El Gobierno de Canarias ha recalcado este jueves a través de su portavoz, Julio Pérez, que la querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas en relación con un centro de menores habilitado en unos apartamentos en Puerto Rico (Gran Canaria) no concierne a la administración autonómica.

La querella se dirige en concreto contra seis responsables y trabajadores de dicho centro de acogida para menores llegados en patera por abandono de familia, omisión del deber de perseguir delitos y lesiones leves.

Julio Pérez ha indicado en rueda de prensa que en la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno la responsable de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha recalcado que la acción penal no se dirige contra personas de la consejería ni "ningún empleado público" es objeto de la misma.

Ello a pesar de que en el trámite de diligencias la fiscal llamó a declarar en calidad de investigados a varios empleados públicos.

También ha precisado Santana, según ha contado el portavoz del ejecutivo canario, que en su momento la Consejería, a raíz de unas denuncias, inició "un procedimiento interno de investigación" que trasladó a la Fiscalía.

Por ello, ha deducido Pérez, "aparentemente" el departamento de Derechos Sociales, sin ánimo de "devaluar los hechos", actuó de una forma que "no merece reproche de la Fiscalía", pues "se movió" para recabar información y trasladar lo que sabía al ministerio público.

La querella de la Fiscalía ha sido presentada en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, a raíz de la denuncia que cursó el 15 de junio de 2021 la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, después de recibir un correo electrónico anónimo de trabajadores del centro de menores por supuestos casos "de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras".

El decreto de la Fiscalía por el que se formula la querella se señala que en el centro se producían "continuas fugas, autolesiones de los menores, problemas de convivencia con los vecinos de la zona, menores que se sentían totalmente desprotegidos y temerosos y una sospecha de agresión sexual a un menor que no se puso en conocimiento de las autoridades" y que ya ha sido puesta en manos de los juzgados por el Ministerio Público en otro procedimiento.