El fiscal superior de Justicia de Canarias, Luis del Río, ha mostrado su satisfacción por la confirmación de la sentencia del "caso Alba" por parte del Tribunal Supremo, que ha ratificado "la práctica totalidad de las tesis" del ministerio público ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ante el propio Supremo.

Del Río ha mencionado esta sentencia como un "procedimiento relevante" para el ministerio público durante la presentación en la Comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias de la memoria de la fiscalía de 2020, año marcado por la pandemia de covid-19 y que se tradujo en una disminución general de los procedimientos judiciales.

El caso Alba, por el que el juez Salvador Alba fue condenado a seis años y medio de prisión por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, es un caso "trascendente y relevante", y de ahí la satisfacción de la fiscalía canaria por la confirmación de la sentencia por el Supremo y con ello de las tesis del Ministerio Público.

"Es un caso cuya trascendencia y relevancia se puede fácilmente inferir con la simple lectura de los hechos probados", subrayó el fiscal.

En su presentación de la memoria de la fiscalía de 2020, Del Río detalló cómo los procedimientos judiciales disminuyeron como consecuencia del confinamiento, y de esa manera se incoaron un 14 por ciento menos de diligencias previas.

También hubo mil procedimientos abreviados menos, dos mil dilgencias urgentes menos, bajaron los procedimientos con jurado, los delitos leves, los escritos de acusación de la fiscalía, los señalamientos, las sentencias, las diligencias de investigación, las diligencias preliminares con menores y los delitos contra la libertad sexual.

Sin embargo, en este caso de los delitos contra la libertad sexual la disminución en el conjunto de Canarias vino marcada por la bajada en Santa Cruz de Tenerife, no así en Las Palmas, en donde fueron ligeramente superiores.

En los delitos de violencia de género, en 2020 bajaron las muertes a 3, frete a las 8 de 2019, pero la evolución de los últimos años sigue sin ser tolerable, precisó Luis del Río.

También bajaron las diligencias previas por delitos patrimoniales, un 10 por ciento los delitos contra la salud pública y un 34 por ciento los de violencia doméstica.

En cuanto a la llegada de inmigrantes en 2020, Luis del Río calificó la situación como dramática, en especial en el caso de los menores, y denunció la masificación y la insuficiencia de recursos alojativos ante un problema que supera el ámbito autonómico e incluso el nacional, apuntó.

En 2020 también bajó la siniestralidad laboral con carácter general, pero aun así los accidentes mortales fueron quince, los mismos que en 2019.

A preguntas del los diputados de la comisión, el fiscal superior dijo que la fiscalía necesita más medios "desde todos los puntos de vista".

En lo que es competencia autonómica, son precisos más funcionarios en el servicio de la administración de justicia, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de Tirajana.

En el caso de las instalaciones judiciales, es urgente renovar los inmuebles en Puerto del Rosario y en la capital tinerfeña, dijo Luis del Río.