El pulso de RIU con el Estado se le ha torcido a la multinacional hotelera. El traspaso de las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral, del Gobierno central a la comunidad autónoma, no hace referencia a los denominados “derechos transitorios”, que serían los que tendrían los hoteles Tres Islas y Oliva Beach, por haberse declarado los terrenos sobre los que se asientan de dominio público marítimo terrestre después de haberse construido.

Cuando se deslindó el dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo, la empresa promotora de los hoteles, luego adquiridos por RIU, litigó para que los establecimientos fueran excluidos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo dictó sentencia en su contra y el Tres Islas y el Oliva Beach quedaron dentro del dominio público. Lo que hizo entonces la empresa fue solicitar concesiones administrativas al Estado, amparándose en un derecho de ocupación al haber sido previamente suelo privado.

Este tipo de concesiones “están sometidas a las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de Costas, que no han sido objeto de traspaso” a la comunidad autónoma canaria, aclaran fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Las que sí se traspasaron fueron las reguladas en otra parte de la Ley de Costas -en el artículo 64-, que se refiere a nuevas ocupaciones del dominio público con obras o instalaciones no desmontables.

Sobre el Hotel Tres Islas pesa un expediente de caducidad de su concesión, iniciado en agosto de 2021 porque RIU no cumplió con la orden de demolición de unas obras de ampliación del edificio, que ya habían sido sancionadas por Costas. Esta concesión, firmada en 2007 por 30 años, abarca una parcela de 30.438 metros cuadrados.

En cuanto al Oliva Beach, este pasado mes de julio se acordó iniciar la caducidad de la concesión de 59.768 metros cuadrados por haberse ejecutado “obras ilegales”. La concesión se otorgó en 2003, se modificó en 2007 y se prorrogó en 2016 hasta 2089.

Las obras e instalaciones acometidas por RIU en el Oliva Beach, incumpliendo la concesión, que solo permitía mantenimiento, son “infracciones graves” y obligan a caducar la concesión, apunta Noelia Sánchez, secretaria de Ben Magec-Ecologistas en Acción. “No hay marcha atrás”, apostilla.

El plazo para culminar estos expedientes abiertos es de 18 meses desde su incoación. Los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción confirman que los expedientes siguen su curso en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que dirige el socialista Hugo Morán.

El plazo para culminar los expedientes abiertos para caducar la concesión de los hoteles es de 18 meses desde su incoación

La experta en costas y océanos, Pilar Marcos, de Greenpeace, considera “una buena noticia” el que no se haya transferido la competencia para resolver los expedientes de los hoteles de las Dunas. “La costa debe ser pública”, destaca. Desde 2004, Greenpeace ha denunciado las “ilegalidades” cometidas y siempre ha percibido las concesiones como un trato de favor.

El secretario de WWF-España, Juan Carlos del Olmo, también aplaude “la decisión de que se haya quedado el Estado con esta competencia” y asegura que “seguirá vigilando que el Ministerio de Transición Ecológica cumpla estrictamente la Ley de Costas”.

Además, pide al Gobierno de Canarias que, “en lugar de seguir insistiendo en defender los intereses hoteleros de una empresa privada, cumpla con su deber de proteger y restaurar un bien público como son las Dunas de Corralejo”.

Por su parte, SEO BirdLife también se felicita por la decisión. Su responsable en Canarias, Yarci Acosta, afirma que “la conservación de un espacio tan frágil como es este sistema dunar debe ser prioritario y no quedar supeditado a intereses particulares”.

“Se deben primar los intereses de la biodiversidad por el bien de las generaciones futuras. Canarias necesita un cambio económico que no esté basado en el turismo insostenible, como ocurre en este caso”, afirma.