El director general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha defendido este jueves en su declaración ante el juez que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado "caso Mascarillas" que "siempre" actuó "bajo la legislación vigente en cada momento".

Durante más de dos horas, Domínguez ha dado explicaciones en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el contrato por el que la Fiscalía le acusa de prevaricación y tráfico de influencias: la compra de un millón de mascarillas FFP3 en las primeras semanas de la pandemia de Covid a una empresa sin experiencia alguna en la importación de material sanitario, RR7 United; mascarillas que nunca fueron entregadas a la sanidad pública, pero por las que se pagaron cuatro millones de euros.

A la salida del juzgado, el director del SCS ha indicado a los periodistas que ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado y ha insistido en que el interés de su departamento y del Gobierno de Canarias sigue siendo recuperar los cuatro millones que se abonaron por adelantado a RR7 United.

El responsable de esa sociedad, dedicada al comercio de vehículos, Rayco Rubén González, se enfrenta a cargos por estafa agravada. También él ha comparecido este jueves ante el juez encargado del caso, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.