El empresario que recurrió al intermediario que da nombre al caso Mediador para que sus contactos políticos le ayudaran a que el Ayuntamiento de Madrid le concediera una licencia de terraza para su local ha asegurado este miércoles a la juez al cargo del caso que se siente "estafado".

Bajo la condición de imputado, Sergio Fuentes Grouth ha declarado por videoconferencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife que el "mediador", Marco Antonio Navarro Tacoronte, le convenció para que desembolsara 25.800 euros para que él moviera sus supuestas influencias a favor de su petición.

A cambio, asegura que Navarro Tacoronte le garantizó que lograría la ampliación de su terraza en el negocio que tiene en el centro de Madrid, algo para lo que le dijo que contaba con el apoyo del entonces diputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y de un bufete de abogados "multidisciplinar".

Cuando la juez María de Los Ángeles Lorenzo le preguntó cómo era posible que hubiese llegado a tal grado de "confianza ciega", Fuentes Grouth dijo que el "Mediador" tenía una enorme capacidad de convicción, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Este miércoles también ha declarado en calidad de imputado Rubén Fuentes, quien ha relatado que era vecino de Navarro Tacoronte en la localidad de Candelaria (Tenerife). Y ha denunciado que, en un momento dado, Navarro Tacoronte consiguió clonar su tarjeta de crédito y, de esta manera, recibió en su cuenta un ingreso de dinero (3.100 euros, según la investigación, aunque el procesado no ha querido concretar la cantidad), que luego fueron retirado por el "mediador".

Durante su comparecencia, Fuentes ha mostrado a la magistrada la denuncia que interpuso cuando se dio cuenta de la estafa de la que considera que había sido objeto.

Según las informaciones que han trascendido del sumario, dos empresarios dedicados al sector ganadero, también investigados, transfirieron un total de 8.250 euros a la cuenta de Rubén Fuentes, de otro de los imputados y un desconocido más, fondos que luego que acabaron en manos de Navarro Tacoronte.

Este último les aseguró que contaba con el apoyo del entonces director general de Ganadería del Gobierno canario, el procesado Taishet Fuentes, para dar vía libre a la expansión de su negocio ganadero y la posibilidad de conseguir subvenciones para comprar maquinaria.

La promesa pasaba también por suministrar leche a los hospitales canarios y llegaron a hacer una donación que se publicó en los medios de comunicación en una reseña en la que aparecía una foto con el entonces director general.

Pero en todos los casos las expectativas no se vieron cumplidas, por todos ellos lo que se unen a la lista de personas que se consideran estafadas en esta trama de presunta corrupción.

Este miércoles también estaban citados ante la juez como imputados Cristian Lillo y Gemma Venegas, por haberse localizado una transferencia de 7.500 euros por parte de un empresario al que se le prometió ayuda para implantar en las islas el negocio de drones con fines sanitarios, pero finalmente ambos se han acogido a su derecho a no declarar.