que la institución censuraba las condiciones de los centros, por la falta de salubridad o dignidad en la acogida.

"Se aprecia el esfuerzo realizado para conjugar los estándares de seguridad necesarios con las especiales condiciones en las que llegan estas personas, tras duras travesías marítimas. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco en Gran Canaria constituye, a juicio del Defensor del Pueblo, el modelo de estas instalaciones, así como de régimen de funcionamiento, que podría ser replicado en los otros centros policiales de estas características", señala Gabilondo.

Al respecto, alaba como una "buena práctica" el hecho de que "se permita a las personas detenidas hacer uso de sus teléfonos móviles, así como transitar por los espacios al aire libre con los que cuentan las instalaciones".

"En Fuerteventura y Lanzarote se apreciaron también mejoras sustanciales respecto de las condiciones que se encontraron en las anteriores visitas. Sin embargo, en ambos casos el Defensor del Pueblo considera que las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para poder denominarse CATE y que se debe seguir trabajando para mejorar las instalaciones e introducir cambios sustanciales en el régimen de funcionamiento", añade.