El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, 10 de febrero, en Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, paso previo para su remisión y aprobación en sede parlamentaria.

La Ley de Renta de Ciudadanía tiene por objeto regular el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica de percepción periódica. Por tanto, reconoce el derecho a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades.

Además, regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con la finalidad de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De hecho, no solo equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, sino que mejora las cuantías que recibirán las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más elevada que la actual PCI.

El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías, lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita, además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión y, en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

De esta forma, constituye una prestación reglada de naturaleza económica, otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible.

El anteproyecto contempla la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además, el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.