La Fiscalía quiere que el juez que investigue la presunta denegación de socorro a los 60 inmigrantes que se hundieron al sur de Gran Canaria tras diez horas esperando ayuda tome declaración, en primer lugar, al piloto de Salvamento Marítimo que durante esa operación defendió que su zódiac estaba en una zona donde España era la responsable de rescatarlos.

Esa neumática fue localizada poco antes de las 20.00 horas del 20 de junio por el avión de Salvamento Sasemar 101, a unos 162 kilómetros de Canarias, gracias a una alerta y una posición facilitadas por el colectivo Caminando Fronteras, pero los responsables del operativo decidieron transferir la coordinación de la emergencia a Rabat porque la lancha se encontraba más cerca de la costa del Sahara y Marruecos se había comprometido a enviar a una patrullera en su ayuda.

Sin embargo, ésta no llegó hasta diez horas más tarde, pasadas las 6.00 de la mañana del 21 de junio, cuando la lancha ya se había hundido y 36 de sus ocupantes se habían ahogado en el océano. Y todo ello, con el añadido de que un barco español de rescate había estado a solo una hora de su posición cuando fueron localizados: la Guardamar Calíope, que estaba asistiendo a otra patera.

En su denuncia, un documento de tres páginas al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía defiende que existen indicios de un delito de omisión del deber de socorro en la gestión que Salvamento Marítimo hizo de esa emergencia y pide que se cite a dos de sus empleados: el piloto del Sasemar 101 y a "la persona que dirigía las operaciones" desde el Centro de Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria.

Solicita que esos dos empleados públicos declaren como investigados, no como testigos, pero eso no significa que en este inicio de la investigación les responsabilice de nada de lo ocurrido, ha precisado a EFE la fiscal portavoz de Las Palmas.

El relato de hechos presuntos solo menciona que hubo entre esos dos trabajadores de Salvamento "un intercambio de pareceres sobre si la embarcación se encontraba en zona SAR (siglas inglesas de búsqueda y rescate) de responsabilidad de España", tras el cual se dio la orden al avión Sasemar 101 de que regresase a su base de Gran Canaria y el control de la operación se transfirió a Marruecos.

Como en los detalles de esa de decisión residen algunas de las circunstancias que le llevan a pensar que se cometió un delito de denegación de auxilio, la Fiscalía solicita que comparezcan por primera vez ante el juez con las garantías de un investigado: asistidos por un letrado y con el derecho a no declarar o manifestar lo que crean oportuno, explica la portavoz del Ministerio Público.

La declaración del piloto resulta especialmente relevante porque, cuando desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas le dieron las coordenadas de posible ubicación de la neumática para que las comprobase "sin entrar en la zona SAR marroquí", respondió sin dudarlo que estaba "dentro de la zona SAR nuestra", española.

Esa conversación, revelada al día siguiente del naufragio por la cadena SER, va a formar parte de la investigación, porque la Fiscalía pide al juez que "intervenga todas las conversaciones" que el Centro de Salvamento de Las Palmas mantuvo los días 20 y 21 con el avión Sasemar 101, la Guardamar Calíope, la patrullera marroquí, el buque Navíos Azure (un mercante en ruta al que se pidió que se quedase cerca de la neumática) y el helicóptero 201 (al que se envío desde Gran Canaria cuando Rabat comunicó a España el hundimiento).

Las fuentes consultadas por EFE han precisado que el asunto se ha llevado a los juzgados solo cinco días después de que el colectivo Caminando Fronteras instara a la Fiscalía a intervenir, precisamente "para obtener cuanto antes todas esas grabaciones".

En su denuncia, el Ministerio Fiscal explica por qué considera que tiene competencias para investigar esa tragedia en unas aguas donde las fronteras marítimas españolas no están definidas.

En primer lugar, recuerda, los aviones de Estado español -como el Sasemar 101- son territorio español; segundo, España es competente para juzgar lo que ocurre en sus barcos y aeronaves; tercero, parte de la secuencia de hechos tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria; y cuarto, el resto de sucesos ocurrieron en una zona donde España ha asumido la responsabilidad internacional de búsqueda y rescate.

La denuncia de la Fiscalía de Las Palmas está en manos del Decanato de los juzgados de la capital grancanaria, que tiene ahora que decidir a qué juez de la ciudad le corresponde hacerse cargo de tramitarla de acuerdo con las normas de reparto de asuntos.